La mayor parte del mundo quedó fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra crímenes de guerra y genocidio que comenzó a funcionar esta semana en la ciudad holandesa de La Haya. Además, pasarán años antes de que el tribunal pueda emitir algún fallo.
El Estatuto de Roma promovido por la ONU y constitutivo de la CPI, fue firmado por 139 países pero apenas lo ratificaron 89. Entre ellos no figuran muchas de las naciones asoladas por conflictos cuyos responsables serían candidatos naturales a sentarse en el banquillo.
La Corte sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar crímenes de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.
Para colmo, nadie sabe con certeza cómo hará el cuerpo para hacer cumplir sus órdenes de detención y de traslado de acusados.
Los 18 magistrados del tribunal asumieron sus cargos el lunes. El fiscal será designado en los próximos dos meses. La Corte tiene entre 50 y 60 funcionarios, pero necesitaría 200 sólo para establecerse, lo que insumirá un año o dos, y entre 500 y 600 cuando comience a atender casos, según observadores.
El tribunal internacional especial para los crímenes de guerra en Yugoslavia cuenta con 900 empleados y el constituido para los de Ruanda, varios cientos.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, pero su adhesión no duró mucho tiempo.
El gobierno de George W. Bush envió en mayo del año pasado una carta a los funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a cargo de organizar el tribunal: Informamos que Estados Unidos no pretende convertirse en parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de julio de 1998.
Representantes de Washington argumentaron que participar en la Corte dejaría a militares estadounidenses en el extranjero expuestos a acusaciones por motivaciones políticas, lo cual socavaría la guerra internacional declarada por el gobierno de Bush contra el terrorismo.
Los cuatro países más poblados del mundo (China, con 1.300 millones, India, con 1.060, Estados Unidos, con 290, e Indonesia, con 217), así como Pakistán, Corea de Norte, Iraq e Israel, y la mayoría de las naciones bajo regímenes militares, optaron por quedar fuera de la jurisdicción del tribunal.
Pero el único oponente realmente importante es el gobierno de Bush, dijo a IPS desde La Haya el activista William Pace, presidente de la Coalición para la Corte Penal Internacional integrada por 2.000 organizaciones no gubernamentales.
Veinte países firmantes del Estatuto de Roma acordaron con Washington, luego de recibir fuertes presiones, acuerdos de inmunidad según los cuales no podrían acusar a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional.
El embajador de Estados Unidos en Holanda no asistió este lunes a la inauguración del tribunal en La Haya. Mientras, otros países adhirieron al tratado en medio de terribles conflictos, dijo Pace, entre ellos Afganistán, Colombia y República Democrática de Congo.
Se prevé que la mayoría de los casos que atenderá el tribunal serán iniciados por gobiernos ratificantes del Estatuto de Roma o por organizaciones humanitarias y de la sociedad civil.
Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, principal órgano ejecutivo del foro mundial, podrá presentar sus propias demandas, y en esos casos será irrelevante si el país donde se cometió el crimen a juzgar ratificó o no el Estatuto de Roma.
Francia y Gran Bretaña son los único ratificantes del tratado constitutivo del tribunal entre los cinco miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto y que constituyen el eje del poder del cuerpo. Rusia lo firmó pero no lo ratificó, y China y Estados Unidos optaron por quedar fuera del convenio.
The todos modos, cualquier acusación que eleve el Consejo de Seguridad estará sujeta al veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del cuerpo, incluidos los que no son parte del Estatuto de Roma.
En los países donde la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, el tribunal no invalidará la labor de los gobiernos y los sistemas judiciales.
Si Gran Bretaña, por ejemplo, participa en un ataque contra Iraq y se introduce una demanda contra los militares o el gobierno británico ante la Corte, sería sólo remotamente posible que el tribunal realice la acusación, dijo Pace.
Gran Bretaña podría replicar que tiene un sistema legal en funcionamiento que podría investigar las quejas y acusar a alguien, de ser necesario, dijo Pace.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional sólo podría actuar en ese caso si comprueba que la actitud británica es, en realidad, una maniobra para encubrir a culpables de delitos, explicó el activista.
Pace pronosticó que el tribunal procesará tres o cuatro casos en los próximos 10 o 15 años, aunque el cuerpo ya recibió cientos de quejas aun antes de comenzar a funcionar. Pero la Corte no se dejará abrumar con presentaciones frívolas, aseguró.
La creación de la Corte representa una globalización de la democracia, los derechos humanos y la vigencia de la ley, dijo Pace. El siglo XX fue el más violento de la historia, y en el presente siglo ese legado ha continuado. Ahora, este tribunal es una de las instituciones antibélicas más grandes de la historia, aplaudió. (
