IRAQ: Juristas y activistas investigarán crímenes de guerra

Una coalición multinacional de juristas y grupos de la sociedad civil investigará supuestos crímenes de guerra en Iraq y presentará sus conclusiones a la nueva Corte Penal Internacional (CPI) u otros organismos judiciales.

La medida fue motivada por el anuncio de Washington de que planea establecer su propio tribunal para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad en el país que invadió junto a Gran Bretaña el 20 de marzo.

”Los abogados no reconocemos el principio de la 'justicia de los vencedores', es decir, que sean sólo los iraquíes y el (depuesto) régimen de Saddam Hussein los que deban ser juzgados por crímenes de guerra”, declaró Phil Shiner, del grupo Public Interest Lawyers (Abogados por el Interés Público), de Birmingham, Gran Bretaña.

”En esta nueva era en que tenemos una Corte Penal Internacional y la vinculación del código penal internacional a la Convención de Ginebra, consideramos importante que todas las partes del conflicto respeten esas normas”, dijo a la prensa.

Las fuerzas de Estados Unidos fueron condenadas por organizaciones de derechos humanos por usar bombas de racimo y uranio empobrecido, que tienen un efecto devastador sobre los civiles, y también por atacar objetivos civiles y oficinas de periodistas.
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La primera fase de la iniciativa de la coalición tendrá lugar el 24 y 25 de mayo, cuando cinco juristas internacionales se reunirán en Londres con el fin de establecer criterios para determinar lo que constituye ”crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión”.

Unos tres meses después, los expertos se reunirán en Roma para decidir si existen pruebas suficientes de que se cometieron crímenes de guerra en Iraq. Posteriormente, el grupo presentaría las eventuales pruebas a la CPI u otro organismo judicial internacional.

Un obstáculo importante para el proceso de la CPI es que Washington no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen al organismo en julio del año pasado.

Sin embargo, Gran Bretaña sí firmó el Estatuto, por lo tanto podría ser acusada de crímenes de guerra si surgen pruebas, incluso por un estado no miembro del tratado, explicó Shiner.

”En términos prácticos, nada impide que la fiscalía de la CPI tome nuestro informe… como punto de partida para una investigación”, agregó.

Podría argumentarse que las fuerzas de Estados Unidos están sujetas a la jurisdicción de la CPI porque muchos de sus aviones despegaron de suelo británico, sugirió Michael Ratner, del Center for Constitutional Rights (Centro por los Derechos Constitucionales), de Nueva York.

No obstante, la coalición reconoció que éste es un punto polémico.

Ratner señaló que la coalición preferiría que un tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigara y juzgara los supuestos crímenes.

Sin embargo, admitió que dicha propuesta sería vetada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos y Gran Bretaña son miembros permanentes, con poder de veto.

”Lo que más nos preocupa es que Estados Unidos haya anunciado que juzgará crímenes de guerra, pero sólo los presuntamente cometidos por Iraq”, declaró Ratner.

”No sabemos aún si se cometieron crímenes de guerra allí, pero hay aspectos muy preocupantes que merecen ser investigados”, agregó.

La coalición, que también tiene miembros en Canadá, Australia e Italia, afirmó que la invasión encabezada por Estados Unidos violó normas jurídicas internacionales.

”Se trata de las normas más básicas de justicia acordadas luego de la segunda guerra mundial, e incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra”, señaló Richard Normand, director ejecutivo del Center for Economic and Social Rights, (Centro de Derechos Económicos y Sociales), de Nueva York.

El hecho de que Washington haya decidido pasar por alto el derecho internacional, arrogándose el derecho a decidir lo que es moral hacer en tal o cual país, sienta un precedente peligroso, advirtió.

Normand recordó que el primer ministro de India sostuvo que su país tiene el derecho legítimo a usar la doctrina de la ”guerra preventiva” contra Pakistán, y previno que la misma doctrina podría ser usada por Israel contra Palestina y en otros casos.

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