La mayor parte de los Estados de América Latina no justifican el endurecimiento del gobierno de Cuba contra los disidentes, y las críticas a La Habana suben de tono, incluso desde filas izquierdistas.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunida en Ginebra para su periodo anual de sesiones, Venezuela fue la única de 11 naciones latinoamericanas que respaldó este jueves las posiciones de La Habana, en una votación ejercida por 53 países.
Pero la otra cara de la moneda es que Brasil y Argentina, dos de los mayores países de la región, se abstuvieron de votar la moción sobre Cuba aprobada en esa Comisión, considerada blanda en medios diplomáticos, que no contiene una condena expresa, y ni siquiera menciona duras medidas represivas adoptadas en la isla en las últimas semanas.
Veinticuatro Estados apoyaron en ese organismo una resolución propuesta por gobiernos de América Latina, que insta al régimen cubano a aceptar la visita de Christine Chanet, representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya misión es evaluar el respeto a los mismos en la isla.
La Habana reiteró tras la votación su decisión de no recibir a Chanet.
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Hubo 20 votos en contra y nueve abstenciones ante esa propuesta, presentada por Costa Rica, Perú y Uruguay.
La Habana interpretó ese resultado como un ejemplo del sometimiento de varios de sus vecinos a Washington, y muchos países latinoamericanos quedaron a mayor distancia del gobierno de Fidel Castro, contra el cual se expresaron incluso figuras de izquierda tradicionalmente alineadas con Cuba.
Las autoridades cubanas llamaron a quienes impulsaron y votaron la resolución viles lacayos del imperio, miserables títeres de Estados Unidos y modelos de abyección y traición, mediante comunicados y el diario oficialista Granma.
Esos epítetos respondieron a posiciones de gobiernos latinoamericanos en Ginebra, pero también a otras críticas contra acontecimientos de este mes en Cuba.
Un grupo de 75 opositores cubanos arrestados en marzo fueron sometidos a juicios sumarios y recibieron condenas a prisión que suman más de 1.500 años. El viernes, tras un proceso sumarísimo, fueron fusiladas tres personas que lideraron el secuestro de una lancha y sus pasajeros, con la frustrada intención de llevarla a Estados Unidos.
Esos procesos judiciales se realizaron sin presencia de periodistas independientes u otro tipo de observadores.
Cuba cree que Washington inició la construcción de la logística de una intervención bélica en su contra, y decidió afrontarla a sabiendas del costo político internacional que eso implica, dijo a IPS el sociólogo alemán Heinz Dieterich, afincado en México y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Castro busca arrebatar a Washington la iniciativa estratégica para pelear la guerra que considera próxima, afirmó Dieterich, autor de varios libros sobre Cuba, algunos de ellos escritos junto con funcionarios de la isla.
Los temores de La Habana se basan en el éxito de la guerra de Washington y Londres contra Iraq, sin aprobación de la ONU, en la reducción de visas para que cubanos viajen a Estados Unidos, en el aumento del activismo opositor y en el creciente protagonismo del jefe de la Sección de Intereses de Washington en Cuba, James Cason.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y el Parlamento Internacional de Escritores, condenaron con dureza las recientes medidas represivas de La Habana.
Lo mismo hicieron conocidos escritores izquierdistas iberoamericanos como el portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura, y el uruguayo Eduardo Galeano.
Saramago declaró perdida su confianza en el gobierno de Castro, y Galeano sostuvo que en Cuba emergen signos de decadencia de un modelo de poder centralizado.
La mayoría de los gobiernos de América Latina ni siquiera mencionan en la actualidad la posibilidad de que Estados Unidos invada Cuba, manejada infinidad de veces en el pasado, y consideran injustificable el endurecimiento contra los opositores.
Brasil se abstuvo de votar la resolución sobre La Habana en Ginebra, pero indicó que está muy preocupado por los juicios sumarios de disidentes y la aplicación de la pena de muerte en Cuba, y que se lo hará saber de forma clara al gobierno de Castro.
En el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la cuestión cubana originó divisiones.
El diputado Fernando Gabeira, quien estuvo exiliado en la isla, pidió a Brasilia una condena firme de los fusilamientos y los ataques a disidentes, pero su par Paulo Delgado, subsecretario de Relaciones Internacionales del PT, afirmó que ese partido es amigo de Cuba y no considera a su gobierno una dictadura.
También se dividió, en Uruguay, la coalición izquierdista opositora Encuentro Progresista-Frente Amplio, en la cual algunos partidos expresaron repudio a los fusilamientos y otros reiteraron que apoyan absolutamente todas las medidas del gobierno de Fidel Castro, aunque todos reivindicaron en términos históricos su solidaridad con la revolución cubana.
México, tradicional aliado de Cuba, decidió apoyar por segundo año consecutivo una resolución crítica sobre La Habana en Ginebra. El gobierno del presidente Vicente Fox manifestó luego en un comunicado honda preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla.
El Senado chileno aprobó el miércoles una resolución de condena a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, y en particular a los tres fusilamientos y los arrestos de opositores.
La moción fue presentada por un partido derechista, pero obtuvo respaldo de todos los demás, incluyendo a los de la coalición centroizquierdista gobernante.
El único partido chileno de cierta importancia que respaldó al régimen cubano fue el Comunista, que no tiene representación en el parlamento y cuyo apoyo electoral en los últimos comicios fue menor a cuatro por ciento.
Para La Habana, el gobierno de México y el de Chile, que también votó la moción aprobada en Ginebra, son hipócritas y actúan con doble moral.
Cuba alega que la diplomacia de esos países no es congruente, porque ambos se opusieron en el Consejo de Seguridad de la ONU a los planes de guerra de Estados Unidos contra Iraq, pero votaron junto con Washington para sentar a La Habana en el banquillo de los acusados.
El gobierno de Argentina también expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba, pero se abstuvo de votar la moción aprobada en Ginebra, al igual que Brasil, por considerar ambos países que ese organismo ha politizado sus pronunciamientos sobre el gobierno de Castro.
Costa Rica, que propuso sin éxito endurecer la resolución sobre Cuba en Ginebra, anunció que impulsará posiciones críticas contra La Habana en varios foros internacionales, pues entiende que hay deterioro de los derechos humanos en la isla.
El canciller costarricense, Roberto Tovar, sostuvo que su país no puede permanecer callado y dejar de señalar la ola represiva que sufren cientos de cubanos, víctimas de las recientes encarcelaciones, juicios sumarios y ejecuciones.
* Con aportes de corresponsales de IPS en América Latina y Ginebra.
