Unos 25.000 hombres, mujeres y niños aún trabajan como esclavos en el campo de Brasil, pese a las persistentes denuncias de organizaciones humanitarias y a la promesa del nuevo gobierno de erradicar esa práctica en los próximos cuatro años.
Pero el trabajo esclavo no es exclusivo del capitalismo rezagado, como lo demostró La Hacienda Senor, una propiedad de capitales belgas en el septentrional estado de Maranhao que según las autoridades empleaba más de 200 trabajadores en condiciones de esclavitud.
Esa situación salió a luz en octubre gracias a una supuesta arbitrariedad adicional cometida por administradores de ese establecimiento rural, quienes recurrieron a la policía local para desalojar de sus casuchas a 30 hombres, mujeres y niños que trabajaban en la propiedad, acusándolos de robo.
Esas personas, expulsadas sin sus bienes ni el pago de sus sueldos, pernoctaron algunas noches en las calles de Açailandia, un municipio vecino de 90.000 habitantes, hasta que pidieron ayuda al Centro de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), una organización no gubernamental local.
El CDDH acogió al grupo por tres semanas, pero luego tuvimos que ocultarlos en un campamento del Movimiento de los Sin Tierra ante las amenazas de que fueron víctimas, contó a IPS Carmen Bascarán, la misionera laica española que dirige el grupo humanitario y vive en la región hace ocho años.
Las informaciones aportadas por los expulsados motivaron una acción del llamado Grupo Móvil de Inspección del Ministerio de Trabajo, que descubrió en la hacienda a 200 personas sometidas a régimen de esclavitud, es decir sin los derechos laborales y atados a los patrones por deudas acumuladas por medio de fraudes.
La firma fue procesada y debió pagar los derechos escamoteados de esos 200 trabajadores, pero no reconoció los correspondientes a los despedidos. Sólo un tercio de éstos recibió parte de los sueldos adeudados, señaló Bascarán. Algunos trabajaron dos años y no recibieron más que 400 reales (130 dólares), añadió.
Pero representantes de la empresa belga aseguraron a IPS que resultaron infundadas todas las denuncias en su contra sobre esclavitud y trabajo infantil.
La única irregularidad comprobada fue que la hacienda no había respetado las reglas de seguridad con respecto a la recolección de pimientos, por lo cual debió pagar una multa.
La Hacienda Senor, una extensión enorme en la que se producen pimientos y frutas, sujetaba a esos empleados mediante un supuesto endeudamiento, un mecanismo utilizado en varias zonas rurales de Brasil para mantener los empleados avasallados e impedidos de dejar la propiedad.
Los trabajadores, en lugar de recibir sueldos, acumulan deudas por el suministro del transporte que los llevó a la hacienda, las casuchas o tiendas en que viven, los alimentos que consumen e, incluso, por la utilización de instrumentos de trabajo.
En algunos casos también acumulan como deuda con la empresa el tiempo en que estuvieron en una casa de huéspedes a la espera del trabajo.
Todo eso les es cobrado a precios arbitrarios, con lo cual los gastos superan los ingresos que, por su parte, se reducen por otros ardides.
En el establecimiento de la empresa belga, por ejemplo, los trabajadores no podían presenciar la medición de lo que habían cosechado y que determinaría sus ingresos.
La historia narrada con detalles por Bascarán se repite en muchas empresas, en especial en el estado de Pará, vecino a Maranhao.
El Ministerio del Trabajo y la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT), una organización de la Iglesia Católica brasileña, calculan que existen unos 25.000 trabajadores forzados en el país.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores que asumió el cargo el 1 de enero, prometió dar prioridad al combate contra el trabajo esclavo en el campo.
La meta es erradicar este problema del país en los próximos cuatro años, afirmó el ministro del Trabajo, Jacques Wagner.
Hay voluntad política y eso se refleja en los 953 trabajadores liberados en el primer trimestre de este año, lo cual equivale a 60 por ciento del resultado obtenido en 2002, comentó a IPS la responsable de Comunicación de esa cartera laboral, Sonia Carneiro.
Otra medida que se espera sea eficaz es la anunciada suspensión de créditos por parte de instituciones públicas a empresas agrícolas que emplean trabajo forzado.
Sin embargo, el problema tiene raíces muy profundas, como ocurre en la producción de carbón vegetal para las cinco industrias siderúrgicas de Açailandia.
Estas empresas no asumen la responsabilidad ante los empleados, aunque tengan las carbonerías bajo su control, nombrando sus dueños y sustituyéndolos con frecuencia para que los trabajadores no tengan a quién reclamar sus derechos, acusó Bascarán.
Además, las carbonerías emplean mucha mano de obra infantil, otra llaga brasileña que afecta a 5,4 millones de jóvenes entre cinco y 17 años, 296.000 de los cuales son menores de nueve años, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Las inspecciones del Grupo Móvil contra el trabajo esclavo mejoraron mucho en los últimos meses, debido a la acción coordinada con fiscales, jueces y con la Policía Federal, destacaron la misionera Bascarán y fraile Henri des Roziers, responsable de la CPT en Xinguara, municipio del sur de Pará.
Las operaciones del Grupo son bien hechas, pero el problema es que son escasas y ocurren muchos días después de recibir las denuncias, lo cual a veces afecta su eficacia, lamentó Des Roziers en diálogo telefónico con IPS.
Así, las denuncias presentadas el año pasado por los propios trabajadores e instituciones diversas apuntaron la existencia de 5.559 personas en condiciones de esclavitud, pero sólo lograron ser liberadas casi 30 por ciento.
Además, los hacendados y empresarios sorprendidos en flagrante irregularidad son sólo obligados a pagar los derechos y regularizar la relación de empleo. Es decir, tienen que cumplir la ley, pero no sufren una punición efectiva, y eso es insuficiente como disuasión, advirtió Des Roziers.
Tanto es así que 27 de las 117 haciendas denunciadas en el estado de Pará el año pasado eran reincidentes.
Hay latifundistas que reincidieron 10 veces en 15 años, una situación que revela la total impunidad frente al trabajo esclavo rural, acotó.
Des Roziers opinó que sólo penas con prisión y multas reales podrían disuadir a los hacendados de cometer estos delitos contra sus trabajadores, pero eso nunca se materializa por la lentitud y otras limitaciones de la Justicia.
