Representantes de países en desarrollo y activistas aseguran que los organismos con los que se pretende institucionalizar la comunidad internacional son, de hecho, poco democráticos, pero esas organizaciones rara vez lo admiten.
Decenas de agencias multilaterales, dentro y fuera del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), regulan (o intentan regular) cuestiones tan variadas como el comercio, las telecomunicaciones, el transporte, el trabajo, la vida empresarial, la salud y el ambiente, entre otras.
Algunas de esas instituciones son la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Policía Internacional (Interpol), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En casi todas estas organizaciones, los países más pobres cuentan con una representación reducida, mientras los ricos y poderosos operan con una autoridad y un poder abrumadores.
Organizaciones de la sociedad civil manifiestan hace años su impaciencia por un cambio en esa situación.
Hablamos de organizaciones democráticas y responsables para que podamos vivir en una comunidad verdaderamente global, donde un país como Estados Unidos, en lugar de hacer uso de su superpoder, sea un participante más, dijo la codirectora de la organización no gubernamental Food First, con sede en California.
Hablamos de un sistema multilateral de controles y equilibrio, en que países como Sudán, India o Estados Unidos adhieran todos a los mismos principios, agregó.
Eso no es posible con la estructura actual de esos organismos.
En la Asamblea General de la ONU, madre de casi todas las organizaciones multilaterales, rige el principio de un voto por cada una de las 191 naciones que integran el foro mundial.
Pero las decisiones más relevantes se toman en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, único organismo internacional con poder para declarar la guerra y la paz, en un ejemplo claro de inequidad.
El Consejo está integrado por 10 países cuyo ejercicio dura dos años y otros cinco que son miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia— y que cuentan con poder de veto sobre sus decisiones.
Estos cinco países forman un puño que domina al Consejo, excepto en caso de discrepancia entre ellos, como ocurrió este año en torno del plan estadounidense de invadir Iraq.
La inequidad en la representación también impera en las instituciones multilaterales del área económica.
En el FMI y el Banco Mundial, con sede en Washington, los votos están asignados de acuerdo con el peso económico de los países, lo cual deja a las naciones más pobres a merced de pesos pesados como Estados Unidos y Japón.
El Banco Mundial y el FMI tienen 184 miembros, y 24 directores ejecutivos representan a países o a grupos de países en sus órganos de gobierno. Los 46 países de Africa subsahariana tienen dos representantes, mientras cada uno de ocho países ricos —como Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña— cuentan con uno.
Los directores de los países industrializados controlan más de 60 por ciento de los votos en el Banco Mundial y en el FMI, y Estados Unidos por sí solo tiene poder de veto sobre cualquier resolución que requiera una mayoría especial.
Mientras, las resoluciones de la OMC se adoptan mediante consenso, es decir cuando ningún miembro presente en la reunión se opone a ella.
El mecanismo supone, en teoría, la atribución de poder de veto a todos y cada uno de los 146 países de la OMC, por lo que constituye, según algunos expertos, una forma de toma de decisiones más democrática aún que la propia votación.
Pero el sistema presenta algunos rasgos contradictorios, pues, en las actuales circunstancias, excluye al menos a 28 países miembros de la OMC que jamás asisten a las reuniones, porque carecen de misión diplomática en Ginebra por falta de recursos.
La ausencia de esos países pobres facilita el consenso, pues sus representantes no pueden dejar sentado su eventual rechazo a alguna resolución. El sistema parte del supuesto de que los 146 miembros participan de las discusiones preliminares y de la toma final de decisiones.
En la práctica, las negociaciones se limitan a deliberaciones en que participan ciertos países elegidos, conocidas como el proceso de la sala verde, por el color original de la sala de reuniones donde se realizaban.
Aunque informal, otra fase del proceso de negociaciones multilaterales transcurre en conferencias reducidas de ministros de Comercio de una veintena de países, conocidas como miniministeriales.
