Un equipo de expertos en seguridad visita Liberia desde el domingo, enviado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar durante cinco días la situación creada por el avance de grupos insurgentes.
El grupo es dirigido por el secretario general adjunto de la ONU para asuntos políticos, Taliameni Kalomoh, y tiene otros seis integrantes, entre ellos funcionarios de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (Ecowas, por sus siglas en inglés) y de la Unión Africana, que reúne a todos los países del continente.
Ese equipo mantendrá conversaciones con todas las partes en el conflicto liberiano, antes de visitar Estados vecinos para diálogos similares, según fuentes diplomáticas.
De acuerdo a informes de la Ecowas y otras instituciones que siguen con atención el desarrollo del conflicto, 60 por ciento del territorio del país es controlado por insurgentes de Liberia Unida por Reconciliación y Democracia (LURD), que avanzan en el oeste hacia Monrovia, y de un nuevo grupo llamado Movimiento por Democracia en Liberia (Model), que opera en el sudeste.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió al Consejo de Seguridad del foro mundial no perder de vista la urgente necesidad de hallar una solución al conflicto liberiano.
La precaria situación de Liberia en materia de seguridad ha hecho extremadamente difícil llegar (con asistencia) a los desplazados internos y a los refugiados en territorio liberiano procedentes de otros países, que en muchos casos han sido víctimas de secuestros, reclutamiento forzoso y otras graves violaciones de los derechos humanos, destacó.
La misión de evaluación debe verse como una expresión de creciente preocupación de la ONU ante el empeoramiento de la situación en Liberia, y también del compromiso político con la búsqueda de una solución duradera, dijo a IPS un funcionario del foro mundial.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas humanitarios han pedido el envío a Liberia de una fuerza internacional de estabilización, para frenar la escalada de violencia y evitar una crisis humanitaria.
Pero el presidente liberiano Charles Taylor ha rechazado en forma expresa ese tipo de intervención en el país, que en su opinión significaría perder la soberanía.
En el pasado, diplomáticos occidentales han sostenido que el fin de la crisis liberiana es clave para lograr estabilidad en la región.
En diciembre de 1989, Taylor encabezó un grupo de guerrilleros entrenados en Libia que ingresó a Liberia desde la vecina Costa de Marfil, para derrocar al régimen de Samuel Doe.
La guerra civil se extendió a Sierra Leona en abril de 1991, y brevemente a Guinea en 2001, cuando Monrovia y Conakry se acusaron en forma recíproca de incursiones militares transfronterizas.
Además el gobierno liberiano, encabezado por Taylor desde las elecciones de 1997, sostiene que Guinea apoya a LURD, y que Costa de Marfil financia al Model.
La ONU considera a Taylor responsable de proporcionar armas a insurgentes de Sierra Leona, a cambio de diamantes, y el presidente de Costa Marfil, Laurent Gbagbo, acusa a su par liberiano de apoyar el movimiento insurgente en ese país que comenzó en septiembre como un motín de soldados.
Según la organización de expertos Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas, los conflictos en la región están tan relacionados entre sí que deben considerarse una sola guerra, cuyo centro está en Liberia.
Hace tres años, la ONU impuso sanciones a Liberia por su papel en el conflicto de Sierra Leona. Se espera que el equipo encabezado por Kalomoh evalúe el resultado de esas sanciones, que incluyen la prohibición de viajes internacionales a Taylor y sus principales colaboradores.
La Ecowas aboga por levantar sanciones económicas, para aliviar las penurias de la población liberiana.
Pero el ICG sostiene que las sanciones vigentes deben mantenerse y ampliarse, y aconseja amenazar con medidas similares a los gobiernos de Costa de Marfil y Guinea, y también al de la vecina Burkina Faso, para que cesen el apoyo a insurgentes de otros países de la región.
La ONU dispuso un embargo de la venta de armas a Monrovia, pero Taylor sostiene abiertamente desde el mes pasado que decidió violar esa prohibición, y que está en su derecho como gobernante de una nación soberana bajo agresión militar, que debe defender su integridad territorial.
Quien niegue ese derecho a la autodefensa puede ser acusado de involucrarse en un genocidio contra la nación liberiana, afirmó.
Según el ICG, ambos lados de la frontera entre Liberia y Costa de Marfil son en la actualidad escenarios de una batalla campal, inaccesibles incluso para trabajadores humanitarios.
En octubre de este año deberían realizarse la elección del sucesor de Taylor, pero el recrudecimiento de las hostilidades parece descartar esos comicios.
La guerra continúa, sin fin a la vista. La inseguridad se ha extendido, y la población es hostigada e intimidada. No se han realizado preparativos adecuados para las elecciones, comentó el arzobispo católico Michael Francis. (
