Grupos de la sociedad civil urgen a estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a rechazar la próxima solicitud de Estados Unidos de exonerar por segundo año consecutivo a sus soldados y funcionarios de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
El gobierno de George W. Bush intenta una vez más subordinar una institución multilateral al poder de Estados Unidos, dijo a IPS William Pace, presidente de la Coalición para la Corte Penal Internacional.
Por eso, es urgente que los gobiernos realicen una reunión abierta y expresen su objeción por principio al mal uso de la Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y del Consejo de Seguridad, así como a la violación del Estatuto de Roma, exhortó.
El Estatuto de Roma, firmado en 1998, dio origen a la CPI con la finalidad de investigar y juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El tratado, promovido por la ONU, recibió la firma de 139 países, pero sólo fue ratificado por 90. La Corte está instalada en la ciudad holandesa de La Haya, aunque pasarán años antes de que pueda emitir algún fallo.
Fuera del alcance del tribunal quedaron muchas de las naciones involucradas en conflictos cuyos responsables serían candidatos naturales a sentarse en el banquillo, entre ellas Estados Unidos.
La CPI sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar crímenes de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, bajo el gobierno de Bill Clinton, pero su adhesión no duró mucho tiempo.
Washington envió en mayo del año pasado una carta a los funcionarios la ONU a cargo de organizar el tribunal, en la que informaba que Estados Unidos no pretende convertirse en parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de julio de 1998.
Asimismo, el gobierno estadounidense solicitó al Consejo de Seguridad (en el que ocupa un puesto permanente, con poder de veto) que aprobara una exoneración indefinida de la jurisdicción de la CPI para los ciudadanos estadounidenses, y amenazó con vetar la renovación de operaciones de paz de la ONU en Bosnia- Herzegovina si no obtenía dicha aprobación.
Otros miembros del Consejo se negaron al pedido, pero luego de dos semanas de intensas negociaciones, ambas partes acordaron una resolución que exoneraba por un año a todos los ciudadanos de países que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma.
Washington arguye que participar en la Corte dejaría a los militares estadounidenses en el extranjero expuestos a acusaciones por motivaciones políticas, lo cual socavaría la guerra internacional declarada por el gobierno de Bush al terrorismo.
Pero grupos de defensa de derechos humanos y gobiernos europeos, incluida Gran Bretaña, afirman que ese temor es exagerado.
Estados Unidos sabe que prácticamente no existe justificación para las exoneraciones del Consejo de Seguridad y que la posibilidad de que un soldado estadounidense miembro de una fuerza de paz sea juzgado por la Corte es casi nula, señaló Pace.
Ahora Washington, con 150.000 soldados desplegados en Iraq, 9.000 en Afganistán y otras decenas de miles en otros países, espera ampliar la exoneración del Consejo otro año más.
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Negroponte, dijo la semana pasada a la prensa que su gobierno quisiera una extensión técnica de la resolución, sin cambios sustanciales.
Pero se prevé una dura presión sobre el Consejo por parte de organizaciones y países opuestos.
Richard Dicker, de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, advirtió que la sola aprobación de la prórroga aumentaría la probabilidad de que la exoneración se vuelva permanente.
Los defensores de la CPI arguyen que el Consejo de Seguridad carece de autoridad legal para brindar excepciones, porque la Carta de la ONU no le otorga poderes para enmendar un tratado internacional.
Asimismo, exigen un debate abierto sobre el asunto, y hay señales de que Alemania y México, integrantes del Consejo, presionarán en ese sentido.
De los 15 miembros del Consejo, sólo Estados Unidos, China y Pakistán están fuera del Estatuto de Roma. Los otros 12 lo firmaron o lo ratificaron.
También se espera que Canadá, uno de los principales promotores de la CPI, exija un debate abierto que incluya a países no integrantes del Consejo.
El año pasado, Ottawa encabezó una iniciativa de varias decenas de países para condenar públicamente los esfuerzos de Washington de buscar excepciones para sus ciudadanos.
Washington pretende que el Consejo apruebe su solicitud antes del próximo 1 de julio, fecha en que vencerá la exoneración aprobada el año pasado.
Antes de eso, se prevé que Estados Unidos se apresurará a firmar más tratados bilaterales de inmunidad. Hasta ahora, 37 países acordaron con Washington, luego de recibir fuertes presiones, eximir a ciudadanos estadounidenses de cualquier acusación ante la CPI, aunque no todos los ratificaron.
Entre los firmantes figuran Israel, India, Egipto y Filipinas. El resto son en su mayoría países pequeños y pobres, con gran dependencia de la ayuda económica estadounidense.
Según una ley aprobada por el Congreso legislativo el año pasado, los países que ratifiquen el Estatuto de Roma no podrán recibir ayuda militar de Estados Unidos a menos que el presidente lo autorice expresamente antes del 1 de julio.
Esta disposición de la llamada ley de protección a los militares estadounidenses afectará principalmente a los países pobres, advirtió el grupo de Pace, que representa a unas 2.000 de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
La disposición es apenas una de varias normas polémicas de la ley, entre ellas una que autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares para liberar a cualquier ciudadano estadounidense bajo custodia de la CPI.
