El proyecto de reforma de la previsión social que discute el parlamento de Brasil no reduce las desigualdades originadas en el mercado laboral, ni extiende la protección social a los excluidos, según grupos por los derechos de la mujer.
La propuesta gubernamental de enmienda constitucional en la materia no es neutra en la cuestión de género, sino que mantiene excluidas del sistema previsional a mujeres que son la mayoría de las personas que trabajan, afirman feministas.
Esas mujeres son, por una parte, cinco millones de empleadas domésticas, y por otro las trabajadoras en su propio hogar que no reciben remuneración por tareas clave para la sociedad, como cuidar a niños y enfermos, dijo a IPS Guacira Cesar de Oliveira, codirectora del Centro Femenista de Estudios y Asesoría (CFEMEA).
La reforma tendrá además gran impacto negativo en la población activa femenina, ya que su objetivo básico es restringir los beneficios de los empleados públicos, uno de los pocos sectores formales donde las trabajadoras son mayoría, añadió.
Por ejemplo, 80 por ciento de las personas empleadas por el gobierno del meridional estado de Sao Paulo se dedican a la enseñanza, una categoría profesional en que las mujeres suman más de 90 por ciento, indicó la activista.
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CFEMEA, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Brasilia, demanda una reforma a partir del concepto más amplio de seguridad social, que comprende asistencia social y salud, además del sistema de jubilaciones y pensiones.
Los recursos para ese sistema ampliado procederían de varias fuentes, entre ellas impuestos a las utilidades netas de las empresas, y no sólo de contribuciones relacionadas con los propios ingresos de los trabajadores, como en el sistema vigente de previsión.
Según expertos consultados por la ONG, eso cubriría con creces el actual déficit de ese sistema, invocado por el gobierno para promover la reforma, y también permitiría, junto con otras ”medidas de inclusión”, crear mecanismos para reducir las desigualdades y la marginación de millones de personas.
La propuesta gubernamental, planteada después de tres meses de debates en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, compuesto de 82 representantes de la sociedad, admite perseguir fines fiscales. Se trata, según las autoridades, de reducir el déficit del sistema, para evitar su colapso a largo plazo.
Ese déficit, de unos 23.500 millones de dólares el año pasado, según datos oficiales, es el principal rubro negativo en las cuentas del gobierno, sin contar los intereses de la deuda pública.
Por eso las autoridades arguyen que la reforma permitirá al país tener una economía mas confiable para los inversores y en condiciones de crecer.
El blanco de la enmienda constitucional en trámite parlamentario son los funcionarios públicos, que en la actualidad se jubilan con una prestación igual al último sueldo recibido en actividad, mientras los trabajadores del sector privado tienen el beneficio fijado de acuerdo a sus contribuciones, y limitado a un máximo de 520 dólares.
La reforma busca combatir esa desigualdad, según el ministro de Previsión Social, Ricardo Berzoini.
La divulgación de que miles de jubilados del sector público ganan más que el presidente del país y los jueces de la Corte Suprema contribuyó a un fuerte respaldo popular a las medidas propuestas, en contraposición a la natural resistencia de los trabajadores estatales.
El proyecto gubernamental establece que los jubilados de empleos públicos también empiecen a aportar al sistema de previsión, y que los trabajadores tomados por el Estado tras la aprobación de la enmienda tengan el mismo tope jubilatorio que los del sector privado.
Quienes pretendan mejor remuneración al retirarse tendrían que que participar en fondos de pensión complementarios.
Además, la edad mínima para la jubilación aumentaría, de 48 a 55 años para las mujeres, y de 53 a 60 años para los hombres.
Tal reforma no incluye medidas para combatir las desigualdades de género en el mundo del trabajo, y tampoco la informalidad que creció en las dos últimas décadas, se quejó la directora de CFEMEA.
En Brasil, las mujeres aún ganan salarios inferiores a los de hombres en funciones idénticas. En el Estado, ellas son 57,7 por ciento de las personas empleadas, pero pocas llegan a los cargos más altos, y lo mismo ocurre en el sector privado, donde sólo 20 por ciento de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres, observó Oliveira.
Además, ellas son mayoría en el mercado informal de trabajo, sin derechos laborales ni perspectivas de jubilación, que abarca a 40,7 millones de personas, o sea 57 por ciento de la población económicamente activa, según el Ministerio de Previsión y Asistencia Social.
Sin una ”reforma inclusiva”, que amplíe sus metas bajo el concepto de seguridad social, para reducir la informalidad, reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas y de las dueñas de casa, el sistema previsional seguirá reproduciendo las desigualdades que afectan a la sociedad brasileña y a las mujeres en particular, sentenció De Oliveira.
