El gobierno de Australia enfrenta crecientes presiones de activistas y jueces para detener el tráfico de mujeres desde Asia y reducir la prostitución forzada.
La publicación de un informe judicial sobre la muerte de una mujer tailandesa de 27, presuntamente llevada a Australia a los 12 para trabajar en la industria sexual, refuerza los argumentos de los defensores de los derechos de las mujeres y los trabajadores sexuales.
Phuongtong Simaplee fue arrestada en una redada en un burdel, mientras sufría los efectos de una sobredosis de drogas. En septiembre de 2001, murió en un centro de detención para inmigrantes indocumentados —no en un hospital— asfixiada con su propio vómito.
El informe de Carl Milovanovich, juez de instrucción del estado de Nueva Gales del Sur, puso de relieve la tragedia de la vida y muerte de Simaplee y de miles de mujeres como ella.
Existen pruebas de que mujeres jóvenes son introducidas en este país con identificación falsa, sólo para ser explotadas y forzadas a trabajar en burdeles, afirmó Milovanovich al publicar su informe, el 24 de abril.
El juez exhortó a las autoridades a utilizar todos los medios que sean necesarios para erradicar el tráfico de mujeres.
Aunque la prostitución es legal en Australia, la policía realiza redadas en burdeles de Sidney con el propósito de capturar a prostitutas extranjeras que no poseen documentos legales de residencia.
Desde julio de 2002, fueron encontradas 134 de esas mujeres. La cifra sería apenas la punta de un iceberg, según los datos recabados por Kathleen Maltzahn, coordinadora de Project Respect, un grupo de Melbourne que defiende los derechos de los trabajadores sexuales.
En cualquier momento dado, hay en Australia unas 1.000 mujeres trabajando en burdeles a cambio de poco o ningún dinero, porque deben retribuirle a las organizaciones criminales que las trajeron desde el sudeste asiático, principalmente de Tailandia, afirmó Maltzahn, que investiga el tráfico sexual.
Muchas mujeres también llegan a Australia por voluntad propia, para poder pagar deudas que tienen en sus países de origen, explicó Jeffrey Dabbhadatta, del grupo Sex Workers Outreach Project (SWOP), con sede en Sidney.
Pero al llegar, no pueden encontrar trabajo legal en la prostitución y suelen ser explotadas por grupos criminales que les consiguen visa de turista o estudiante, agregó. Una visa de estudiante permite trabajar 20 horas a la semana.
Sripan (nombre ficticio) tiene 35 años, es divorciada y tiene un hijo adolescente. Visitó Australia en 2002 por tres meses para ver a unos amigos tailandeses, que la presentaron al dueño de una casa de masajes, contó a IPS.
Este año, regresó con una visa turística, luego de recibir una promesa de trabajo. Algunas pagan 40.000 dólares australianos (25.600 dólares estadounidenses) a un agente para venir aquí, pero yo no pagué nada, dijo Sripan.
Me gustaría quedarme un año para ahorrar dinero y poder darle educación a mi hijo, añadió.
SWOP pidió al gobierno que emita visas de trabajo de 12 meses para los trabajadores sexuales, así como se hace en otros programas patrocinados por empleadores, pero es improbable que las autoridades consideren esta opción.
El ministro de Inmigración, Philip Ruddock, dijo que no otorgará residencia permanente a mujeres que hayan sido traídas desde otros países y explotadas sexualmente.
Sin embargo, esas visas permitirían a las mujeres atestiguar contra traficantes sin temor a represalias en sus países de origen, señalaron Pru Goward, comisionado federal de Discriminación Sexual, y grupos de activistas como Project Respect.
Investigaciones realizadas por los diarios The Australian y Daily Telegraph revelaron que el tráfico de mujeres está muy difundido en Australia pese a la introducción en los últimos tres años de duras leyes contra el trabajo sexual forzado.
Una ley aprobada en 1999 pena con un máximo de 25 años de prisión la práctica de la esclavitud sexual. Forzar a alguien a la prostitución conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, y la contratación engañosa, siete años.
Desde que las nuevas leyes entraron en vigor, nueve casos de esclavitud sexual fueron remitidos a la policía para su investigación.
Pero el Telegraph descubrió en abril que continúan las subastas secretas de mujeres asiáticas en habitaciones de hoteles de Sidney, por entre 30.000 y 50.000 dólares estadounidenses.
Luego, las mujeres son obligadas a prostituirse durante 12 meses o más para saldar la deuda con sus compradores.
Una ex prostituta y actual activista contra la esclavitud sexual, Linda Watson, declaró al diario que tales subastas se realizan todos los días.
Los activistas señalan que la estrategia arresto-deportación del gobierno ignora la necesidad de registrar las declaraciones de las trabajadoras sexuales ilegales sobre quiénes las trajeron a Australia y los abusos que sufrieron.
Pru Goward exhortó a Ruddock a detener la penalización de las víctimas de los traficantes, en lugar de ayudarlas a librarse de las organizaciones criminales que las mantienen cautivas.
El ministro de Justicia, Chris Ellison, señaló que es difícil atrapar a los traficantes porque las víctimas se resisten a brindar las pruebas necesarias.
Pero Maltzahn replicó que se les reclama demasiado a las mujeres a cambio de muy poco. Se les pide que den el gran paso de atestiguar sin otorgarles ninguna protección, señaló.
Para llegar a la raíz del problema —los traficantes y sus redes— es necesario instrumentar un sistema de protección a cambio de información, exhortaron los activistas.
De lo contrario, advirtieron, los semanarios suburbanos de Sidney continuarán publicando anuncios de jóvenes asiáticas que ofrecen servicios de masajes, sin señal alguna del crimen organizado que las puso en esa situación. (
