Tras cinco años de creciente erradicación de plantaciones de coca en Bolivia, impulsadas y apoyadas por Estados Unidos, el cultivo vuelve a aumentar para pesar del gobierno, que no logra impedirlo.
Los cocaleros (campesinos cultivadores de coca) han frenado el avance de las políticas gubernamentales de erradicación, alentados por la alta votación lograda en las elecciones presidenciales de junio de 2002 por su líder Evo Morales, quien fue el segundo candidato más votado.
El gobierno prefiere hablar de empate en la lucha contra las drogas, porque se erradica al mismo ritmo con que los campesinos cultivan nuevas plantaciones de coca, según afirmó Mauricio Antezana, portavoz del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Con el empate, estamos en erradicación cero, plantaciones nuevas cero. La verdad es que hay plantaciones nuevas y también erradicación. Esta es una dinámica muy fuerte, alegó Antezana.
No piensa lo mismo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y principal dirigente político opositor, quien sostuvo que cuando el gobierno está perdiendo, dice que empata, y cuando empata asegura que gana.
El programa de erradicación concertada y compensada sustituyó a esfuerzos anteriores centrados en la represión, que habían sido cruentos y poco fructíferos.
Los campesinos que se acogieron a esos programas recibieron compensación económica y apoyo para producción alternativa. El plan terminó hace dos años y la erradicación volvió a ser impuesta, aunque últimamente no ha provocado enfrentamientos como en el pasado.
La variable política se ha convertido en un elemento decisivo para la cuestión de la coca, dijo a IPS el experto independiente Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, la ciudad más próxima a la central y cocalera región del Chapare.
Si no se establece una concertación política entre oficialismo y oposición sobre una amplia agenda, que incluya el tema de la hoja de coca, son mínimas las posibilidades de continuidad de la política de erradicación sin que se produzcan conflictos y enfrentamientos en el Chapare, opinó.
Bajo presión de Washington y sin acuerdos con el MAS, el gobierno no podrá cumplir sus metas y pagará un alto costo político, que implicará también deterioro de la institucionalidad democrática, predijo Mayorga.
Sánchez de Lozada tomó al comienzo de su mandato, el 6 de agosto de 2002, la iniciativa de revisar la drástica ley antidrogas, y una pausa en la erradicación era el punto de partida ideal para el diálogo, evaluó.
Luego, el paulatino debilitamiento del gobierno y el veto de Washington a cualquier flexibilización de la política de erradicación echaron tierra por aquella posibilidad de acuerdo, señaló el experto.
En la actualidad, el Poder Ejecutivo calcula que en el Chapare hay de 5.000 a 10.000 hectáreas de coca excedentarias, es decir destinadas por ley a ser erradicadas, pero Morales asegura que en esa región hay más de 10.000 hectáreas de plantaciones de coca.
El último informe oficial sobre la superficie de cultivos de coca en la tropical región del Chapare fue divulgado en junio de 2002, con base en observaciones satelitales que se realizan una vez por año, y aún no se ha dado a conocer el resultado de las practicadas en las últimas semanas.
Cuando se conoció el informe del año pasado, quedaban en el esa región 5.400 hectáreas de coca.
Pero todo cambió precisamente en ese mes, junio de 2002, cuando Morales logró sorpresivamente 20,94 por ciento de los votos, poco menos que el 22,46 por ciento de Sánchez de Lozada.
Eso ubicó a los cocaleros en una posición de fuerza, y los alentó a movilizarse aun más en defensa de su negocio mientras aumentaban el ritmo de plantación en el Chapare, principal plaza electoral del líder del MAS.
En lo que va del año se eliminaron sólo 3.495 hectáreas de coca, según datos del viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, y no se sabe cuántas hectáreas de cultivos nuevos hay.
La mayor preocupación por la visible derrota de los planes de erradicación radica en Estados Unidos, fortísimo consumidor de las drogas elaboradas a partir de la coca.
Allí, influyentes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post y The Miami Herald han planteado en las últimas dos semanas una visión crítica y pesimista de la lucha boliviana contra la materia prima de la cocaína y el crack.
Esos periódicos coincidieron en afirmar que la coca se fortalece en Bolivia, señalaron a Evo Morales como un serio peligro para la estabilidad del gobierno de Sánchez de Lozada, y advirtieron que el ejemplo boliviano de movilizaciones de cocaleros ha comenzado a cundir en Perú.
Para este año, Washington prometió cooperación por valor de 100 millones de dólares para erradicar cultivos, represión del narcotráfico y apoyo al desarrollo de iniciativas económicas alternativas al cultivo de coca.
La mitad de esos recursos será para volver a empujar el desarrollo alternativo, una política aplicada con altibajos en las zonas productoras de coca desde mediados de los años 80.
Los programas de desarrollo alternativo benefician a las cerca de 50.000 familias campesinas que habitan la parte del Chapare en que se produce tradicionalmente coca.
Pero muchos campesinos aprovechan esos subsidios, aplicados a unas 125.000 hectáreas de cultivos alternativos, sin dejar de sembrar coca en otras zonas de la misma región.
Según el director de Desarrollo Alternativo, Ruddy Rivera, esos programas, apoyados principalmente por Estados Unidos y varios países de Europa, han logrado un cambio radical del Chapare, que hoy tiene más escuelas, caminos asfaltados y empedrados, y una infraestructura productiva privilegiada, de la que no goza ninguna otra zona rural del país.
Sin embargo, los cocaleros y Morales se quejan permanentemente de que los programas de desarrollo alternativo, cuyo rendimiento potencial no es comparable con el de la coca, no son rentables por carencia de mercados, y que con frecuencia su producción de banano, piña y cítricos se estropea sin ser vendida.
En suma, casi 20 años de esfuerzos por erradicar la coca han dejado un importante saldo de infraestructura sin cumplir su principal objetivo. (
