Someter a juicio político al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no es una idea descabellada para el ex secretario de Justicia Ramsey Clark, que consagró a los 75 años todo su empeño para hacerla realidad e impedir una guerra contra Iraq.
Quizás las probabilidades no sean tan altas, pero creo (que la campaña) podría ser exitosa, dijo Clark, entrevistado por IPS en su oficina en el barrio neoyorquino de Manhattan. La principal dificultad: encontrar un legislador que proponga el juicio político en la Cámara de Representantes.
Pero analistas políticos consideran que esta iniciativa, así como muchas otras de carácter legal y constitucional para impedir la guerra, carecen de viabilidad, aunque las dificultades no impiden el intento.
Clark sostuvo que, en las actuales circunstancias, el juicio político parece ser lo mínimo para cualquiera que pretenda un gobierno constitucional íntegro. Al fin y al cabo, agregó, ésa es la meta que persigue esta herramienta legal.
Clark fue secretario (ministro) de Justicia entre 1967 y 1969, en las postrimerías de la presidencia de Lyndon B. Johnson, del hoy opositor Partido Demócrata.
Su nombre es recordado por sus choques con el poderoso director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), J. Edgar Hoover, quien ocupó el cargo entre 1924 y su muerte en 1972. Clark impidió que el FBI grabara las conversaciones telefónicas del líder de los derechos civiles de la minoría negra Martin Luther King.
La propuesta de juicio político no se limita a Bush, sino a otros funcionarios, como el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el de Justicia, John Ashcroft.
Acciones como la amenaza de invadir Iraq, la guerra en Afganistán en 2001 y diversas violaciones de los derechos civiles, tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero, configuran una amplia gama de delitos, según Clark.
El presidente Bush es acusado de crímenes contra la paz, contra la humanidad y de guerra. Ningún otro crimen constituye una amenaza mayor a la Constitución de Estados Unidos, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la vigencia de las leyes y el futuro de la humanidad, escribió Clark.
El juicio político debe ser propuesto por un integrante de la Cámara de Representantes, cuyo plenario tiene que aprobarla luego de su paso por los comités. Luego, el Senado toma el juicio a su cargo.
De acuerdo con la iniciativa de Clark, el juicio político podría ser contra múltiples funcionarios. En última instancia, el Congreso (legislativo) deberá redactar sus propios artículos. Yo no los urgiría a limitarse. Deberán estudir los hechos, dijo.
El principal objetivo de la campaña Vote to Impeach (vote por el juicio político) es impedir la invasión a Iraq. Si la guerra comenzara dentro de dos semanas, frenarla sería muy improbable. Pero si se posterga hasta el otoño (boreal), creo que la campaña podría ser una tremenda inhibición, explicó.
El juicio político tiene potencial, y, aun si no ocurre, creo que es importante poner la idea y la preocupación en el público tanto como sea posible antes del hecho (la guerra) más que después.
El director legal del no gubernamental Centro de Derechos Constitucionales, Jeff Fogel, coincidió en que advertir sobre la pertinencia de un juicio político es positivo, pero fue menos optimista sobre el resultado de ese proceso.
Está sobreentendido que las posibilidades del juicio político son limitadas. Es muy, muy, muy improbable con el actual Congreso, afirmó Fogel.
El partido de gobierno, el Republicano, tiene la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado, una situación que se ha dado en periodos muy excepcionales de la historia estadounidense.
Aun si suficiente público manifiesta apoyo a la medida, no creo que haya legisladores que tengan el coraje para proponerla, sostuvo Fogel. Al menos, no muchos.
Pero el sitio en la red informática mundial Internet de la campaña por el juicio político, en http://www.votetoimpeach.org, obtuvo 50.000 manifestaciones de adhesión. Los votantes en línea deben establecer al pronunciarse el nombre del legislador de su distrito. Todos los congresistas serán luego notificados del resultado.
En febrero, Clark pronunció un discurso frente a 200.000 personas en una manifestación contra la guerra en Washington.
Varias organizaciones e individuos, entre ellos legisladores opuestos a la guerra contra Iraq, apelan a diversos recursos legales y constitucionales para impedir que el gobierno convierta la amenaza de guerra en una realidad.
Una docena de diputados demócratas, 15 familiares de militares convocados al frente y tres soldados anónimos introdujeron una demanda judicial en la cual advierten que el presidente Bush no tiene facultades para declarar por sí mismo una guerra contra Iraq, sin una declaración formal del Congreso.
La Asociación de Veteranos de la Guerra del Golfo, en la cual 34 países encabezados por Estados Unidos se enfrentaron en 1991 con Iraq, pidió la renuncia de Rumsfeld por su supuesta participación en ventas de armas biológicas a Iraq en los años 80.
El profesor de Derecho de la Universidad de Illinois Francis Boyle también inició una campaña por el juicio político contra el gobierno. Boyle colaboró con Clark en una campaña similar durante la guerra del Golfo: el hoy fallecido legislador Henry B. González introdujo la propuesta en la Cámara de Representantes.
La iniciativa no prosperó. Pero el entonces presidente George Bush, padre del actual mandatario, escribió en sus memorias que temía el juicio político, recordó Boyle.
Las dos campañas tienen el mismo objetivo y apelan a recursos similares, pero ninguna de ellas cuenta aún con un legislador que pueda proponer el juicio político.
