Unos 540 indígenas de la etnia embera katío iniciaron el regreso a su territorio en el noroeste de Colombia, luego de haber sido desplazados de sus hogares hace cuatro años a causa del conflicto armado interno.
Los integrantes de la reserva Cañaveral, ubicada en la parte alta del río San Jorge en el departamento de Córdoba, se marcharon de su tierra en 1999 tras ser amenazados por supuestos guerrilleros izquierdistas, que secuestraron torturaron y asesinaron a tres de sus líderes.
Nos acusaban de ser colaboradores de los paramilitares de derecha, comentó a IPS Cirilo Yagarí, uno de los dirigentes de la comunidad que llegó a Bogotá con una comisión para buscar el acompañamiento de organizaciones humanitarias en el proceso de retorno.
Desde entonces comenzamos a convivir con el miedo, el pánico constante y la miseria por no contar con la cercanía del río, que es nuestra fuente de vida, añadió.
Yagarí explicó que luego del ataque las 45 familias de su comunidad instalaron dos campamento en las localidades de La Soledad y Juan José, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia, donde fueron atacados a fines de 2002 por presuntos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entonces decidimos hacer valer nuestros derechos y regresar a nuestro territorio para seguir cultivando la tierra, cazando y pescando, como hemos estado acostumbrados toda la vida, indicó.
Un asesor de la comunidad, que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, dijo a IPS que el regreso de los indígenas, que se realiza en dos etapas, fue decidido en una asamblea llevada a cabo entre el 3 y el 10 de enero.
La primera etapa de retorno comenzó con 29 familias, que se instalaron en Tres Playitas, una localidad ubicada a medio camino entre los campamentos y la reserva Cañaveral.
En Tres Playitas cultivan la tierra para garantizar que el otro grupo de 16 familias que les sigue tengan asegurada su alimentación, mientras otros comienzan a preparar la tierra en Cañaveral para la llegada de todos los miembros de la comunidad, prevista para julio y agosto.
La Organización Nacional Indígena (ONIC), para acompañar el proceso, pidió a los grupos armados ilegales que respeten la decisión tomada por las autoridades locales y las comunidades embera katío del alto San Jorge, que buscan con el retorno a sus territorios una opción de vida y dignidad, asimismo no involucrarlas en el conflicto armado.
Los embera katío han tomado la valiente decisión de retornar a sus territorios, porque aman la vida, la naturaleza, la madre tierra y son conscientes de que allí se encuentra su espíritu, su saber, las raíces, el legado de sus ancestros y sobre todo porque saben que es allí donde deben estar, dice un comunicado de ONIC, el grupo no gubernamental indígena más importante del país.
El coordinador de Derechos Humanos de la ONIC, Juan Carlos Jhougthon, señaló a IPS que el retorno de los embera del resguardo Cañaveral es el reverso de la moneda en la situación de violencia a que están sometidas las comunidades indígenas en el marco del conflicto armado interno colombiano.
La ONIC sostuvo que los indígenas, que representan dos por ciento de los 44 millones de colombianos, se convirtieron en objetivo militar de guerrilleros y paramilitares en su disputa territorial para la siembra de coca y el tráfico de armas. Sus reservas ocupan 27 por ciento del territorio colombiano.
El territorio del pueblo de embera katíos, con casi 2.400 integrantes, está ubicado en el noroeste colombiano, en un corredor cercano a Panamá, estratégico para el tráfico de drogas y armas.
Los embera llevaron adelantes en la década del 80 y mediados de los años 90 un largo enfrentamiento contra el gobierno nacional por la construcción de la represa de Urrá, que afectó el equilibrio ecológico y disminuyó drásticamente las existencias de peces, su principal fuente de subsistencia.
Esa lucha coincidió con el asesinato de cuatro de sus más importantes líderes y, según la ONIC, en los dos últimos años han sido asesinados otros 16 miembros de esta comunidad.
Otro informe de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), del 5 de este mes, en el que se exige a los grupos armados irregulares respetar la integridad física y la autonomía de los pueblos indígenas, indica que en lo que va de este año han sido asesinados 36 integrantes de la etnia embera katío.
El informe señala que 14 de esos indígenas fueron asesinados, presuntamente por las AUC, cuatro por parte de las FARC (las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), tres por el ELN (también insurgente Ejército de Liberación Nacional), y dos por miembros del ejército.
El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, dijo que es preocupante el incremento de persecución, hostigamiento y asesinatos contra los representantes de las comunidades indígenas del país, lo cual viola el Derecho Internacional Humanitario y los derechos económicos, sociales y culturales de sus miembros.
Cifuentes agregó que dará a conocer esta situación al relator especial para cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, para que la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial exponga ante el mundo las violaciones de derechos humanos que están afectando a los pueblos indígenas colombianos.
