La parafernalia y el brillo que marcaron la firma en México de un plan de desarrollo agrícola entre gobierno y agricultores contrasta con su contenido, muy distante de la prometida revolución agraria.
El presidente Vicente Fox proclamó este lunes ante más de 1.000 invitados, entre ellos varios líderes campesinos, que la firma del Acuerdo Nacional para el Campo implica el comienzo de una nueva era para el sector, que concentra 75 por ciento de la pobreza del país.
Por su parte, el secretario (ministro) de Gobierno (Interior), Santiago Creel, apuntó que con este plan se salda una deuda histórica con los ocho millones de agricultores, quienes aportan hoy cinco por ciento del producto interno bruto (PIB), tres veces menos que hace 30 años, según estadísticas oficiales.
Pero la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), que se negó a firmar el acuerdo, entiende que el programa es superficial, una opinión compartida por varios analistas.
A su vez, Rafael Galindo, representante del Congreso Agrario Permanente, vinculado al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) que sí firmó el documento, entiende que con el pacto no hemos cambiado la realidad de la pobreza. Este acuerdo no implica cesar la lucha campesina, advirtió.
En el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito luego de cuatro meses de diálogo y movilizaciones campesinas, se destacan las promesas del gobierno en varios rubros, pero en general no se especifica de dónde saldrán los recursos para atenderlas ni cuándo se lo hará.
Algunos de los puntos del acuerdo son sensatos, pero la mayoría son una reiteración de buenas intenciones y planes anteriores, dijo a IPS Sergio Maestre, profesor de derecho agrícola en la privada Universidad La Salle.
En el acto de firma del acuerdo en el Palacio Nacional, la histórica sede del gobierno, estuvieron presentes dirigentes campesinos vinculados a grupos de corte agrario del PRI y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
En la ceremonia participaron más de 10 oradores y un numeroso público donde se vieron muchos gobernadores estaduales, políticos y algunos campesinos. Es un hecho histórico, dijo con énfasis Fox.
El Acuerdo Nacional por el Campo mexicano es fruto de un amplio proceso incluyente, respetuoso y plural, generado desde las entrañas mismas de la sociedad rural y apoyado por una presidencia que se abre a la sociedad, que escucha sus demandas, que acepta sus propuestas y que responde con compromiso, añadió.
Según el nuevo plan, el gobierno entregará a mediano plazo ayuda emergente al sector campesino por 1.800 millones de dólares, una cifra que se agregará al presupuesto anual estatal para el campo, estimado en unos 11.700 millones de dólares.
También se distribuirán una parte de los 700 millones de dólares procedentes de los excedentes de las exportaciones de petróleo, originados en el aumento del precio por barril en los mercados internacionales.
El convenio incluye el compromiso del gobierno de apoyar la producción agrícola y su comercialización, así como la solución de cerca de 30.000 conflictos agrarios relacionadas con límites entre estados, comunidades, colonias agrarias y propiedades privadas.
Además, el desarrollo de los sistemas de salud para el sector campesino, mejora en la educación rural, más vivienda y respaldos especiales a mujeres y ancianos, entre otros.
Sin embargo, los cambios revolucionarios que prometían gestionar las organizaciones campesinas ante el gobierno no aparecieron en el acuerdo.
Por ejemplo, no se suspenderán los acuerdos de libre comercio de productos agrícolas con Estados Unidos y Canadá, socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
A cambio, el gobierno prometió que negociará con sus socios medidas de salvaguardia para proteger al frijol y el maíz mexicano, que deben entrar al libre comercio en 2008, y que revisará el resto del libre comercio agrícola.
En 1982, cuando México comenzó a aplicar políticas de apertura comercial, la importación anual de alimentos costaba 7.790 millones de dólares y en 2001 había aumentado a más de 11.000 millones de dólares, destacó el investigador José Luis Calva, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Alrededor de 20 por ciento de los trabajadores mexicanos residen en el campo, mientras que en Estados Unidos esa proporción es apenas de 2,6 por ciento. No obstante, la productividad por hectárea estadounidense es 16 veces mayor que la de México, según estudios.
En Estados Unidos, el promedio de subsidio estatal a los agricultores es de 122 dólares por hectárea, mientras que en México apenas llega a 53 dólares por hectárea. Según se desprende del nuevo acuerdo para el campo, esa situación no cambiará mucho.
Grupos y organizaciones agrícolas alegan que debido al TLCAN México importa en la actualidad 95 por ciento de la soja que consume, 58,5 por ciento del arroz y 40 por ciento de la carne.
Respecto de la libre comercialización de los productos agrícolas en el mercado interno y la instauración de un sistema de precios controlados, tampoco hubo ningún cambio en el nuevo plan para el campo.
Lo mismo sucedió con la demanda de frenar la importación y el consumo de productos transgénicos y el pedido de amnistiar a campesinos acusados de diversos delitos.
En el tintero quedó también la exigencia de aprobar una ley sobre derechos y cultura indígenas, con contenido afín a las reivindicaciones del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asentado en el meridional estado de Chiapas.
De hecho, entre las organizaciones firmantes del acuerdo, no hubo ninguna que represente a los indígenas, cuya población vive mayoritariamente en el campo y representa 10 por ciento de los 100 millones de mexicanos.
Datos oficiales, además, señalan que 90 por ciento de los 25 millones de campesinos mexicanos viven en la pobreza.
Los problemas en el campo persistieron y se agravaron pese a la revolución agrarista de comienzos del siglo XX, que causó la muerte de cerca de un millón de personas, y tras 71 años de gobiernos del PRI, partido que invoca la herencia y defensa de aquella revolución y que perdió su primera elección en 2000.
A pesar del optimismo del gobierno, este acuerdo es parcial y general y aún queda por verse si realmente se cumplirá, sostuvo Maestre.
En las negociaciones con el gobierno participan varios grupos, entre los que se destacan la Confederación Nacional Campesina y el Consejo Agrario Permanente, ligados al opositor PRI, y la alianza de organizaciones campesinas El Campo No Aguanta Más.
Aunque participaron en las negociaciones se negaron a firmar el acuerdo la Unorca y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.
