Más de un mes después del fin de los combates en Iraq, no hay números oficiales sobre las víctimas civiles de la guerra, pero sí crecientes esfuerzos por determinar la cifra y hacer que Estados Unidos y sus aliados rindan cuentas al respecto.
Numerosos grupos de derechos humanos exhortaron a la creación de un tribunal de crímenes de guerra o una comisión internacional de justicia.
Además, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) anunciaron que presionarán a Washington para que realice compensaciones económicas por la matanza de civiles inocentes, una práctica común en los tribunales estadounidenses.
Estados Unidos, que encabezó la coalición invasora, no proporcionó ninguna estimación de la cantidad de personas desarmadas que murieron durante la ofensiva militar, en marzo y abril pasados.
No contamos cadáveres, fue la respuesta del general Tommy Franks, jefe del Comando Central de Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre las víctimas civiles.
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Pero la Comisión sobre Seguridad Humana, que supervisa el Proyecto para el Recuento de Víctimas en Iraq, estimó que entre 5.000 y 7.000 civiles murieron en el ataque.
La Campaña por las Víctimas Inocentes de Conflictos (CIVIC) concluyó en base a sus encuestas puerta a puerta en Iraq que entre 5.000 y 10.000 personas murieron en el conflicto.
Sí, un número es importante, pero no tanto como el reconocimiento de que cada unidad representa una vida, declaró Marla Ruzicka, de CIVIC.
En todo conflicto bélico, el número de civiles muertos es crítico, porque puede ayudar a determinar si los militares respetaron las convenciones de Ginebra, que establecen normas internacionales de conducta en guerra, dijo a IPS Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales.
La cantidad de civiles muertos en conflicto no puede estar fuera de proporción respecto del objetivo militar. La declaración de Franks (sobre las víctimas civiles) equivale a decir que las leyes de guerra no se aplican a Estados Unidos, señaló.
Ratner opinó que el gobierno de Estados Unidos debe ser llevado ante una comisión internacional de crímenes de guerra y obligado a rendir cuentas por la muerte de civiles en Iraq.
La semana pasada, un abogado belga inició una acción judicial en Bruselas acusando a Franks de crímenes de guerra, en representación de 19 iraquíes, supuestas víctimas de bombas de racimo y otros ataques de Estados Unidos.
La acción se basa en una ley que permite a tribunales belgas juzgar a extranjeros por crímenes de guerra.
Esta semana, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), rechazó la versión de Estados Unidos sobre el ataque del mes pasado a un hotel de Bagdad en que se alojaban la mayoría de los periodistas independientes que cubrían el conflicto.
Estados Unidos alegó que el ataque del 8 de abril al hotel Palestina, que dejó como saldo dos periodistas muertos, respondió a disparos de francotiradores desde lo alto del edificio, pero luego de una investigación, el CPJ concluyó que no hubo tales disparos.
La familia de José Couso, el periodista español que falleció en el ataque, presentó una demanda contra tres soldados estadounidenses por crímenes de guerra y asesinato.
La demanda, basada en una disposición del Estatuto de Roma (que dio origen a la Corte Penal Internacional), podría ampliarse para incluir a otras personas, advirtió Pilar Hermoso, abogada de la familia de Couso.
Pero el fiscal principal del alto tribunal a cargo del caso, Eduardo Fungairiños, declaró que se opone a la demanda, lo que implica una demora de 15 días antes de que se decida si el caso será juzgado.
Es claro que se cometieron crímenes de guerra en Iraq, opinó James Jennings, presidente del grupo Conciencia Internacional.
En primer lugar, las fuerzas estadounidenses mataron deliberadamente a numerosos civiles en sus masivos bombardeos de instalaciones no relacionadas con objetivos militares, como ministerios, hospitales, escuelas y viviendas.
En segundo lugar, dijo Jennings a IPS, los militares utilizaron una fuerza desproporcionada al bombardear tiendas, residencias y mezquitas.
El uso de toneladas de municiones con uranio empobrecido, que causa defectos genéticos en la siguiente generación, y de 1.500 bombas de racimo que mataron y mutilaron a numerosos niños, podrían ser clasificados como crímenes de guerra, agregó.
El Comité de Abogados por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional exhortaron a establecer una comisión de expertos para investigar crímenes de guerra antiguos y recientes cometidos en Iraq.
Pero dado que Estados Unidos y Gran Bretaña son miembros permanentes con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayoría de los grupos de derechos humanos dudan que el organismo cree un tribunal de crímenes de guerra para Iraq.
Sin embargo, la cuestión de las responsabilidades en Iraq podría determinar las perspectivas de paz y estabilidad en ese país, advirtió Michael Posner, director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Humanos.
Mientras, una coalición de más de 150 grupos pacifistas y de derechos humanos expresó decepción porque la resolución del Consejo de Seguridad que levantó este mes las sanciones internacionales contra Iraq no se refirió a la cuestión de los crímenes de guerra.
Hemos enviado cartas al Consejo y a miembros de la Asamblea General sobre los crímenes de guerra y la matanza de civiles y periodistas por parte de militares estadounidenses, informó Rob Wheeler, de la Coalición Unidos por la Paz.
