Decenas de miles de latinoamericanos y caribeños infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) carecen de acceso a medicamentos que frenan el avance del sida, y el paso del tiempo les quita posibilidades de sobrevivir.
”No tenemos tiempo”, fue un alerta reiterada en el Foro Comunitario realizado durante el II Foro en VIH/Sida (síndrome de inmunodeficiencia humana)/ITS (infecciones de transmisión sexual) de América Latina y el Caribe, que comenzó el lunes en La Habana y terminará este sábado.
En 2001, los medicamentos antirretrovirales, de eficacia probada en el mundo industrializado para frenar el desarrollo del sida, no estaban al alcance de unas 55.600 personas que los necesitaban en Belice, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
Según cálculos de la asociación Agua Buena Pro Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en aquel año sólo 6.000 personas tenían acceso a ese tipo de medicamentos en los 11 países estudiados.
La cantidad de personas necesitadas de tratamiento antirretroviral podría ser mayor en esos países, ya que el estigma social que acompaña al sida determina que parte de la población infectada por el VIH prefiera mantener oculta esa condición.
De acuerdo con fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, en 2001 unas 170.000 personas de la región recibían tratamiento con antirretrovirales, la mayoría de ellas en Brasil, que asegura acceso gratuito esos medicamentos a quienes los necesitan, al igual que Argentina, Costa Rica, Cuba y Uruguay.
La combinación de diferentes drogas antirretrovirales es la fórmula más efectiva existente para mejorar la calidad de vida de los enfermos de sida, frenar el avance del VIH sobre el sistema inmunitario y, por ende, reducir la mortalidad.
Alrededor de 600 integrantes de redes y organizaciones de personas que viven con VIH en unos 30 países de la región denunciaron la falta de voluntad política de la mayoría de los gobiernos para garantizar el acceso a ese tipo de tratamiento.
También criticaron la forma en que en muchas naciones del área manejan los escasos fondos con que cuenta el Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH/Sida (Onusida), la irregularidad de la ayuda, y las diferencias entre países.
Según Onusida, en América Latina y el Caribe no se invierte ni la mitad de los 1.140 millones de dólares necesarios para frenar la epidemia de VIH/sida, que afecta a 1,9 millones de personas en la región.
La perspectiva de perder cuatro o más años en un juicio por acceso a medicamentos es muy poco alentadora para una persona infectada por el VIH.
Por eso, Agua Buena promueve la más expedita presentación de demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En respuesta, la Comisión ha solicitado a varios gobiernos de la región la aplicación de medidas cautelares que suponen la provisión inmediata de protección moral y física a los demandantes, lo cual significa en estos casos acceso a tratamientos.
”Hay evidencia suficiente de que no se han llevado a cabo esas acciones o, si se hacen, son lentas y burocráticas”, indicó el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales (Lacasso), en un informe difundido en el foro.
Han sido aprobadas medidas cautelares a favor de 392 personas necesitadas de antirretrovirales, pero en sólo 13 casos se han hecho efectivas, según ese informe.
En Bolivia se aprobaron en octubre medidas cautelares para 52 personas, pero de ellas ya ”han fallecido 10 que nunca alcanzaron a tener los medicamentos”, denunció Daniel Ruiz, de Bolivia.
Guillermo Murillo, directivo de Agua Buena, consideró una ”vergüenza” el caso de República Dominicana, donde se aprobaron medidas cautelares para 128 personas y, luego de mucha presión, el gobierno dio medicamentos a 10, para sólo tres meses.
Según expertos sanitarios, hay unos 170.000 habitantes de República Dominicana infectados por el VIH, de los cuales 25.000 necesitan tratamiento antirretroviral, pero sólo 200 tienen acceso a él por diversas vías, incluida la compra de medicamentos por valor de unos 1.000 dólares mensuales.
Ese país es uno de los más afectados por la epidemia en el Caribe, ya que la tasa de infección es de 2,2 a 2,5 por ciento de la población, según la Red Dominicana de Personas que Viven con el VIH/sida.
Sin embargo, sólo seis personas de República Dominicana reciben tratamiento antirretroviral parcial, mediante el Programa Nacional de Sida, las embarazadas con VIH carecen de él, y no hay programas para huérfanos debido al sida.
”De mi grupo de apoyo murieron tres compañeros mientras esperaban los medicamentos que nunca llegaron”, dijo a IPS Petronila Brazoban, una de las dominicanas para las cuales fueron aprobadas las medidas cautelares.
Brazaban lleva 13 de sus 40 años viviendo con VIH. ”Nunca he tomado una pastilla, y tengo mucho miedo que me pase lo que a otras personas. Que empiece un tratamiento y no pueda seguirlo. Es un gran riesgo”, afirmó.
El Foro 2003 da continuidad a uno similar realizado en noviembre de 2000 en Brasil, con el fin de promover el diálogo entre organizaciones y redes de personas que viven con VIH, instituciones públicas y privadas y agencias de cooperación.
