Una plantación de árboles no es un bosque, advierte el ingeniero forestal Rodrigo Herrera, de Greenpeace- Chile, uno de tantos ambientalistas que luchan en América Latina por preservar las selvas nativas como ecosistemas, con muchas frustraciones y pocos avances.
Africa y América del Sur fueron las zonas del mundo que perdieron más bosques naturales en los años 90, cuando la deforestación tuvo un ritmo anual de 16,1 millones de hectáreas, con 15,2 millones de hectáreas en los trópicos, señaló en un informe la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La deforestación afecta a toda América Latina, pero Argentina, Brasil y México estuvieron entre los países con mayor pérdida de superficies forestales en el siglo XX, junto con Congo, Indonesia, Birmania (Myanmar), Nigeria, Sudán, Zambia y Zimbabwe, indicó.
En Chile, tras casi 11 años de engorrosa tramitación legislativa, apenas se abre una posibilidad de materializar una Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, porque el gobierno, grupos ambientalistas y empresarios del sector acercaron posiciones que parecían inconciliables.
El presidente Ricardo Lagos anunció que en los primeros días de este mes enviará al Senado un conjunto de indicaciones acordadas en la Mesa Forestal, una instancia de diálogo que estuvo a punto de romperse en mayo, cuando ambientalistas acusaron al gobierno de no cumplir un protocolo de acuerdo firmado el 11 de junio de 2001.
Las indicaciones presidenciales darán pie al último paso parlamentario para el despacho de la ley, y permitirán la rediscusión legislativa de los mecanismos de asignación de subsidios para proyectos de recuperación de bosque nativo, dijo a IPS Hernán Verscheure, del Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff).
El Ministerio de Hacienda pretende que estos fondos sean concursables, lo cual limitará el acceso a ellos de pequeños y medianos campesinos propietarios de bosque nativo en zonas remotas. Las organizaciones ciudadanas pedimos que sean fondos de asignación directa, explicó Verscheure, coordinador del Programa de Bosques de Codeff.
El mecanismo que piden los ecologistas es el mismo aplicado por el dictador Augusto Pinochet (1973-90) cuando expidió en 1974 el decreto 701, que estimuló con subsidios y exenciones tributarias las plantaciones forestales en gran escala y convirtió al país en uno de los mayores exportadores mundiales de maderas y celulosa.
Ese decreto incentivó la tala de áreas de vegetación natural para plantar allí especies exógenas de rápido crecimiento, como el pino radiata y el eucalipto australiano, a lo cual se sumaron los cortes de leña, la expansión de tierras agrícolas y los incendios forestales para amenazar la supervivencia del bosque nativo en Chile.
De 1985 a 1994, la superficie de forestas autóctonas disminuyó de 7,5 a 5,2 millones de hectáreas, según un informe emitido en 1996 por el economista Marcel Claude, a cargo entonces del sistema de cuentas ambientales del Banco Central, quien sostuvo que de mantenerse ese ritmo, en 30 años desaparecería el bosque nativo del país.
Ese estudio fue rechazado por el gobierno y por la empresarial Corporación de la Madera (Corma), el Banco Central despidió a Claude, y la gubernamental Corporación Nacional Forestal (Conaf) aseguró en otro informe que la superficie de bosques naturales creció en el período analizado, de 7,5 a 13,4 millones de hectáreas.
El Codeff, Greenpeace, Defensores del Bosque Chileno, la Fundación Terram (creada por Claude) y otros grupos amnientalistas objetaron el catastro de la Conaf porque incluyó áreas de vegetación nativa con arbustos, que no son propiamente bosques.
Para poder hablar de bosque en sentido técnico, las especies deben tener como mínimo dos metros de altura.
En julio de 2002, las organizaciones ecologistas aseguraron en una declaración que se constataba una disminución de los bosques autóctonos en Chile, a un ritmo incluso mayor que el previsto por Claude en su polémico estudio para el Banco Central.
En Argentina, los autores de un inventario de 1914 calcularon que había 106 millones de hectáreas de bosques naturales. En 2002, esa superficie había disminuido a 33 millones de hectáreas según un estudio oficial, que constató la mayor deforestación en el norte del país.
En Argentina hay numerosas áreas boscosas protegidas, pero las leyes nacionales y provinciales en la materia han sido reformadas con criterios en que predomina el estímulo a la inversión, y por eso la forestación con especies trasplantadas creció de 20.000 hectáreas anuales en 1992 a 100.000 en 2001.
El 4 de octubre de 1996, se expidió en Colombia un decreto para promover la reforestación que suprimió el requisito de la licencia ambiental para plantar bosques.
En Venezuela, país que en 1976 creó el primer Ministerio de Ambiente de América Latina, 48 por ciento del territorio está bajo protección, pero recién este año se inició un plan de inventario forestal, con un costo de ocho millones de dólares y que debe concluir en 2007.
La Ley de Protección Forestal brasileña determina que las grandes propiedades rurales en la Amazonia deben preservar 80 por ciento de la superficie de sus bosques, pero faltan normas para proteger y reforestar los bosques de la costa atlántica, donde residen 60 por ciento de los brasileños y fueron devastadas 93 por ciento de las selvas.
En México, el gobierno de Vicente Fox promulgó en febrero la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que unificó varias normas dispersas y ratifica, entre otras disposiciones, la prohibición de tala en las áreas naturales protegidas, donde está la mayor superficie de bosques nativos.
La selva Lacandona, en el meridional estado mexicano de Chiapas, perdió en dos siglos 75 por ciento de dos millones de hectáreas de vegetación húmeda, y su constante colonización es causa de un prolongado conflicto, junto con la pobreza y la violencia.
En Chile, las masivas plantaciones de pinos y eucaliptos también provocaron en los últimos 25 años un aumento de la pobreza y la migración de campesinos e indígenas, por la disminución de la productividad y el deterioro de los suelos, apuntó Herrera.
La fragmentación del bosque nativo ha acarreado destrucción de ecosistemas, pérdida de diversidad biológica, genética y ecológica y alteración del paisaje, que no compensaron las plantaciones forestales, recalcó.
La llamada ley del bosque nativo, cuya tramitación legislativa se inició en 1992, permitirá ejecutar programas de manejo y recuperación de forestas autóctonas, en sintonía con los planes oficiales de superación de la pobreza, señaló Verscheure.
Según el gobierno, esa ley favorecerá la preservación, la recuperación y el desarrollo de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos, en manos de pequeños y medianos propietarios rurales.
La falta de una legislación ha hecho que en este país no haya muchos interesados en trabajar y manejar el bosque nativo, y lo que hace esta ley es precisamente establecer las reglas del juego, dijo a IPS Juan Eduardo Correa, vicepresidente ejecutivo de Corma y activo participante en la Mesa Forestal.
Con reglas claras, va a haber interés de los privados en manejar el bosque nativo para recuperarlo e incluso proyectarlo al futuro, como un recurso natural que no sólo produce madera sino también posibilita otros usos, como el turismo, subrayó.
* Con aportes de Diego Cevallos (México), Yadira Ferrer (Colombia), Humberto Márquez (Venezuela), Mario Osava (Brasil) y Marcela Valente (Argentina).
