La principal organización de derechos civiles de Estados Unidos considera querellar a las autoridades en representación de inmigrantes detenidos irregularmente en ese país luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La estadounidense Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), con sede en Nueva York, calificó el reconocimiento de abusos en esos arrestos por parte del Departamento (ministerio) de Justicia de gran escándalo para el gobierno de George W. Bush.
Estamos evaluando demandas a presentar a la luz del informe elaborado por el inspector general Glenn Fine, declaró el director del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU, Lucas Guttentag.
A funcionarios del Departamento de Justicia nombrados en el informe del lunes —entre ellos algunos que ocupan altos cargos políticos— se les recomendó asesorarse legalmente para defenderse ante eventuales litigios derivados del informe, señaló Guttentag.
El estudio confirma acusaciones de ACLU de que los derechos de inmigrantes —la mayoría musulmanes, del sudeste asiático o de apariencia árabe— fueron violados en la campaña contra el terrorismo lanzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, agregó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero.
Los inmigrantes no eran el enemigo, pero la 'guerra contra el terrorismo' pronto se transformó en una guerra contra los inmigrantes, añadió.
Otras organizaciones de derechos humanos también celebraron la publicación del informe.
El informe expone cómo el Departamento de Justicia pasó por alto los derechos humanos básicos luego del 11 de septiembre, destacó la directora de campañas públicas de Human Rights Watch, Wendy Patten.
Tanto HRW, con sede en Nueva York, como ACLU exhortaron al gobierno a tomar medidas inmediatas para remediar legalmente los abusos detallados en el informe.
El inspector general Fine criticó la duración y la dureza de las condiciones de detención de más de 750 personas en Brooklyn y Nueva Jersey, tras los ataques contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono, la sede en Washington del Departamento (ministerio) de Defensa.
Aunque reconocemos los enormes desafíos y las difíciles circuntancias que afrontó el Departamento (de Justicia) para responder a los ataques terroristas, hallamos problemas importantes en el tratamiento de los detenidos, señaló Fine.
Las irregularidades incluyeron detenciones prolongadas sin acusación, falta de acceso a abogados y de contacto con familiares, celdas iluminadas las 24 horas, colocación de esposas a los detenidos y abuso físico y verbal por parte de guardias, agregó el inspector general.
El informe señala que la investigación de Fine fue obstaculizada por la destrucción de cientos de cintas de vídeo de prisiones, que supuestamente documentaban los abusos específicos que sufrieron los detenidos.
El Departamento de Justicia detuvo después de los atentados de 2001 a más de 1.200 personas no ciudadanas, la mayoría árabes, sudasiáticos o norafricanos.
En 766 casos, los acusó de violaciones menores de las regulaciones migratorias como pretexto para arrestarlos mientras investigaba posibles vínculos con organizaciones terroristas.
Pero aún se desconoce cuántos fueron acusados de delitos relacionados con el terrorismo, si bien no eran más que un puñado, indicó HRW en un estudio al respecto.
De todos modos, el Departamento de Justicia deportó a 505 de los detenidos luego de audiencias cerradas a la prensa y al público, indicaron funcionarios del organismo.
El informe de HRW también criticó al Buró Federal de Investigaciones (FBI), dependiente del Departamento de Justicia, por la indiscriminada y peligrosa manera en que los inmigrantes sin vínculos con el terrorismo fueron considerados sospechosos.
Según la organización, el FBI asignó agentes insuficientes para revisar los casos, cuya evacuación insumió un promedio de 80 días y en ocasiones más de 200.
Aun en el caos posterior al 11 de septiembre, creemos que el FBI debió haber tenido más cuidado para distinguir entre extranjeros vinculados realmente con el terrorismo con aquellos posiblemente culpables de violar leyes migratorias, indica el estudio de HRW.
El enfoque de detener primero y preguntar después resultó en un tratamiento injusto de los detenidos. No es un modo efectivo de combatir el terrorismo, sostuvo la directora de la oficina en Washington del Comité de Abogados para los Derechos Humanos, Elisa Massimino.
De todos modos, el Departamento de Justicia no manifiesta arrepentimiento por sus errores.
El Departamento cree que el informe del inspector general coincide en todo con lo que los tribunales fallaron una y otra vez: que nuestras acciones son plenamente legales y necesarias para proteger al pueblo estadounidense, dijo la directora de Asuntos Públicos del organismo, Barbara Comstock.
No nos disculpamos por encontrar todo modo legal posible para proteger al público estadounidense de nuevos ataques terroristas, agregó Comstock.
El informe reconoce claramente que el Departamento operaba bajo las más difíciles y extraordinarias circunstancias, sin precedentes, pero que la ley se cumplió y respetó escrupulosamente, mientras se protegía agresivamente a estadounidenses inocentes de otro ataque terrorista, afirmó.
Pero ACLU replicó que conspirar para violar los derechos civiles de alguien es un delito, y no debemos dejar piedra sin mover en esta investigación.
La organización reparó especialmente en que el fiscal general asistente Michael Chertoff urgió a funcionarios de migración a mantener arrestadas a estas personas hasta saber qué pasa, a pesar de que muchos habían sido detenidos por acusaciones de violaciones menores.
El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses también rechazó la defensa del Departamento de Justicia.
El informe confirma nuestras preocupaciones y expone los arrestos como un ataque contra inocentes. Los detenidos no fueron tratados como extranjeros ilegales sino como potenciales terroristas sobre la base de la religión y la etnia, declaró la organización.
