Treinta mil indígenas demandaron en Ecuador a la corporación petrolera ChevronTexaco por daños ambientales. Si ganan, la justicia de Estados Unidos se encargará de que la compañía pague la compensación de hasta 1.000 millones de dólares.
Se trata de un caso cuyo resultado podría elevar en gran medida el poder de los tribunales de los países en desarrollo en las demandas contra corporaciones multinacionales.
La querella fue introducida en un tribunal del poblado petrolero de Lago Agrio. Los indígenas acusaron a ChevronTexaco de destruir sistemáticamente el ambiente de sus tierras selváticas ancestrales al arrojar miles de millones de litros de desechos y crudo entre 1971 y 1972.
Los querellantes también indicaron que la compañía abrió 350 vertederos de basura a pocos metros de sus viviendas, y que con esas actividades enfermaron y mataron a cientos de personas y de animales en las últimas tres décadas.
El caso fue analizado por tribunales estadounidenses en la última década, pero ahora se presentó en el marco de una nueva ley ecuatoriana que obliga a las compañías explotadoras de recursos minerales que actúen en el país a pagar por el costo de limpiar la contaminación que causen sus operaciones.
ChevronTexaco, con sede en el sudoccidental estado de California, insistió en que cumplió con todas las obligaciones que establece la ley ecuatoriana al pagar unos 40 millones de dólares en las tareas de limpieza que concluyeron en 1998.
No hemos visto la demanda, por lo que no podemos comentarla. De todos modos, creemos que las declaraciones de los abogados demandantes son atroces e irresponsables y carecen de base, dijo el portavoz de la empresa Chris Gidez.
Desde que iniciaron sus acciones legales hace un decenio, los querellantes no presentaron ninguna evidencia creíble e independientemente sustanciada para respaldar sus alegatos, agregó Gidez.
En agosto, un tribunal federal de apelaciones estadounidense decidió que el caso debería ser procesado en Ecuador, pero que el fallo definitivo y el castigo financiero que eventualmente se imponga en el país latinoamericano tendrían fuerza legal también en Estados Unidos.
Además, si los querellantes no tuvieran éxito en Ecuador, podrían proseguir con su demanda en tribunales estadounidenses, agrega el fallo.
Esta decisión sin precedentes parece diseñada para impedir que las empresas multinacionales se aprovechen de la debilidad de los sistemas judiciales de los países en desarrollo, donde los procedimientos se prolongan.
Por otra parte, en los casos en que el fallo no es del agrado de las compañías, éstas suelen afirmar que no gozaron de debido proceso y se niegan a pagar las indemnizaciones fijadas.
Pero al retener su jurisdicción los tribunales estadounidenses, las empresas verán muy reducido su margen de maniobra.
Este caso podría establecer nuevas normas de responsabilidad para las compañías petroleras estadounidenses que creen poder operar en el extranjero sin asumir prácticas ambientales adecuadas, dijo el principal abogado del equipo querellante, Cristóbal Bonifaz.
Esta es una batalla de 'David contra Goliath'. Pero el tribunal federal estadounidense niveló el campo de juego al indicar que un pequeño tribunal en un poblado de Ecuador tiene el mismo poder que una corte federal en Manhattan en un caso contra una corporación multinacional de 99.000 millones de dólares. Eso, por sí solo, ya es un avance, dijo Bonifaz.
Empresas de petróleo, gas y mineras de Estados Unidos son muy criticadas por el daño social y ambiental que ocasionan sus operaciones en América Latina, como el oleoducto OCP en Ecuador y el proyecto gasífero Camisea en Perú.
Un tribunal nicaragüense ordenó en enero a la compañía petrolera británico-holandesa Shell Oil, a la firma agrícola estadounidense Dole Food y a la química Dow Chemical el pago de 500 millones de dólares a 450 trabajadores que fueron expuestos a un pesticida que los dejó impotentes.
Las firmas se negaron hasta ahora a pagar la indemnización.
Trabajadores y comunidades de toda América Latina introdujeron demandas judiciales contra grandes corporaciones como Dole Food, Shell, Dow Chemical, Occidental Chemical, Del Monte Fresh Produce y Chiquita Brands International.
Según los querellantes, ChevronTexaco arrojó durante 20 años 500 millones de barriles de agua sucia que contenía petróleo y metales pesados cancerígenos.
Lo hecho por ChevronTexaco en la selva ecuatoriana no fue solo negligencia, sino conducta temeraria, sostuvo otro abogado de la demanda.
Tres comunidades indígenas —las cofan, secoya y siona— fueron sumamente golpeadas por las actividades de la petrolera. Muchos indígenas contrajeron cáncer y murieron, y la mayoría de los ríos están tan contaminados que la población cofan se redujo de 15.000 a menos de 300 desde 1971.
Mientras, ChevronTexaco alega que su subsidiaria Texaco Petroleum Company era socia minoritaria en un consorcio conducido por la estatal PetroEcuador.
