Todos los sectores del nacionalismo vasco se unieron este lunes para pedir al jefe del gobierno español, José María Aznar, que permita participar en las elecciones municipales del 25 de este mes a candidatos prohibidos por representar al grupo terrorista ETA.
El Tribunal Constitucional, máxima autoridad judicial del país, deberá decidir antes de este jueves si convalida la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ilegalizó 241 listas de candidatos para esas elecciones, presentadas en municipios de las septentrionales comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, dos de las 17 que integran España.
El Tribunal Supremo dictaminó el sábado por la noche que esas listas de AUB (siglas en vascuence de Plataforma por la Autodeterminación), son una continuidad operativa de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, nombres sucesivos, según ese organismo judicial, del partido creado por ETA y por ello ilegalizado el 28 de marzo.
En la sentencia se señaló que 1.563 candidatos presentes en esas listas tenían antecedentes en ETA o en Jarrai, un grupo que organizó desmanes callejeros en los últimos años.
La Fiscalía General del Estado presentó 249 impugnaciones de listas ante el Tribunal Supremo, que aceptó 241 de ellas.
Representantes de AUB se reunieron este lunes en Pamplona, la capital de Navarra, con dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), principal fuerza del gobierno del País Vasco, y de cuatro partidos vascos independentistas menores que rechazan el uso de la violencia, para informarles de su respuesta a la prohibición.
AUB anunció que distribuirá sobres con sus listas para que los ciudadanos los depositen en las urnas, como protesta por la ilegalización, dijo a IPS tras esa reunión Patxi Zabaleta, ex integrante de Batasuna y actual líder de Aralar, un partido independentista de izquierda.
Itziar Lopategi, portavoz de AUB, pidió a los reunidos apoyo a esa iniciativa, y se le respondió que la misma será respetada, aunque legalmente los sobres que contengan esas papeletas serán contabilizados como nulos, añadió Zabaleta.
Aralar y el resto de los partidos nacionalistas respetan la legalidad democrática, pero eso no significa que aprueben medidas impulsadas por el gobierno de Madrid, que rompen el pluralismo, alegó.
El partido que dirige Zabaleta se escindió hace tres años de Batasuna, rechaza los atentados de ETA y afirma que el principal problema del País Vasco es evitar el uso de la violencia como método político, para lograr una convivencia plural en la que todas las ideas políticas puedan expresarse y defenderse.
La ilegalización de Batasuna y la que está en curso de AUB fueron condenadas en forma explícita por la coalición gobernante en el País Vasco, encabezada por el moderado PNV e integrada también por su escisión, Eusko Alkartasuna, y por la coalición Izquierda Unida, basada en el Partido Comunista.
La presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, opinó que la anulación de las candidaturas de AUB se debe a que el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP) quiere obtener réditos electorales a corto plazo, y que ello choca frontalmente con los derechos fundamentales de numerosas personas.
Errazti consideró totalmente legítima la campaña de AUB a favor del voto nulo.
En términos similares se pronunció el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, quien dijo que las acciones impulsadas por el gobierno español implican violar derechos básicos de personas y de una sociedad a la que se le impide votar por una opción política.
La medida del Tribunal Supremo es muy grave y un disparate, que supone la sumisión del alto Poder Judicial a las directrices y deseos del gobierno del PP, aseveró.
El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaitz, dijo a IPS que la sentencia del Tribunal Supremo fue justa y oportuna.
La Consejería (ministerio) del Interior del País Vasco tiene que hacer todo lo que dependa de ella para que los de AUB no puedan hacer mitines ni gozar de espacios gratuitos de publicidad en los medios públicos de comunicación, arguyó.
Iturgaitz deploró que el PNV y el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, hagan de abogados defensores de los sirvientes de ETA, ante decisiones de órganos democráticos del Estado como son los tribunales de justicia.
El ministro de Justicia, José María Michavila, coincidió con esas apreciaciones al declarar para el diario El Mundo que éstas serán las primeras elecciones en las que no financiemos a ETA con nuestros impuestos.
Michavila se refirió así a los subsidios que reciben los partidos de acuerdo con los votos que obtienen, y a los sueldos y bonificaciones que perciben los concejales y parlamentarios.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal fuerza de oposición en toda España, expresó su respeto a la decisión del Tribunal Supremo por boca del secretario general de esa formación en el País Vasco, Patxi López.
ETA (siglas en vascuence de Euskadi ta Askatasuna, o sea Patria Vasca y Libertad), nació en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y unió su oposición a ella con demandas separatistas. Todos sus miembros que estaban presos al iniciarse la transición a la democracia, en 1976, fueron amnistiados.
La mayoría de esos amnistiados pasaron a la actividad política legal o se retiraron. Desde 1976 hasta la fecha, quienes mantuvieron a ETA como organización ilegal han cometido unos 900 atentados mortales, en los que la mayoría de las víctimas fueron civiles.
ETA sostiene, al igual que el PNV, Eusko Alkartasuna, Batasuna y todos los pequeños partidos de la izquierda nacionalista, que la nación vasca, cuya autodeterminación reclaman, es mayor que las tres provincias integrantes del País Vasco español: Guipúzcoa, Vizcaya y Alava.
A su entender, deben agregarse dos departamentos que están bajo soberanía de Francia, y Navarra, cuyos ciudadanos resolvieron en 1979, por referéndum, no formar parte del País Vasco.
