La justicia de Estados Unidos allanó el camino para generalizar el mecanismo del arresto secreto de inmigrantes, al avalar cientos de detenciones dispuestas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, según organizaciones de derechos humanos.
"Las detenciones secretas no tienen lugar en una democracia. El fallo da al gobierno permiso para arrojar un manto de oscuridad sobre sus arrestos", dijo la directora de programas de la organización Human Rights Watch (HRW), Jamie Fellner, con sede en Nueva York.
"Eso no debería justificarse por la mera invocación de las palabras 'seguridad nacional'", advirtió Fellner.
Para HRW, el fallo dictado el martes por el Tribunal Circuital de Apelaciones del Distrito de Columbia abrirá la puerta a arrestos secretos generalizados por faltas menores a las normas de inmigración.
Por su parte, el director legal de la estadounidense Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Steven Shapiro, advirtió que "el secreto alimenta el abuso". "Un gobierno del pueblo y para el pueblo debe ser visible para el pueblo", afirmó.
La ACLU consideró que el Tribunal ignoró el informe divulgado este mes por el Inspector General del Departamento de Justicia, Glenn A. Fine, según el cual 762 inmigrantes, de los cuales más de 500 terminaron deportados, sufrieron arrestos secretos en Nueva York y en la vecina ciudad de Nueva Jersey.
El informe del Inspector General advierte que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no distinguió con la celeridad debida entre los detenidos sospechosos de vínculos con los terroristas de los que sufrieron cárcel por violaciones menores a las leyes migratorias.
La sentencia avala la política del fiscal general John Ashcroft, quien ha defendido las redadas de inmigrantes dispuestas tras los atentados de 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono, sede del Departamento (ministerio) de Defensa en Washington.
"Esta sentencia es una victoria del Departamento de Justicia, que tomó cuidadosas medidas para salvaguardar las delicadas investigaciones sobre terrorismo, así como la privacidad de los individuos que eligieron no hacer pública su conexión con la pesquisa del gobierno", declaró Ashcroft.
"El Departamento de Justicia trabaja diligentemente para impedir otro catastrófico ataque contra Estados Unidos. Nos complace que el tribunal haya estado de acuerdo en que no debemos dar a los terroristas una virtual hoja de ruta a nuestras investigaciones", agregó.
Pero el director legal de ACLU, Steven Shapiro, advirtió que "esta decisión sin precedentes es particularmente desafortunada a la luz de las revelaciones de este mes" surgidas a través del documento interno del propio Departamento de Justicia.
Shapiro recordó también que ese informe del Inspector General del Departamento de Justicia y un tribunal inferior indicaron que "los arrestos secretos son 'odiosos en una sociedad democrática'".
El Inspector General documentó en su informe varios serios abusos cometidos contra inmigrantes arrestados, particularmente las condiciones "excesivamente duras" en que estaban detenidos, que incluyeron iluminación en la celda las 24 horas del día.
El Centro de Estudios para la Seguridad Nacional, una de las organizaciones que presentó la demanda que dio pie al fallo del martes, informó a través de la abogada Kate Martin que probablemente introducirá una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
"Estamos desalentados porque, por primera vez en la historia, un tribunal de Estados Unidos aprobó arrestos secretos", dijo Martin.
El caso fue iniciado en diciembre de 2001 por varias organizaciones, luego de que el Departamento de Justicia dispuso el arresto de cientos de inmigrantes por violar los términos de su visa de ingreso o por considerarlos "testigos materiales" en la investigación sobre los atentados de ese año.
Los querellantes, entre los que figuraban HRW y la ACLU, acudieron a los tribunales para saber la identidad de los detenidos, luego de un infructuoso pedido en tal sentido de acuerdo con la Ley de Libertad de Información al Departamento de Justicia.
Ashcroft, entre cuyas funciones figura la de fiscal general, argumentó que el gobierno tiene amplias potestades para mantener en secreto los nombres porque revelarlos pondría en aprietos la seguridad nacional.
La jueza de Distrito Gladys Kessler, que había calificado los argumentos del gobierno de "pura especulación", ordenó en agosto pasado la difusión de la identidad de los detenidos. Pero la implementación del fallo quedó pendiente de la apelación.
La decisión del martes, resultado de una votación de dos contra uno en el tribunal, dejó de lado la sentencia de la jueza Kessler y dio al gobierno amplias potestades para actuar de modo de proteger la seguridad nacional.
"Estados Unidos se enfrenta con un enemigo tan real como sus adversarios de la pasada guerra fría, con poderes cuya exploración va más allá de la capacidad de los jueces", indica el pronunciamiento de la mayoría del tribunal.
Para el tribunal, resulta "razonable" el argumento del gobierno según el cual "revelar el nombre de los detenidos permitiría a Al Qaeda y a otros grupos terroristas rastrear el curso de la investigación y desarrollar así mecanismos para impedirla".
Pero el juez de Circuito David S. Tatel, el único miembro del tribunal nombrado por un gobierno del Partido Demócrata, acusó a la mayoría del cuerpo de "destripar" la Ley de Libertad de Información.
La decisión de la mayoría deja de lado el interés de los ciudadanos en saber si el gobierno "está violando los derechos constitucionales de cientos de personas detenidos en conexión con sus investigaciones sobre terrorismo", agregó Tatel.
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+ Unión Americana de Libertades Civiles, en inglés (http://www.aclu.org/)
+ Human Rights Watch (http://www.hrw.org/spanish/)
(FIN/IPS/tra-eng/jl/ml/mj/hd ip/03)
