Hubo un tiempo en que muchos periodistas de Argentina bromeaban con no pronunciar el nombre del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), porque traía mala suerte. Algunos incluso adulteraron su apellido a ”Méndez”.
Curiosamente, los dos mandatos consecutivos de Menem están jalonados por un reguero de muertes violentas o extrañas de investigadores y periodistas demasiado curiosos, de testigos molestos o de involucrados, cuya caída podía arrastrar a protagonistas de los más graves delitos de corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero de la historia argentina.
Asesinatos, ”suicidios”, ”accidentes” e ”infartos” vinculados a hechos ilícitos en los que, indefectiblemente, aparecen miembros del clan familiar de Menem, sus colaboradores más íntimos, sus amigos y ex ministros de sus gobiernos.
Ahora, la mala suerte parece haber alcanzado su batalla electoral, pues todas las encuestas indican que no logrará imponerse en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo frente al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.
Sería la primera derrota en la carrera política de Menem. Sin embargo, cuatro años después de haber dejado la presidencia aún continúa reteniendo parte del control sobre la justicia, que forjó desde el poder.
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El gobierno de Menem logró en 1990 controlar la Corte Suprema de Justicia, al ampliar de cinco a nueve la cantidad de sus miembros y reemplazar a varios magistrados que no le eran afines, un esquema que se mantiene hasta hoy. Le siguieron medidas similares en el ministerio público y en todos los organismos de contralor del Estado.
La lista de muertes extrañas comienza con el interventor de la Aduana Rodolfo Etchegoyen, cuyo cuerpo apareció el 13 de diciembre de 1990 con un balazo en la cabeza. La investigación de ese caso fue cerrada como ”suicidio”, pero sus hijos aún intentan probar que fue asesinado.
Etchegoyen había renunciado el 7 de noviembre de ese año, tras llegar al cargo apadrinado por el hoy también fallecido Alfredo Yabrán, un cuestionado empresario relacionado con el gobierno de entonces.
Al parecer, el narcotráfico fue demasiado para Etchegoyen. ”Ante la droga, me paro”, había dicho poco antes de su muerte, y su afirmación no era infundada.
El tráfico de drogas y otros delitos eran rampantes a través del depósito fiscal que controlaba en la aduana precisamente Yabrán, así como el lavado de dinero en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde actuaba el ex esposo de la entonces cuñada del presidente, Amira Yoma.
En agosto de 1994 fue muerto de un balazo en la nuca mientras viajaba en un tren el subcomisario Jorge Gutiérrez, quien investigaba el depósito fiscal de Yabrán y la firma de despachantes aduaneros Defisa, parte del esquema de contrabando, conocido en los tribunales como la ”aduana paralela”.
El despachante aduanero José Gussoni denunció irregularidades en la compra del sistema informático María, destinado a poner coto a la ”aduana paralela”. Su auto se estrelló contra un camión. La justicia lo consideró muerte dudosa.
A fines de febrero de 2003 apareció el cadáver del subcomisario Jorge Luis Piazza, con una bala en la nuca. Era testigo en la investigación por la muerte de Gutiérrez.
Pero se registraron otros fallecimientos extraños en la década del 90.
Entre 1991 y 1995, Menem y varios de sus ministros firmaron tres decretos secretos autorizando ventas de armas a Panamá y Venezuela.
Pero los verdaderos destinos eran otros: Croacia, inmersa en la guerra de secesión de la ex Yugoslavia, sobre la que regía un embargo internacional de la Organización de las Naciones Unidas, y Ecuador, enfrentado militarmente con Perú por disputas fronterizas y por lo cual Argentina jugaba un papel de mediador.
En noviembre de 1995 explotó la fábrica de municiones de la empresa estatal Fabricaciones Militares, en la central ciudad cordobesa de Río Tercero. Con ella desaparecieron tres barrios, murieron siete personas y 350 resultaron heridas.
Tras varios años en la pista falsa del accidente, los tribunales pudieron establecer que la voladura fue provocada para ocultar huellas del contrabando a Croacia y Ecuador.
También se relacionó con el caso la caída de un helicóptero en 1996, que mató a sus ocupantes: el general Juan Carlos Andreoli, interventor de Fabricaciones Militares, y el coronel Rodolfo Aguilar, que había denunciado la venta de armamento.
