La discriminación de los pueblos indígenas y las denuncias sobre torturas y maltratos policiales serán investigadas por una misión de Amnistía Internacional que llegó este miércoles a Chile, para evaluar la situación de los derechos humanos a 30 años del golpe de Estado de 1973.
La misión, integrada por el abogado Michael Reed y por Virginia Shoppe, del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, permanecerá hasta el 6 de abril en Chile.
Los especialistas visitarán la ciudad de Temuco, capital de la región de la Araucanía, centro neurálgico del conflicto mapuche, 700 kilómetros al sur de Santiago.
La elección de Temuco es significativa, pues el programa de la misión prevé actividades solo en otras dos ciudades: Santiago, y el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital, sede del parlamento.
Reed y Shoppe se reunirán con funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, y con dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de los derechos humanos.
La llegada de la misión de AI coincidió con la publicación de un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos para la Organización de las Naciones Unidas, titulado Pueblo mapuche: entre el olvido y la exclusión.
El informe fue considerado por medios de prensa muy duro respecto del tratamiento de los conflictos étnicos en este país.
El conflicto indígena, que se activó en Chile desde 1992, cobró mayor ímpetu desde fines de la década pasada, con acciones de comunidades mapuches en la región de la Araucanía, que ocuparon tierras ancestrales explotadas por compañías madereras.
La tensión se debe asimismo a la oposición indígena a grandes proyectos de energía, como la represa hidroeléctrica de Ralco en el curso superior del río Bío-bio, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Organizaciones como AI y la Federación Internacional de Derechos Humanos consideran que el Estado chileno no da suficientes garantías judiciales a líderes mapuches, que han sido procesados según la Ley de Seguridad Nacional, motivando reclamos de organizaciones indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La persistencia del conflicto mapuche desde 1992 es uno de los factores críticos en el registro sobre derechos humanos de los tres gobiernos constitucionales chilenos desde el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990, al término de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Sergio Laurenti, director ejecutivo de AI en Chile, dijo a IPS que de parte del gobierno de Lagos ha habido un destacable esfuerzo por hacer visible la preocupación en el tema de los derechos humanos, con respecto a las violaciones cometidas por la dictadura desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El activista valoró positivamente la reapertura de juicios por delitos que permanecían impunes, la designación de jueces especiales para casos de desaparecidos y los avances en el juzgamiento de crímenes no protegidos por la Ley de Amnistía de 1978.
Laurenti dio especial relieve al arresto de Pinochet en Londres, desde octubre de 1998 a marzo de 2000.
Durante el régimen militar, unas 3.000 personas fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, entre asesinatos cometidos por aparatos de la represión y desapariciones, pero la mayoría de los casos fueron cubiertos por la Ley de Amnistía, que se mantuvo vigente luego del retorno a la constitucionalidad.
La sección chilena de AI celebró el 16 de este mes su vigésimo aniversario, ya que solo en 1983 pudo constituirse legalmente en este país, un año después que la organización humanitaria internacional recibiera el premio Nobel de la Paz.
Pero, treinta años después del golpe de Pinochet todavía hay violaciones de los derechos humanos en Chile. En democracia hay casos de torturas, tenemos presos políticos y hay serios problemas con el desarrollo y la situación de la comunidad mapuche en particular, señaló Laurenti.
Hay una creciente exclusión en esta economía (de mercado), razonablemente estable y donde parece que muchas cosas prosperan, pero hay una amplia situación de discriminación de personas que no tienen acceso a la educación, la salud y la justicia, agregó el secretario ejecutivo de AI en Chile.
La organización humanitaria realiza visitas indagatorias cada dos años para verificar informaciones y denuncias que se reciben desde Chile, y para asegurar su imparcialidad las misiones son integradas por expertos de otros países, aclaró Laurenti.
En sus últimos informes, AI destacó denuncias sobre maltratos a detenidos por parte de la policía de Carabineros, a la cual se acusa de perseguir sobre todo a los pobres, los jóvenes y las mujeres, así como de aplicar una llamativa represión a homosexuales, travestis, lesbianas y transexuales, dijo el dirigente.
El 15 de marzo, un día antes del aniversario de AI-Chile, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) lanzó una campaña antidiscriminatoria, dirigida a garantizar los derechos constitucionales de las minorías sexuales y otros grupos segregados, dijo a IPS su presidente, Rolando Jiménez.
Las minorías sexuales, las minorías étnicas, los discapacitados, los adultos mayores somos víctimas de una serie de discriminaciones que se reflejan en lo laboral, lo cultural e incluso en la infraestructura pública, como veredas y accesos sin facilidades para los discapacitados físicos, sentenció Jiménez.
Con frecuencia hay personajes públicos que emiten juicios peyorativos respecto de las minorías sexuales, y hoy no es posible defenderse de esas agresiones más que a través de una querella judicial, pero la mayoría de la gente no tiene dinero para contratar un abogado que inicie esa acción judicial, agregó el presidente del Movilh.
Para la organización Forja, que trabaja en el ámbito de los derechos civiles y la libertad de expresión, el balance en la materia presenta también debilidades.
Ahora no hay secuestros, ni desapariciones, ni torturas masivas, pero quedó impregnado en los servicios de seguridad el maltrato, la segregación y la violencia innecesaria para la resolución de conflictos, señaló a IPS la periodista Mariela Ravanal, encargada de comunicaciones de Forja.
Igualmente, se teme a nivel de entidades gubernamentales la movilización ciudadana y suena extraña la participación activa, que de hecho no se considera. La sociedad civil está desestructurada y se hacen cosas fragmentarias que se pierden. La sociedad, en su mayoría, ha caído en los mismos vicios que las autoridades, señaló Ravanal.
