El Congreso legislativo de Estados Unidos decidió frenar un programa gubernamental de espionaje interno con tecnología de avanzada, para beneplácito de activistas de derechos civiles.
Un Comité de la Cámara de Representantes coincidió esta semana con el Senado en la necesidad de enmendar una ley presupuestal con el propósito de detener por 90 días el proyecto Conocimiento Total de Información (TIA).
En ese lapso, el Departamento (ministerio) de Defensa (Pentágono) deberá preparar un informe exhaustivo sobre la viabilidad, los costos y el impacto en la privacidad y en las libertades civiles del proyecto TIA, rechazado tanto por izquierdistas como por derechistas.
Este primer paso hacia la limitación del TIA es un gran triunfo del derecho a la privacidad. Pero el Congreso debe dar otros pasos concretos para garantizar la seguridad y la libertad de todos los estadounidenses, dijo la asesora legal de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, Katie Corrigan.
El TIA permitiría al gobierno federal reunir información sobre los habitantes del país procedente de conversaciones telefónicas, uso de Internet y de correo electrónico, registros de bibliotecas y de oficinas de tránsito, compras de libros, cámaras de vigilancia de aeropuertos y apuntes de centros de enseñanza.
El sistema sería capaz de rastrear esos registros en busca de patrones sospechosos que ayudarían a identificar a supuestos terroristas y detenerlos antes de que actúen, según sus promotores.
A pesar del acuerdo alcanzado en el Congreso, nuevas iniciativas del gobierno conocidas el fin de semana ensombrecieron esta victoria de los activistas.
El Departamento (ministerio) de Justicia elaboró un borrador de proyecto de ley titulado Fortalecimiento de la Seguridad Interior, que facilita al gobierno el ocultamiento de información al público, los actos de espionaje oficial y el intercambio de información entre agencias oficiales.
Además, el proyecto de 80 páginas, obtenido y difundido por el no gubernamental Centro para la Integridad Pública, permite al secretario de Justicia (fiscal general) despojar de la ciudadanía estadounidense a personas que en su opinión brinden apoyo material a organizaciones terroristas.
La iniciativa, que había circulado discretamente el mes pasado entre los principales legisladores del gobernante Partido Republicano, constituye un nuevo intento de utilizar la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente George W. Bush para amenazar las libertades civiles, según activistas.
Este gobierno no evitará abusar de cualquier derecho civil, incluido el precioso derecho a la ciudadanía, para asegurarse un mayor control sobre la vida de los estadounidenses, escribió el abogado Jack Balkin, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale en una columna del diario Los Angeles Times.
Tenemos suerte de que estas propuestas hayan salido a la luz. De otro modo, el gobierno probablemente las hubiera revelado después de iniciada su guerra contra Iraq, cuando la oposición política se inhibiría de criticarlas, agregó Balkin.
El gobierno de Bush ya ha recibido críticas dentro y fuera del país por el tratamiento recibido por cientos de prisioneros musulmanes capturados en la guerra en Afganistán en 2001 y confinados en la base naval de Guantánamo, Cuba.
Organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que a los detenidos se les ha negado el derecho al debido proceso, en violación de las Convenciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra.
Al mismo tiempo, cientos de personas, la mayoría originarias de Asia meridional y del mundo árabe, fueron detenidas y mantenidas incomunicadas durante semanas e incluso meses luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, atribuidos por el gobierno a radicales islámicos.
Activistas compararon el trato recibido por esos detenidos con el confinamiento de las familias estadounidenses de origen japonés durante la segunda guerra mundial (1939-1945).
El proyecto TIA ha sido objeto de numerosas críticas, no solo por su contenido sino por el funcionario que lo concibió y que lo dirige: el almirante retirado John Poindexter, consejero de Seguridad Nacional del ex presidente Ronald Reagan (1981-1989) acusado y condenado en ese periodo por mentirle al Congreso.
El Congreso anuló luego las cinco condenas, relativas al escándalo de venta de equipo bélico a Irán para financiar con el dinero obtenido las actividades de oposición armada de Nicaragua en los años 80, al otorgarle inmunidad para que prestara testimonio sobre el caso.
El sistema TIA ha sido comparado, por su amplitud y capacidad de vulnerar la privacidad, con los mecanismos totalitarios descriptos por el escritor británico George Orwell en su novela 1984.