Naciones excluidas de estos mecanismos y organizaciones no gubernamentales especializadas cuestionan estas prácticas. Por otra parte, los países pequeños son sometidos a grandes presiones de las potencias comerciales que, afirman, procuran bloquear el consenso.
Por ejemplo, Estados Unidos bloquea desde diciembre una decisión que podría favorecer el acceso de los enfermos del mundo en desarrollo a medicamentos de bajo costo, puntualizó un experto.
En ese contexto, la OMC funciona bajo un régimen de déficit democrático, dada la desigualdad económica, comercial y política entre sus miembros, comentó un investigador.
Críticas similares se extienden al Organo de Solución de Diferencias, que dirime los litigios comerciales entre miembros de la OMC. En algunos aspectos, ese sistema ha actuado en contra de los intereses de países en desarrollo, dijo un ex jefe de negociadores comerciales de India, Bhagirath Lal Das.
En sus dictámenes, el Organo aumentó los derechos de los litigantes de países industrializados y las obligaciones de las naciones en desarrollo, apuntó el experto Chakravarthi Raghavan, editor de Suns, publicación especializada de la Red del Tercer Mundo.
Esa inclinación se hizo evidente en el pleito por el banano que enfrentó a la Unión Europea y sus ex colonias de Asia, el Caribe y el Pacífico con Estados Unidos, aliado en esta instancia con países latinoamericanos exportadores del fruto, explicó Raghavan.
También se apreció en la disputa entablada por Estados Unidos contra países asiáticos exportadores de camarón capturado con métodos que supuestamente afectaban a las tortugas.
De la misma manera, esa tendencia se reflejó en los fallos del litigio iniciado por Canadá contra el respaldo del Estado brasileño a su incipiente industria aeronáutica, dijo el experto.
La lucha contra el desequilibrio a favor de las naciones más ricas en instituciones que deberían representar a todos los países se ha convertido en una bandera del movimiento antiglobalización, que hace hincapié en la transparencia, la democracia y la responsabilidad de estas organizaciones.
Pero los movimientos de la sociedad civil advirtieron que los intentos por reformar las instituciones multilaterales chocan con fuerte resistencia de los países que hoy las dominan.
Un grupo de trabajo de la ONU debate hace 10 años una propuesta de restructura del Consejo de Seguridad, con la intención de dar una representación justa a los países en desarrollo, que representan dos tercios de los países miembros del foro mundial.
Entre esas propuestas figuran asignar poder de veto a países en desarrollo de Asia, América Latina y Africa. Los candidatos serían India e Indonesia por Asia; México, Argentina y Brasil por América Latina, y Sudáfrica, Nigeria y Egipto por Africa.
Pero el grupo de trabajo permanece paralizado e incapaz de elaborar una fórmula de transigencia para que el Consejo sea más representativo de las Naciones Unidas.
La parálisis es consecuencia de la oposición de potencias occidentales a las propuestas y de divisiones entre países en desarrollo sobre cuáles de ellos debería integrar el Consejo reestructurado.
Una iniciativa planteada en abril para dar más voz a los países en desarrollo en las decisiones del FMI y el Banco Mundial, dos agencias acusadas de sumergir a esos países en la pobreza y el endeudamiento, recibió de las naciones ricas meras promesas de mantener vivo el asunto para futura consideración.
En la OMC, pese a la presión de grupos de la sociedad civil, Washington utilizó su poder para bloquear una decisión que habría respaldado el acceso de los países pobres a medicamentos de bajo costo.
Esto es exactamente lo que no queremos, declaró Mittal. Esa mentalidad de que quien tiene el oro tiene la ley debe desaparecer. Nadie debería estar por encima de la ley.
(*) Con aportes de Thalif Deen, corresponsal en la sede de la ONU en Nueva York, y Gustavo Capdevila, corresponsal en los organismos de la ONU en Ginebra.