Vicente Bruzza, técnico de la fábrica de Río Tercero responsable de denunciar irregularidades en torno a la explosión, murió de un infarto en 1997.
Francisco Callejas, otro técnico de Fabricaciones Militares que había viajado a Croacia a calibrar los cañones contrabandeados, padeció un derrame cerebral en junio de 1998.
En agosto de 1998, el capitán de navío retirado Horacio Estrada, indagado por el contrabando de fusiles a Ecuador, apareció muerto en su apartamento, con un balazo en la sien izquierda. Era diestro.
En septiembre del mismo año murió de un presunto paro cardíaco el subadministrador de la Aduana de Buenos Aires, Carlos Alberto Alonso, quien había sido el encargado de los controles durante los embarques de armas a Croacia. Los tribunales aguardaban su testimonio.
También Yabrán fue hallado muerto con la cabeza destrozada por un escopetazo en mayo de 1998, cuando se cerraba el cerco en torno suyo por el asesinato en enero de 1997 del periodista José Luis Cabezas.
Este periodista fue asesinado tras publicar fotografías sobre corrupción policial y empresarial e imágenes del propio Yabrán, cuyo rostro era hasta entonces desconocido para la opinión pública. Las pistas de la investigación llevaron a policías venales, a delincuentes y finalmente al empresario.
Otra muerte de este extraño reguero fue la de Marcelo Cattaneo, vinculado a los sobornos de la compañía estadounidense IBM para obtener contratos del estatal Banco Nación, quien apareció colgado de una antena en la ciudad universitaria de Buenos Aires, el 4 de octubre de 1998.
Cattaneo tenía negocios con el secretario general de la presidencia, Alberto Kohan. La familia no creyó en el suicidio.
También las actividades terroristas gozaron del beneficio de la impunidad. En 1992 una explosión acabó con la sede de la embajada de Israel, donde murieron 29 personas.
En 1994, un coche-bomba arrasó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y mató a 85 personas.
Tras muchos años de investigaciones fallidas, nuevos elementos vincularon a Menem con el estancamiento del caso de la AMIA. Según el testimonio de un ex funcionario del gobierno iraní, el ex presidente habría recibido dinero de Irán para frenar el proceso.
Pero la inseguridad jurídica alcanzó tal grado en la década de gobierno de Menem que ni su propia familia pudo escapar a sus efectos.
La muerte del hijo de Menem y la tenebrosa operación para ocultar sus verdaderas razones se convirtieron así en paradigma de la impunidad en un régimen democrático.
Carlos Menem hijo, conocido como ”Junior”, murió en marzo de 1995, cuando cayó el helicóptero que pilotaba. Se hallaron dos cuerpos, pero testimonios aseguraron que había una tercera acompañante.
Doce personas vinculadas al caso, caratulado como accidente, murieron en circunstancias inverosímiles. Eran todos los testigos e investigadores cuyos testimonios o pruebas exponían un escenario diferente: que el helicóptero cayó tras ser baleado desde tierra.
Zulema Yoma, la madre de Junior, no avaló nunca la tesis del accidente y sugirió que la muerte de su hijo estaba enlazada a las voladuras de la embajada y la AMIA. ”Este fue el tercer atentado”, dijo.
Pese a muchos obstáculos, por el contrabando de armas fueron procesados ministros, militares y el propio Menem, el cual fue acusado de ser jefe de una asociación ilícita y puesto bajo arresto domiciliario en junio de 2001.
Pero de allí y del ostracismo político lo rescató un fallo providencial de la Corte Suprema de Justicia, que le abrió el camino a su actual candidatura presidencial.
Las encuestas parecen indicar que la era menemista finalizó. Pero la inseguridad jurídica continúa.
El 1 de marzo de este año, cayó de un décimo piso Lourdes Di Natale, ex secretaria del ex cuñado de Menem, Emir Yoma, y testigo central en el juicio por el contrabando de armas. Sus pulcras agendas habían sido elementos concluyentes para los procesamientos de su jefe y de Menem.
Di Natale, que estaba a punto de declarar en el juicio por la explosión de Río Tercero, había denunciado amenazas, pero ahora las autoridades dudan que su muerte se deba a una caída accidental o suicidio.
El destino parece no estar a favor de Menem en este trance electoral. Quizás su mala estrella permita inaugurar una nueva era para el Poder Judicial argentino. Pero hará falta más que buena suerte.
