Cuba acentuó la distancia con los gobiernos partidarios de cuestionar la situación humanitaria en este país y señaló que la ejecución de tres secuestradores de una lancha fue una medida indeseada, pero ineludible y ajustada a las leyes vigentes.
El gobierno de Fidel Castro prevé la aprobación de una moción de censura contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
El debate sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que debía realizarse este miércoles, fue pospuesto 24 horas para dar tiempo a la introducción de enmiendas propuestas por Costa Rica y la propia delegación de La Habana.
Costa Rica planteó, ante las detenciones de disidentes y los ajusticiamientos, endurecer la moción presentada por ese mismo país, Nicaragua, Perú y Uruguay, que exhortaba a las autoridades cubanas a recibir a la jurista francesa Christine Chanet, representante personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Por su parte, Cuba exige levantar de inmediato el bloqueo unilateral e ilegal contra este país, dispuesto por Washington a comienzos de los años 60, y solicita a la ONU que evalúe los efectos de los actos terroristas contra la isla lanzados desde Estados Unidos.
Condenarnos en Ginebra a base de groseras presiones es lo que han venido haciendo los dueños del mundo durante casi 15 años consecutivos, señalaron las autoridades cubanas en una nota divulgada el martes por la noche.
El comunicado acusa a Estados Unidos de ejercer chantajes de toda índole, para sentar nuevamente a La Habana en el banquillo de los acusados.
Las autoridades cubanas aseguran sistemáticamente que Washington promueve resoluciones de censura para justificar el embargo contra este país, que fuera ampliado y codificado en un solo cuerpo legal en 1996 mediante la denominada ley Helms-Burton.
El imperio (estadounidense) ha generado en Ginebra una atmósfera de franca persecución y terror contra los diplomáticos de los países miembros de la comisión, añade la declaración, que también fustiga a la Unión Europea (UE) por sumarse servilmente a la burda maniobra de Estados Unidos para condenar a Cuba.
En ese sentido, señaló especialmente a España y Gran Bretaña, a los que tildó de sargentos políticos del gobierno estadounidense de George W. Bush.
El Reino Unido (Gran Bretaña) se encarga de apoyar el chantaje de Estados Unidos a algunos países africanos, mientras que España lo hace con ciertos países latinoamericanos, señaló.
Es la segunda ocasión en menos de un mes que el gobierno de Castro arremete contra la postura de la UE hacia Cuba, cuya adhesión al Acuerdo de Cotonou que regula la cooperación entre ese bloque europeo y los países del Grupo de Africa, Caribe y el Pacífico (ACP) está aún pendiente.
El canciller Felipe Pérez Roque recriminó el 9 de este mes a la UE la falta de una posición independiente hacia su país, al responder a la preocupación del bloque por el arresto de más de 70 opositores, sentenciados entre los días 7 y 10 a penas de hasta 28 años de cárcel.
Desde el punto de vista de la UE, la ofensiva contra los disidentes, a quienes el gobierno considera mercenarios al servicio de Estados Unidos, y las ejecuciones del día 11 de tres secuestradores de una embarcación amenazan con estancar el diálogo político entre el bloque europeo y La Habana.
Así mismo, podría llevar a la UE a desaprobar el ingreso cubano al Acuerdo de Cotonou, eventualidad a la cual Pérez Roque restó importancia.
A nuestro país no se le puede chantajear ni presionar, subrayó, para precisar luego que su país pidió esa adhesión a solicitud de las naciones caribeñas y no por el dinero europeo.
La UE ha votado tradicionalmente en bloque a favor de las resoluciones adversas al gobierno cubano en Ginebra, una actitud que La Habana califica de alineamiento con Washington.
Algunos sectores de la oposición cubana, consideraron virtualmente segura una nueva condena en Ginebra, aunque alertaron que tendrá poco impacto en la isla, debido a la polarización política de ese escenario.
El país del norte (Estados Unidos) es quien ha encabezado históricamente las condenas contra Cuba, aún cuando en los últimos años las mociones comenzaron a ser copatrocinadas por otros países, precisó a IPS el activista opositor Manuel Cuesta Morúa.
En su opinión, la coincidencia entre las detenciones de opositores y la ejecución de los tres asaltantes de una embarcación de pasajeros con el inicio de las sesiones en Ginebra indican el menosprecio gubernamental hacia la Comisión.
Es también una manera de menospreciar a la comunidad internacional siempre que no responda a su visión del mundo, señaló Cuesta Morúa, quien insistió en que en todo el mundo hay controversia en torno a los derechos humanos.
No veo por qué entonces Cuba no puede ser parte de esa controversia, opinó el activista, que lidera la Mesa de reflexión de la oposición moderada y es partidario de que Estados Unidos ceda protagonismo en las discusiones de Ginebra.
Desde 1991 hasta ahora, sólo en 1998 la diplomacia cubana logró derrotar una resolución en su contra, lo cual dejó sin efecto el nombramiento de un relator especial para el caso cubano.
Al año siguiente, Cuba fue censurada nuevamente por una moción que impulsaron Hungría y República Checa, dos naciones ex socialistas y otrora aliadas de La Habana.
Observadores señalaron en ese momento que la pérdida del espacio ganado en el foro de Ginebra se debió a señales de endurecimiento interno semejantes a las actuales, entre otras, la promulgación de la ley de protección de la soberanía y la economía interna.
La resolución aprobada entonces objetó expresamente ese decreto, aplicado por primera vez en el caso de los disidentes recientemente encarcelados por delitos contra la seguridad del estado cubano.
Esa sesión de 1999 también estuvo precedida del juicio contra el llamado grupo de los cuatro, encabezados por Vladimiro Roca, condenados a penas, ya cumplidas, de tres y medio a cinco años de cárcel.
La única mujer del cuarteto, Martha Beatriz Roque, fue arrestada nuevamente en marzo y sentenciada a 20 años de prisión.
Cuba se considera un modelo de respeto de los derechos humanos por su política social y el acceso en igualdad de condiciones de sus ciudadanos a los servicios de salud, educación, empleo y seguridad social.
Sin embargo, no existe el mismo tratamiento hacia determinados derechos civiles. La libertad de asociación y de reunión está restringida por el régimen de partido único y se prohíbe la prensa opuesta al gobierno.
