DERECHOS HUMANOS-BIRMANIA: Amnistía reclama liberar prisioneros

La organización Amnistía Internacional exhortó este lunes al gobierno militar de Birmania a liberar a todos los prisioneros políticos como prueba de su compromiso de mejorar la situación de los derechos humanos.

Además, la junta militar birmana debe reformar las leyes – – algunas de ellas del siglo XIX – – que facilitan el encarcelamiento de activistas políticos, urgió Amnistía, una organización de defensa de los derechos humanos con sede central en Londres.

El grupo realizó su exhortación luego de una visita de 10 días a Birmania, del 30 de enero al 8 de este mes, que la organización considera un esfuerzo inicial para realizar investigaciones sobre derechos humanos en ese país del sudeste asiático.

La primera visita de expertos de Amnistía a Birmania fue apenas ”el comienzo de un proceso”, aclaró Demelza Stubbings, directora de programa de Amnistía para la región Asia-Pacífico, en una conferencia de prensa celebrada en Bangkok, Tailandia.

En base a la visita, Stubbings y Donna Guest, investigadora de Amnistía sobre Birmania, afirmaron que Rangún ha demostrado cierta disposición a mejorar las condiciones de las cárceles en los últimos años.

”Desde 1999, las autoridades han hecho mejoras significativas en las condiciones de detención en muchas instalaciones”, y eso fue confirmado a través de entrevistas con un grupo seleccionado de los 1.300 políticos del país, dijo Stubbings.

Pero un ex prisionero de conciencia birmano discrepó de la visión de Amnistía.

”No estoy de acuerdo en que las condiciones carcelarias hayan mejorado desde 1999”, expresó Zin Linn, quien pasó ocho años en confinamiento solitario en la prisión de Insein, en Rangún, desde 1991 hasta 1997.

”El año pasado, cuatro presos políticos murieron en la cárcel porque no recibieron tratamiento médico a tiempo”, señaló Linn, quien escapó a Tailandia en 2001 para evitar ser detenido nuevamente.

”Pero no culpo a Amnistía… Si logra penetrar más profundamente, más allá del sistema de la junta militar, comprenderán las atrocidades que se cometen”, añadió.

Al concentrarse en la situación de los presos políticos, Amnistía puso de relieve los problemas del sistema judicial y la cultura política en Birmania.

La visita confirmó que ”los procedimientos judiciales y las condiciones de detención no se ajustan a las normas internaiconales” y que ”muchas de las leyes y directivas penalizan el ejercicio de derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y reunión”, declaró Stubbings.

El equipo de Amnistía también expresó preocupación por la ”limitación de movimiento” de la líder opositora Aung San Suu Kyi y las intimidaciones a sus visitantes, que son fotografiados por las autoridades.

La Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi obtuvo una arrolladora victoria en los comicios de mayo de 1990, pero el gobierno de entonces desconoció el resultado electoral, prohibió las actividades de la oposición y encarceló o desterró a sus líderes.

Suu Kyi, hija del héroe anticolonialista Aung San, fue condenada a prisión domiciliaria e incomunicada. Desde entonces fue liberada y detenida innumerables veces. En 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz.

Además de encarcelar a disidentes, las Fuerzas Armadas birmanas fueron acusadas de trabajos forzados, reclutamiento de niños para combate y la violación de 625 mujeres y niñas en el oriental estado de Shan, donde las tropas del gobierno luchan contra un grupo rebelde de la etnia shan.

Las nuevas visitas de Amnistía serán seguidas de cerca por birmanos en el exilio como Linn, muy escépticos sobre los motivos de la junta militar para abrir sus puertas a un grupo que la ha atacado regularmente.

Los exiliados ”creemos que la invitación a Amnistía tiene por objetivo mejorar la mala reputación internacional del gobierno militar”, declaró Linn.

Otros exiliados expresaron una opinión similar tras la visita a Birmania en octubre de Paulo Pinheiro, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en ese país.

Pinheiro presionó a la junta militar para que permitiera investigaciones independientes sobre diversas violaciones a los derechos humanos.

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