Portugal se sumó esta semana a políticas europeas restrictivas de la inmigración, al implantar un sistema selectivo para autorizar la residencia de trabajadores extranjeros, en función de las necesidades del país.
La nueva ley de inmigración aprobada el miércoles obligará a esos trabajadores a pedir visas en los consulados de Portugal en el exterior, los que a su vez recibirán información de Lisboa sobre el tipo de oficios y profesiones que el país necesita.
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá información detallada de los municipios de todo el país, que determinarán las necesidades de mano de obra en sus respectivas comarcas, para fijar el número de visas que concederán los consulados.
La nueva ley estipula también la rápida expulsión administrativa de los inmigrantes irregulares, lo que ha causado protestas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Antes se podía ingresar al país como turista, con estadía autorizada por 90 días, y solicitar luego la residencia. Ahora sólo podrán quedarse a trabajar quienes pidan una visa para ello antes de viajar.
En Portugal se levanta el muro de la 'Europa Fortaleza', donde la idea es aprovechar la miseria humana, convirtiendo a los trabajadores extranjeros en 'descartables', tal como los encendedores a los que se le acaba el gas, dijo a IPS José Falcao, presidente de la ONG SOS-Racismo.
En los años 60 y 70, cuando los franceses se negaban a hacer ciertos trabajos, éstos eran encomendados a los inmigrantes portugueses. Ahora somos nosotros los que movemos el péndulo de las cuotas de trabajadores extranjeros, según las labores que no deseamos realizar, añadió.
Falcao y dirigentes políticos de izquierda piden regularizar la situación de todos los extranjeros que ya trabajan en el país, pero el gobierno conservador no parece dispuesto a ceder, y anunció que pronto iniciará los procesos de expulsión de unos 50.000 inmigrantes irregulares.
El ministro del Interior, Antonio de Figueiredo Lopes, afirmó el miércoles que el actual panorama nacional no muestra señales optimistas para la apertura de nuevos lugares en el mercado de trabajo, por lo que sería una irresponsabilidad, y perjudicial para los propios trabajadores legales, no tomar medidas punitivas.
A eso se suma que ya hay en Portugal 15.000 inmigrantes que reciben subsidios del fondo de desempleo, y que esa cantidad sin precedentes es un pesado fardo para el Estado, añadió.
En situación particularmente delicada se encuentra un número indeterminado de ciudadanos rumanos, en su inmensa mayoría de la etnia gitana, que no están integrados en los ciclos productivos.
Las calles de las mayores ciudades del país se han llenado de rumanos nómades que mendigan, y la mayor parte del dinero que reciben va a parar a redes clandestinas de explotación de mujeres y niños, según revelaron varios procesos judiciales en los últimos meses, contra jefes de grupos mafiosos de ucranianos, rusos, moldavos y rumanos.
Hasta 1998, residían en Portugal unos 150.000 inmigrantes, casi todos provenientes de ex colonias del país en que se habla portugués: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé-Principe, Timor Oriental y los ex enclaves de Goa, Diu y DamFo en India, y de Macao en China.
Pero la afluencia al país de grandes sumas de dinero aportadas por la Unión Europea (UE), destinadas a infraestructura para alcanzar el promedio de ese bloque, lo llenó de obras en construcción que atrajeron a trabajadores de países ex socialistas, en especial ucranianos, rusos, moldavos, rumanos y búlgaros.
Según estimaciones del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), en la actualidad hay en Portugal más de 600.000 trabajadores extranjeros, muchos de ellos inmigrantes irregulares, víctimas de mafias de Europa oriental.
En los últimos tres años, esas mafias han extendido sus actividades hasta Portugal, el país mas occidental del continente, de 10 millones de habitantes y 89.000 kilómetros cuadrados.
Los inmigrantes procedentes de Brasil y Cabo Verde, tradicionalmente las mayores comunidades de residentes extranjeros, ya fueron ampliamente superados por los ucranianos, que son en la actualidad los más numerosos.
Según datos del SEF, hasta el 31 de octubre de 2002 tenían autorización de permanencia en el país 436.215 extranjeros, 60.280 de ellos ucranianos.
A fines del año pasado, el consulado de Ucrania en Lisboa calculó que por lo menos debía multiplicarse por tres ese número, para incluir a los inmigrantes irregulares.
En enero, los agentes del SEF afirmaron que su número y sus recursos eran insuficientes para impedir el ingreso de inmigrantes irregulares.
ONG humanitarias locales han acusado en varias ocasiones a muchos empresarios inescrupulosos de contratar a inmigrantes irregulares para no pagar contribuciones a la seguridad social.
Ese procedimiento tiene bajo riesgo para el empleador, porque si se descubre la ilegalidad, el trabajador clandestino es expulsado, y su patrón portugués sólo paga una pequeña multa.
La situación de los inmigrantes llegó a tal punto de precariedad que el presidente Jorge Sampaio decidió ocuparse del problema personalmente y de la forma más directa e impactante posible, mediante la llamada Presidencia abierta, una gira de una semana por el país para escuchar a los ciudadanos sobre determinado asunto.
El anterior presidente, Mario Soares (1986-1996), fue el primero que aplicó ese recurso.
Desde el domingo hasta este jueves, Sampaio visitó los municipios con mayor concentración de extranjeros, escuelas para aprender portugués, centros deportivos, viviendas para personas con escasos recursos y empresas consideradas modelo en el trato a trabajadores extranjeros.
El presidente, jefe de Estado pero no de gobierno, se mostró partidario de una mayor coordinación de esfuerzos entre entidades estatales y municipios para resolver los problemas de los inmigrantes.
De esa manera, todos tienen algo que ganar, dijo en alusión a la necesidad de destinar más fondos gubernamentales a las alcaldías.
El hecho más destacado de la gira se registró el martes en Vila Nova de Gaia, 300 kilómetros al norte de Lisboa, cuando el presidente encontró a Julieta Dupont, una médica cubana de 26 años, que en vez de vestir una bata blanca de hospital, lucía el uniforme amarillo y azul de una empresa de estacionamiento de automóviles.
Dupont explicó a Sampaio que no fue autorizada a ejercer su profesión, pese a la escasez de médicos en Portugal.
En España, primer país al que llegó la joven tras salir de Cuba, su título profesional fue reconocido de inmediato, aunque los médicos abundan. Pero en Portugal viven el marido, los padres y la hermana de Dupont.
Visiblemente molesto y soprendido, Sampaio dijo no comprender por qué España aceptó su título y nosotros no.
Habrá otras cosas criticables, pero si hay una cosa en que yo confío plenamente en Cuba, es en los médicos, comentó el presidente. (
