Gobiernos locales de Indonesia defienden la ley islámica (shariá) como herramienta para combatir los delitos y la corrupción, aprovechando su creciente independencia del poder central tras la caída del dictador Alí Suharto (1967-1998).
Indonesia es el país con la mayor comunidad musulmana del mundo, constituida por 88 por ciento de sus 218 millones de habitantes. La presidenta Megawati Sukarnoputri inició en 2001 un proceso de descentralización por el cual los 357 distritos están a cargo de la mayoría de los servicios del gobierno.
Algunas administraciones locales impusieron entonces la shariá con el objetivo de resolver problemas sociales que la ley secular no combatía con eficacia. No obstante, las autoridades distritales y provinciales aún carecen de la fuerza política necesaria para asegurar su aplicación.
En los primeros meses de imposición de la shariá en los distritos de Cipanas y Garut, las normas islámicas se respetaron a rajatabla. Todas las empleadas públicas comenzaron a vestir velo y el descanso semanal pasó del domingo al viernes, día de oración para los musulmanes.
Las administraciones de la región especial de Aceh, la provincia de Sulawesi Sur y los distritos de Cianjur y Ciamis también decidieron aplicar la ley islámica, y casi de inmediato cerraron todos los prostíbulos, centros nocturnos y discotecas.
Pero los turistas y las inversiones se alejaron de esas localidades. El imperio de la shariá duró menos de seis meses. Pronto retornaron los negocios turísticos, así como las actividades condenadas por los religiosos.
Seguiremos presionando para que se cierre el centro turístico (de Cipanas), pues su funcionamiento contradice la ley islámica. El gobierno local había decidido aplicar la shariá y ahora debe imponerla, afirmó Syaifuttamam, líder musulmán que trabaja en el gobierno de Garut, en la provincia de Java Occidental.
Los religiosos están indignados por la proliferación de centros nocturnos, pero saben que de ellos depende gran parte de la economía de la localidad.
Como musulmán, coincido en que se debe imponer la shariá. Pero si eso significa que perdamos el trabajo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo seguir leyes religiosas si no soy capaz de subsistir para aplicarlas?, afirmó Maman Jamaluddin, empleado de un hotel de Cipanas.
Muchas personas respetadas vinieron a mí y me pidieron que pusiera en práctica la shariá. Su insistencia se ganó mi apoyo, señaló el jefe del gobierno de Garut, Dede Satibi, quien, de todos modos, admitió que carece de los recursos necesarios para controlar el respeto de la ley islámica.
Syaifuttaman, que también preside la junta de una escuela musulmana en Cipanas, reconoció que la aplicación de la shariá carece de apoyo público, incluso entre los propios musulmanes.
Se dicen musulmanes, pero no quieren que la ley islámica gobierne sus vidas. No están preparados para cumplir sus obligaciones, afirmó.
Por su parte, el vicepresidente del Comité para la Aplicación de la Shariah en Indonesia, Asep Hidayat, dijo que el mundo tiene la percepción de que la ley islámica es cruel, y que muchos musulmanes también lo creen.
La shariá es vista como una suerte de obligación moral porque la gente no está en verdad preparada para ella, opinó el académico Moeflich Hasbullah, investigador del Instituto de Estudios Religiosos e Institucionales, con sede en Bandung, en Java Occidental.
Hasbullah fue categórico sobre los alcances de la shariá y sus requisitos.
La shariá es mucho más que usar el velo, orar cinco veces al día e ir a la mezquita los viernes. Los musulmanes han reducido la ley islámica a esos elementos, pero debemos estudiar cómo aplicar la shariá en los sistemas bancarios, al mercado, afirmó.
De otra manera, se referirán a la ley islámica como algo de la Edad Media, que no tiene importancia, añadió Hasbullah.
Syaifuttaman fustigó a algunos gobiernos locales por su falta de compromiso con la aplicación de la shariá. La policía protege los centros nocturnos y los locales de apuestas. No están dispuestos a hacer que se respete la ley, afirmó.
En Garut, los delitos como robo y asesinato son juzgados bajo la ley ordinaria y no por la shariá, pues Indonesia es un país oficialmente laico.
La creciente inclinación de las administraciones regionales indonesias a imponer la ley islámica expresa la frustración ante la corrupción en la sociedad y el deseo de contar con un sistema jurídico que funcione, sostuvo el experto en shariá de la Universidad Islámica de Bandung Jain Mubarok.
No se trata de una genuina aspiración a aplicar la shariá sino de una expresión de desilusión hacia las leyes vigentes. Los criminales huyen con facilidad, entonces muchos piensan que la shariá, el sistema legal más familiar para ellos, es la alternativa, explicó Mubarok.
Hasbullah coincide, y señala que el deseo de aplicar la shariá procede en particular de elites políticas y religiosas desilusionadas con las autoridades.
La campaña por la shariá es una explosión de libertad psicológica masiva luego de más de tres décadas bajo el opresivo régimen de Suharto, sostuvo. (
