Estados Unidos y la Unión Europea desdeñan al grupo de intelectuales que estudian, por mandato de la ONU, los problemas de discriminación racial que afrontan las personas de ascendencia africana, aseguraron activistas humanitarios.
Los países miembros del Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados boicotearon la sesión que realiza esta semana el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, un cuerpo creado en 2002 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, afirmó la Asociación Internacional contra la Tortura (AICT).
A las discusiones, que se realizan en el Palacio de las Naciones, la sede en Ginebra de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), no asisten representantes de Estados Unidos, de la Unión Europea ni de otros países industrializados.
Sin embargo, junto a delegados de países en desarrollo de Africa, América Latina y el Caribe y Asia, participan diplomáticos de algunas de las 15 naciones que integran la Unión Europea (UE), como Finlandia, Francia, Grecia e Irlanda, aunque sólo en nombre de esos países y no del bloque.
La delegada de Grecia, el país que desempeña este primer semestre la presidencia rotativa de la UE, precisó a IPS que sólo sigue las sesiones por instrucciones de su gobierno y no en representación del bloque comunitario.
La AICT, una organización independiente con sede en Nueva York, interpretó que el boicot de los países occidentales tiene por objetivo la destrucción de la credibilidad del Grupo de Trabajo de cinco expertos.
Ese Grupo, con representación de las cinco regiones, está integrado por Peter Lesa Kasanda, de Africa, quien actúa como presidente, y por George Jabbour, de Asia, Irina Zlatescu, de Europa oriental, y R. Borges Martins, de América Latina y el Caribe.
En las conclusiones de su primera sesión, realizada en noviembre, el Grupo lamentó no haber podido contar con la participación plena de sus miembros y sostuvo que sus trabajos se hubieran enriquecido con las contribuciones de los expertos restantes.
A las sesiones inaugurales no asistió, por impedimentos personales, el brasileño Borges Martins, quien sin embargo se incorporó en el presidente periodo y presentó un informe sobre la discriminación contra los descendientes de africanos en su país.
El Grupo exhortó a los europeos occidentales y sus demás asociados a designar un experto a la brevedad, pero su pedido fue desoído.
El origen del Grupo se remonta a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas relacionadas de Intolerancia, que se realizó en agosto y septiembre de 2001 en la ciudad sudafricana de Durban.
Activistas de la AICT precisaron que el Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados se opuso a la celebración de esa reunión de Sudáfrica y luego, durante su desarrollo, encabezó una resistencia infructuosa a la declaración de la Trata de Esclavos Transatlántica y de la Esclavitud como crímenes contra la humanidad.
Una vez finalizada la conferencia, el grupo occidental intentó modificar, reinterpretar y alterar el texto de la llamada Declaración de Durban, a la vez que se rehusó a designar un experto para integrar el grupo de trabajo, refirió la AICT.
La organización humanitaria resaltó la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Vieira de Mello, en las sesiones del grupo de trabajo.
Sin embargo, la AICT se declaró preocupada por el papel negativo que la secretaría de la oficina del Alto Comisionado ha desempeñado con frecuencia en el pasado, sujeta a los intereses del Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados.
En la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de Europa occidental, con su arrogancia ilimitada, se opondrá a la extensión del mandato del grupo de expertos, previno la AICT.
A pesar de las diferencias con el bloque europeo, el grupo de trabajo prosiguió sus tareas con la presentación de los primeros informes elaborados por sus miembros.
Jabbour se ocupó de la cuestión de las reparaciones, uno de los asuntos más controvertidos entre los países en desarrollo y el bloque europeo, que objeta de manera rotunda la posibilidad de toda indemnización a las víctimas de la esclavitud y de la trata de esclavos transatlántica.
El experto opinó que el término reparaciones no figura en los documentos finales de la Conferencia de Durban.
Pero, admitió, de Durban surgió un consenso tácito en torno al criterio de que las reparaciones por la esclavitud concuerdan con el sentido más elemental de justicia y con los principios del derecho internacional.
Jabbour identificó tres partes en la relación de reparaciones: los descendientes de esclavos, los descendientes de mercaderes de esclavos y de propietarios y la autoridad pública.
También mencionó antecedentes útiles para calcular las reparaciones. Aunque con un sentido opuesto de justicia, el gobierno de Francia, país que abolió la esclavitud en 1848, no imaginó ofrecer reparaciones a los esclavos sino que, por el contrario, propuso resarcir a los propietarios de esclavos.
En un ejemplo parecido, Jabbour citó que después de la guerra de liberación librada por los esclavos contra los franceses, en 1824 Haití se vio forzado a pagar a Francia 100 millones de francos de la época por indemnizaciones de guerra a cambio del reconocimiento de su independencia.
Finalmente, durante los días de la independencia de Estados Unidos, el nuevo gobierno de entonces de ese país prometió ofrecer a cada esclavo emancipado una superficie de 40 acres (alrededor de 16 hectáreas) y una mula.
Otros elementos para avanzar en un cálculo de las reparaciones son los montos reconocidos a las víctimas del holocausto de millones de judíos a manos del régimen nazi alemán en los años 40, a los estadounidenses de origen japonés o a los libios capturados por Italia en 1911. (
