Antigua y Barbuda, un minúsculo conjunto de islas con menos de 300 kilómetros cuadrados de superficie y donde habitan 70.000 personas, desafió a Estados Unidos ante la OMC por una tajada del próspero negocio de juegos de azar por Internet.
Delegados de la nación insular del Caribe ante la OMC (Organización Mundial de Comercio) dijeron que las legislaciones estatal y federal estadounidenses traban o pueden impedir a los operadores de juegos de azar y apuestas del lugar ofrecer sus servicios a clientes en línea estadounidenses.
En una presentación ante el órgano de solución de diferencias de la OMC, Antigua y Barbuda solicitó el establecimiento de un grupo especial (panel) para examinar el apego de Estados Unidos a las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Estados Unidos es el centro del negocio mundial del juego, manifestó este martes ante la OMC el ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders.
Pero la representante estadounidense ante la OMC, Linnet Deily, defendió las reglamentaciones de su país que prohiben las apuestas transfronterizas.
Los juegos de azar y las apuestas se han convertido en una de las principales actividades comerciales a través de Internet, con un movimiento de miles de millones de dólares cada año, según Frank Catania, consultor del Interactive Gaming Council (IGC), la entidad que agrupa a las sociedades del juego cibernético.
El abogado español Javier Maestre Rodríguez, especialista en derecho informático, ubicó en 3.000 millones de dólares el monto que pasó el año pasado por las arcas de la industria de apuestas por la red mundial de computadoras.
Catania declaró en noviembre de 2001 a un subcomité sobre delitos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que para esa época ya existían entre 1.400 y 1.650 sitios de ese tipo de actividad en Internet y que esa cifra crece continuamente.
El litigio abierto por Antigua y Barbuda replantea uno de los problemas inherentes a Internet, que es el de la libertad casi sin límites que goza para la transmisión de mensajes y para el acceso a documentos, sonidos e imágenes.
El Instituto Cato, una tradicional entidad estadounidense dedicada a la promoción de las libertades cívicas, sostiene que existe una tendencia a crear una regulación completa para las actividades del comercio electrónico y de la red informática mundial.
Se tiene la impresión de que el real motivo de la legislación contra el juego no es la protección ante el delito o de los individuos vulnerables contra inescrupulosos, sino el deseo de legislar sobre conductas y el control de los demás, señaló Clyde Wayne Crews (hijo), uno de los directores del Instituto Cato.
En oposición, el senador estadounidense por Arizona Jon Kyl, del gobernante Partido Republicano y autor de una de las propuestas de prohibición del juego cibernético, alegó el riesgo de que un niño se apodere de la tarjeta de crédito de su madre, apriete el ratón de la computadora y apueste la casa familiar.
Pero los ecos de la polémica sobre la desregulación de Internet no llegaron hasta la OMC, donde sólo se escucharon argumentos económicos y comerciales.
Sanders describió como Antigua y Barbuda, en su esfuerzo por diversificar la economía, impulsó el desarrollo del comercio electrónico. Con ese fin, invirtió en infraestructura de telecomunicaciones e introdujo en las escuelas programas de formación en computación.
Entre las industrias que el gobierno del país caribeño atrajo al país se cuenta la de juegos de azar y apuestas por Internet, que provee empleo a miles de jóvenes, que de otra forma se verían obligados a desarrollar actividades ilegales, como el tráfico de drogas que constituye una plaga en el Caribe, dijo.
Sin embargo, Estados Unidos interpreta que sus leyes prohiben la prestación de servicios de juegos de azar y de apuestas, desde fuera de su territorio, para consumidores estadounidenses, sostuvo Sanders.
Después de sostener consultas con Washington, el gobierno de Antigua y Barbuda no percibe que Estados Unidos responda a su reclamo legal.
Por ese motivo y en defensa de los trabajos de los jóvenes del país y de los ingresos de Estado, las autoridades de ese país del Caribe apelaron al tribunal de la OMC y pidieron el establecimiento de un panel.
Pero Estados Unidos no incluye los servicios transfronterizos de apuestas entre sus compromisos asumidos en el AGCS, replicó la embajadora Deily.
La representantes de Washington dijo que a su país le embargan seria preocupaciones respecto a los riesgos financieros y sociales que crean esas actividades para sus ciudadanos y en particular, pero no exclusivamente, para sus niños.
Estados Unidos bloqueó la constitución del panel para examinar la queja de Antigua y Barbuda. Sin embargo, conforme a las normas de la OMC, el grupo especial quedará establecido de manera automática el 21 de julio en la próxima reunión del órgano de solución de diferencias.
