La mayor confederación internacional de sindicatos exhortó al Banco Mundial a abstenerse de alentar la privatización de los sistemas de previsión social, en boga en América Latina y en Europa oriental.
La instauración de sistemas privados de jubilaciones y pensiones solo beneficia a los inversionistas internacionales, advirtieron delegados de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) a funcionarios del Banco Mundial con los que se reunieron en Washington.
La CIOSL, cuyos sindicatos representan a 157 millones de trabajadores de 148 países, sostuvo que las experiencias de privatización de la previsión social iniciadas en los años 90 fueron contraproducentes, pues permitieron la canalización de dinero de esos fondos a los riesgosos mercados de capital.
Los autores del informe, titulado Involucramiento del Banco Mundial en la privatización de los sistemas públicos de pensiones en los países en desarrollo y en transición, calificaron de radical el enfoque de la institución crediticia multilateral en la materia.
Al mismo tiempo, calcularon que las compañías internacionales privadas de inversiones ganaron miles de millones de dólares gracias al proceso de privatizaciones del sector.
El Banco Mundial promueve sistemas mediante los cuales los trabajadores paguen un porcentaje de sus salarios en una cuenta en una institución financiera autorizada que utilizará el dinero en los mercados de capital, según el estudio de la CIOSL.
Estos planes se basan sobre la falsa noción de que lo privado siempre es mejor que lo público y de que el mercado es, de algún modo, más seguro que la solidaridad intergeneracional, como se denominan los sistemas de previsión social que la CIOSL prefiere.
Los expertos de la CIOSL estudiaron, entre otras, las privatizaciones en Argentina, Chile, Kazajstán y Letonia.
Los sistemas privados de seguridad social son objeto de toda clase de abusos a manos de operadores poco fiables, a menos que estén muy bien regulados y muy bien supervisados, dijo el director de la oficina en Washington de la CIOSL, Peter Bakvis.
Las comisiones que cobran los fondos privados de pensiones, con frecuencia un porcentaje del valor aportado, son exorbitantes, y los operadores privados desvían dinero a otro tipo de inversiones que las establecidas, sostuvo Bakvis.
Ese es uno de los grandes problemas. Es bastante difícil controlar los sistemas privados en Canadá y en Europa, y ni qué hablar en los países en desarrollo. En Estados que carecen de un régimen regultorio fuerte o mucha experiencia, estas personas suelen salirse con la suya, agregó.
El Banco Mundial apoya esas privatizaciones con el argumento de que el dinero depositado en fondos privados de pensiones, volcados a los mercados locales de capital, se convertirían en créditos a las empresas de los países en desarrollo y en transición, que, a su vez, podrían crear empleos.
Pero eso no ha sucedido así, según el CIOSL.
A los trabajadores se les dice que los fondos privados tienen el objetivo de mantener el dinero fuera del alcance del gobierno, pero los expertos de la central sindical advirtieron que la mayoría de los aportes son invertidos en bonos públicos.
Así, es el gobierno el que realmente financia los fondos. Y, si es así, los administradores privados no asumen absolutamente ningún riesgo, advirtió. Las privatizaciones, por lo tanto, no mejoran el acceso de las empresas locales al crédito, agregó.
El Banco Mundial también asegura que los jubilados recibirán un mejor pago si los fondos son invertidos de manera más diversificada y se los libra del riesgo político asociado con los cambios de gobierno. Pero la CIOSL advirtió que los riesgos son con frecuencia mayores en el sector privado.
Hay muchas quiebras en el sector privado. Y eso es aun peor si en sistema no está bien supervisado y bien regulado. Las personas perderán su dinero, dijo Bakvis.
El estudio de la CIOSL sostuvo, además, que la privatización total o parcial de los sistemas de previsión social ocasiona a los Estados grandes problemas fiscales, a veces con consecuencias desastrosas, como en Argentina.
Los delegados sindicales que se reunieron la semana pasada con funcionarios del Banco Mundial les recomendaron redirigir su considerable experiencia y recursos financieros en asistencia para mejorar los actuales programas de previsión social, en lugar de alentar dogmáticamente costosas privatizaciones.
Los representantes de la CIOSL aseguraron haber notado un positivo cambio de retórica en los funcionarios del Banco Mundial, pero que no podían prever el resultado práctico de ese cambio.
Más de una docena de países de América Latina y de Europa central y oriental cambiaron parcial o completamente sus sistemas previsionales públicos por sistemas financiados por instituciones privadas, la mayoría de América del Norte o de Europa occidental.
El Banco Mundial alentó esos cambios mediante préstamos y asistencia técnica, e incluso condicionando algunos créditos al establecimiento de sistemas jubilatorios privados.
Pero el informe de la CIOSL indica que los sistemas privatizados tuvieron como consecuencia la reducción del ingreso de los jubilados, en particular de las mujeres. Al mismo tiempo, gran cantidad de trabajadores quedaban fuera del sistema y, por lo tanto, sin ningún tipo de jubilación al retirarse.
En algunos planes, el monto de las jubilaciones está determinado en expectativas de vida basadas sobre el género. Por lo tanto, una mujer se retirará a determinada edad y luego de determinados años de trabajo con un beneficio menor que un hombre en circunstancias idénticas, según la CIOSL.
Los sindicatos sostienen que los sistemas de previsión social tradicionales, en los que el Estado cobra al empleado y al empleador un porcentaje del salario que se integra a un fondo público, son redistributivos, por lo cual tienden a reducir la inequidad y la pobreza.
Muchos países tienen sistemas (de solidaridad intergeneracional) eficientes y adecuadamente financiados, cuando hace unas pocas generaciones millones de personas demasiado viejas para trabajar, pero muy jóvenes para morir, eran condenadas a la miseria y se convertían en una carga para sus hijos, según el estudio de la CIOSL.
El Banco Mundial ayudó a implementar sistemas privados de jubilación en países como Colombia y Hungría. Otros países, como Eslovenia, rechazaron ese enfoque y mantuvieron los sistemas públicos.
Mientras, naciones como Brasil están embarcados en un debate público sobre el futuro de sus sistemas jubilatorios.
