El abuso sexual infantil y la maternidad adolescente no parecen ser tan graves para la Iglesia Católica de Nicaragua y autoridades sanitarias de ese país y de Costa Rica como el aborto terapéutico practicado a una niña de nueve años, violada y embarazada.
Varias organizaciones no gubernamentales estudian presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los que, estiman, hostigaron a una familia nicaragüense que autorizó a fines de febrero el aborto terapéutico para su hija, embarazada por una violación.
La primera en la lista es la Iglesia Católica de Nicaragua, cuyo cardenal, Miguel Obando y Bravo, excomulgó a la familia, a los médicos encargados de la intervención y a activistas que promueven la despenalización del aborto.
También estudian litigar al Estado de Costa Rica, país donde la menor vivía con su familia, por atención sanitaria negligente, pues la menor no fue tratada de dos enfermedades de transmisión sexual y la interrupción del embarazo pudo efectuarse antes del cuarto mes de embarazo que cursaba, reduciendo los riesgos, alegan.
Las niñas y jóvenes que quedan embarazadas en América Latina y piensan en someterse a un aborto reciben una gran presión de la Iglesia Católica, dijo a IPS Yamileth Mejía, psicóloga de la no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia, con sede en Nicaragua.
La organización, que asistió a la familia afectada, asegura que la niña pidió interrumpir su embarazo, calificado por médicos de alto riesgo, pues temía morir y no deseaba una maternidad impuesta por la violencia.
En esto y en otras omisiones de las autoridades se fundan abogados de la Red de Mujeres contra la Violencia y de otras organizaciones, algunas de ellas feministas, para plantear los litigios.
Mientras, el embarazo adolescente avanza a paso firme. Dos millones de los 13 millones de nacimientos anuales de América Latina y el Caribe, corresponden a madres de 15 a 19 años, según datos de Unicef.
Estas niñas que tienen embarazos tempranos enfrentan un trauma psicosocial porque no están preparadas ni biológica ni socialmente para ser madres, explicó a IPS Ludwig Güendel, oficial de política social de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Gran parte de esos nacimientos corresponden a jóvenes pobres, a las que la maternidad obliga a abandonar la escuela y perpetuar el círculo de pobreza.
Casi la mitad de las mujeres que no logran terminar la educación primaria son madres adolescentes, según Unicef. En cambio, sólo siete por ciento de las que egresan de la escuela secundaria son madres antes de los 19 años.
Cuatro países centroamericanos encabezan las naciones de la región con más cantidad de embarazos precoces, seguidas por México, Granada y República Dominicana, según Unicef.
En Belice, 140 de cada mil jóvenes quedan embarazadas entre los 15 y los 19 años. En Nicaragua, Guatemala y El Salvador, entre 125 y 118 jóvenes cada mil son madres por primera vez en esas edades.
Veinte por ciento de los nacimientos de 2001 en Costa Rica fueron de madres menores de 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La pobreza, el abuso sexual infantil y la marginación en que viven los inmigrantes son caldo de cultivo de este drama.
El aborto en caso de niñas violadas o de embarazos de alto riesgo es un tema que no se discute ampliamente porque tiene que ver con la sexualidad, que todavía es un tabú en muchos de nuestros países, indicó Silvia Frean, consultora especialista en derechos de la niñez.
La niña nicaragüense es hija de una pareja de campesinos que emigraron cinco años atrás a la vecina Costa Rica, para trabajar en la recolección de café.
Vivían en Turrialba, una región rural a 50 kilómetros al este de San José. En Costa Rica residen unos 226.000 nicaragüenses documentados, y decenas de miles más sin permiso de residencia.
Aunque un agricultor de 23 años está detenido acusado de cometer la violación, el caso aún no está claro.
Pero lo que sí se conoce es la conducta de las autoridades de salud de Costa Rica y Nicaragua. Detectado el embarazo, la menor fue internada en un hospital durante casi 20 días, en una sala de maternidad, como una mujer a punto de dar a luz.
Además, los médicos informaron enseguida del embarazo a la prensa, divulgando los apellidos de los padres.
El 12 de febrero la familia retiró a la niña de su internación, retornó a su país y tramitó un aborto terapéutico en una clínica privada.
La decisión familiar sobrevino luego que el Ministerio de Salud de Nicaragua sostuvoera que no haría nada para facilitar la intervención quirúrgica, pese a que informes médicos señalaban los peligros de una gestación.
Pero no se trata del único caso. Las autoridades de Costa Rica admitieron que hay otras dos menores embarazadas, una nicaragüense de 11 años y otra costarricense de 12 años.
El riesgo de muerte relacionada con complicaciones durante el parto se duplica entre mujeres de 15 a 18 años y se multiplica por cinco en menores de 15 años.
Estas niñas son víctimas tanto de sus embarazos no deseados como de la lucha ideológica que después se desata, señaló a IPS Carlos Emilio López, Procurador de la Niñez de Nicaragua.
Este fenómeno pone de relieve la ausencia de una política de Estado para proteger los derechos de los niños y de los inmigrantes, agregó López.
El funcionario señaló la múltiple violación de los derechos de la niña, sometida adicionalmente a una atención sanitaria deficiente y al escarnio de su identidad revelada en la prensa.
Quince millones de menores de 18 años se convierten en madres cada año en todo el mundo, lo cual equivale a 10 por ciento de los partos mundiales. Ochenta por ciento de esos nacimientos se producen en países en desarrollo.
De acuerdo a Unicef, 4,4 millones de adolescentes se someten cada año a abortos inseguros en todo el mundo.
Muchas menores mbarazadas ocultan su situación y acuden tardíamente a los controles prenatales, con lo cual aumentan los riesgos del parto.
Este es un problema muy serio porque trae consigo muchas consecuencias, dijo a IPS María Isabel Solís, especialista en salud y comunicación de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social.
La ausencia de controles aumenta la mortalidad materno-infantil y los riesgos de enfermedades en los recién nacidos, abundó Solís. (
