El periodista camboyano Pen Samitthy sobrevivió a varios miembros de su familia asesinados por el régimen del Jemer Rojo (1975-1979), y afronta ahora incómodas evidencias de desinterés social en el genocidio cometido en aquellos años.
Pen, de 42 años, dirige el diario Rasmei Kampuchea, el de mayor circulación en lengua jemer, y cartas de su público le indican que nadie quiere leer acerca de los planes estadounidenses para instalar un tribunal de crímenes de guerra que juzgue a los responsables de la matanza, dijo a IPS.
Las ventas caerán si publicamos artículos sobre el tribunal para el Jemer Rojo, cuya creación negocia Washington con el gobierno, lamentó.
A mediados de este mes, una delegación estadounidense visitará el país para proseguir esa negociación.
Otros periódicos locales afrontan una situación similar, y el tribunal no es importante para la prensa jemer, aunque lo sea para los medios de comunicación extranjeros, afirmó Pen.
El padre, el hermano y la hermana de Pen estuvieron entre los cerca de 1,7 milones de víctimas del genocidio, pero el periodista tiene un hijo de 11 años que ha oído sobre el Jemer Rojo, (su líder) Pol Pot y lo que hicieron, pero no cree que eso haya ocurrido, indicó.
Esas muertes se produjeron debido a ejecuciones, trabajo forzado en condiciones inhumanas y hambrunas, mientras el Jemer Rojo intentaba crear una sociedad comunista mediante evacuación de las ciudades, vida comunitaria obligatoria, cierre de fábricas y escuelas, y persecución de intelectuales.
Tal situación se prolongó hasta que el régimen de Pol Pot fue derrocado en 1979 por la intervención de tropas de Vietnam.
Otros adultos que sobrevivieron a la opresión del Jemer Rojo son concientes de que cada vez más jóvenes dudan de que haya ocurrido el genocidio, entre otras cosas porque les cuesta creer que hubiera camboyanos capaces de cometer actos tan brutales contra sus compatriotas.
Pero quienes impulsan la creación del tribunal especial para el Jemer Rojo alegan que no sólo es necesario para hacer justicia con responsables de crímenes contra la humanidad cometidos hace un cuarto de siglo, sino también para ofrecer a sobrevivientes su primera oportunidad de decir al mundo lo que pasó.
No hay castigo suficiente para lo que hizo el Jemer Rojo, y los damnificados que siguen vivos no buscan indemnizaciones, comentó el director del Centro de Documentación de Camboya, Youk Chhang, testigo y víctima de la brutalidad de aquel régimen.
Esas personas se irritan cuando oyen hablar de compensaciones, porque sienten que la vida no tiene precio, y lo que desean es una instancia en la cual se reconozcan y se registren sus historias, para el país y para el resto del mundo, explicó.
Las víctimas sienten que sus padecimientos no son reconocidos por el gobierno ni por parte de la sociedad, y eso es horrible, sostuvo Chhang.
Desde enero de 1995, el personal del Centro de Documentación ha recorrido el país para recolectar y preservar la mayor cantidad posible de testimonios individuales sobre desgracias causadas por el gobierno del Jemer Rojo.
Los resultados de esa actividad incluyen más de 800.000 relatos, el registro de unas 19.000 fosas comunes donde fueron enterradas víctimas del régimen, y declaraciones de 167 ex integrantes del Jemer Rojo.
Pol Pot murió en 1998, pero otros altos dirigentes del Jemer Rojo siguen vivos, entre ellos Ieng Sary, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ta Mok y Kaing Khek Iev.
Pero de ellos, sólo Ta Mok y Kaing Khek Iev fueron arrestados y esperan ser juzgados por un tribunal para crímenes de guerra, sobre cuyas características han discutido durante años el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ieng Sary fue amnistiado por el gobierno, y algunos de los demás son en la actualidad aliados y protegidos del primer ministro Hun Sen, quien también integró el Jemer Rojo, pero tras su derrota encabezó un gobierno respaldado por Vietnam.
Las víctimas sobrevivientes temen presentarse como testigos, y aspiran a que se cree un tribunal ante el cual puedan expresarse con garantías de seguridad, afirmó el activista Chun Sath, secretario general de la Asociación Camboyana por los Derechos Humanos y el Desarrollo, con sede en Phnom Penh.
Ese sentimiento es compartido por ex integrantes de bajo rango del Jemer Rojo, aseguró.
Chun expresó dudas de que sea posible instalar a corto plazo un tribunal que cumpla con criterios internacionales sobre el debido proceso.
El gobierno camboyano aprobó la creación de un tribunal especial para el Jemer Rojo, integrado en su mayor parte por jueces locales, pero la ONU se retiró del proceso a comienzos de 2002, con el argumento de que ese organismo no ofrecía garantías de independencia, imparcialidad y objectividad.
El foro mundial también mantiene discrepancias con Phnom Penh sobre los procedimientos de control de un proceso judicial contra líderes del Jemer Rojo, y ha puesto en duda que los jueces seleccionados por el gobierno estén en condiciones de ocuparse de un caso de genocidio.
Los magistrados que intervengan en el proceso deben tener experiencia y conocimientos en materia de legislación internacional, y el país carece de jueces con esas características, alegó Chun.
Las actuales controversias son sólo los más recientes obstáculos en el camino hacia un juicio de los genocidas. Antes, los gobiernos de Estados Unidos y China presionaron contra la creación del tribunal especial, en buena medida porque no deseaban revivir la memoria de su apoyo al Jemer Rojo.
El régimen de Pol Pot era adversario de los comunistas vietnamitas, alineados con la desaparecida Unión Soviética, y a eso se debió que fuera apoyado o al menos tolerado por Washington, en el marco de la Guerra Fría, y por Beijing, que mantenía disputas con Moscú en el seno del mundo comunista.
Las postergaciones son dolorosas para las víctimas, muchas de las cuales envejecen o han muerto sin ver constituido el tribunal. Se les inflingirá una nueva vejación si una corte no registra sus historias, destacó Chhang.
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