Cuando unos 200 activistas exigieron frente a la cárcel de Kamunting, en el norte de Malasia, la liberación de seis líderes opositores, no aspiraban a una gran victoria contra una antigua ley de seguridad utilizada para mantener a los disidentes tras las rejas.
Pero ahora que cuatro de los seis opositores fueron liberados, los activistas quieren ir más allá y reclaman nada menos que la derogación de la Ley de Seguridad Interna, que permite el arresto casi indefinido sin juicio y sin derecho a abogado hasta el fin de las investigaciones.
Al mismo tiempo, el entusiasmo de los activistas se modera por la cautela. Pocos de ellos creen que la liberación de los disidentes signifique un trato más respetuoso del gobierno hacia los derechos humanos.
Lo creeré cuando (el viceprimer ministro y ministro del Interior) Abdulá Badawi haya derogado la ley, declaró el político opositor Mustafá Alí.
La Ley de Seguridad Interna es una norma legislativa muy arraigada, que no podrá anularse fácilmente… la policía no lo permitirá, advirtió.
Líderes opositores como Wan Azizah Wan Ismail reclaman la derogación de la ley, una reliquia de la época colonial que fue aprobada con miras a su aplicación contra insurgentes comunistas, pero luego se extendió a los críticos del gobierno en general.
Desde la independencia en 1957, la ley fue utilizada para detener a más de 3.200 personas, en general acusadas de atentar contra la seguridad nacional.
El líder opositor Lim Kit Siang llamó a un debate parlamentario integral para la derogación de la ley.
Lim consideró que la liberación de los disidentes el pasado domingo, tras cumplir una orden de detención de dos años, fue una maniobra para salvar las apariencias del primer ministro Mahathir Mohamad, quien hasta este martes se encontraba en Evian, Francia, para la cumbre del Grupo de los Ocho.
Mahathir no quería ser cuestionado en Evian por las detenciones justo cuando los parlamentos europeos están preocupados por el uso de la detención preventiva en Malasia contra opositores políticos, ya que esto podría perjudicar los vínculos bilaterales, señaló el analista M.G.G. Pillai.
Estados Unidos tampoco está satisfecho con respecto a ese asunto, escribió en un comentario el martes.
Las autoridades decidieron no extender las órdenes de detención de los seis disidentes encarcelados, una extensión que hubiera significado otros dos años de cárcel.
El domingo, fuerzas de seguridad llevaron a Saari Sungib, uno de los opositores presos, hasta la estación de autobús, le entregaron un pasaje y le dijeron que era libre. Para la medianoche, la policía había liberado a tres más y confirmaron que los otros dos líderes opositores serían liberados el próximo día 12.
Entre los detenidos estaban cinco líderes del Partido de la Justicia Nacional (Keadilan), del ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim, que fue depuesto y encarcelado en 1998 bajo cargos de sodomía y corrupción que sus defensores consideran fraguados. Keadilan es encabezado ahora por su esposa, Wan Azizah.
Los cinco líderes de Keadilan son Ezam Mohamed, Tian Chua, Saari Sungib, Lokman Adam y Badrul Amin, detenidos en abril de 2001 bajo cargos de conspiración para derrocar al gobierno, que fueron rechazados de plano por los acusados y sus partidarios.
El otro disidente detenido es un periodista y productor cinematográfico independiente, Hishamuddin Rais, que todavía permanece en prisión, al igual que Chua.
El pasado septiembre, el Tribunal Federal declaró que la detención de los seis disidentes era ilegítima y que había amplias pruebas de motivaciones políticas en su contra.
Aun la junta de revisión de la Ley de Seguridad Interna, que los críticos consideran al servicio del gobierno, recomendó en dos ocasiones la liberación de los presos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, designada por el gobierno, también pidió la liberación de los disidentes y la derogación de la ley.
Sin embargo, activistas expresaron preocupación por los sustitutos propuestos para la ley, que podrían ser similares a las normas antiterroristas aprobadas en Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En las últimas semanas aumentó la presión para la liberación de los disidentes, con el apoyo de legisladores de Gran Bretaña, Japón y Holanda, un grupo de 40 académicos islámicos y organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Fuentes gubernamentales dijeron a la prensa que los opositores fueron liberados porque ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Esperamos que hayan aprendido su lección y desistan de sus actividades contra el gobierno, declaró un alto funcionario.
Actualmente hay 120 personas presas en Malasia en virtud de la Ley de Seguridad Interna, muchas de ellas detenidas en el marco de la campaña del gobierno contra el terrorismo.
Entre los detenidos hay miembros del grupo extremista musulmán Jemma Islamiya, que aspira a la formación de un estado panislámico en el sudeste de Asia. Sin embargo, no se han presentado pruebas de terrorismo contra ellos. (
