La policía de la provincia de Mendoza, en el noroeste de Argentina, se lanzó a la detención de niñas y niños mendigos con el pretexto de luchar contra adultos que supuestamente los explotan, advirtió Amnistía Internacional.
Esa práctica, avalada por el gobierno de la provincia, llevó tras las rejas al menos a 30 menores sin orden judicial en operativos policiales realizados en enero, informaron portavoces de la organización humanitaria con sede en Londres.
La detención arbitraria de niños y niñas de la calle no es nueva en Mendoza, donde se reitera de modo intermitente desde hace unos años, aunque nunca había sido tan masiva como en lo que va de 2003, dijo a IPS el abogado Carlos Varela, de la delegación de Amnistía en Mendoza.
La mendicidad callejera en Argentina ha crecido de modo significativo de la mano del aumento de la pobreza, que ya afecta a 57,5 por ciento de los 37 millones de habitantes, como consecuencia de los cuatro años de recesión que llevaron al colapso económico de diciembre de 2001.
Alrededor de la mitad de los pobres son niños y adolescentes, una situación que favorece el crecimiento de la explotación infantil, sexual, laboral y para practicar la mendicidad.
Al menos 500.000 menores salían a procurar ingresos para su familia en 2000, según el Ministerio de Trabajo, una cantidad que se incrementó mucho desde entonces, según se estima.
La provincia andina de Mendoza no es una de las más pobres, y en cambio es un distrito con bellos paisajes al que llegan miles de turistas en enero y febrero, durante el verano austral.
Desde enero de 2002, cuando la moneda argentina emprendió su caída frente al dólar, creció notablemente la cantidad de visitantes extranjeros, sobre todo del vecino Chile, por la caída de los precios medidos en dólares.
Para afrontar este nuevo fenómeno turístico, el gobierno provincial habría comenzado una tarea de limpieza urbana, persiguiendo a menores que piden limosna, al igual que ocurre en otras ciudades turísticas con vendedores ambulantes, artesanos u otros trabajadores informales.
Para esto utilizan distintas medidas, desde a los trabajadores informales ámbitos menos concurridos donde ejercer su labor, hasta detenerlos sin motivo, o retirarles herramientas o mercaderías.
Está claro que en nuestra provincia (Mendoza) no se quiere mostrar la pobreza y la miseria en la ciudad, y por eso se inventó esto de la protección de los niños, encarcelándolos y poniéndolos en el circuito de la justicia, pero aquí el problema es social, no policial ni judicial, aseguró Varela.
Los menores no pueden ser detenidos y trasladados a reparticiones policiales no especializadas sin orden judicial, si no están cometiendo delitos, como ocurrió en Mendoza, aun cuando existan sospechas de explotación.
Amnistía Internacional manfiestó su honda preocupación por la manera arbitraria en que se detiene a niños en las calles, por la falta de información sobre las condiciones de detención de los menores, y por la ausencia de investigaciones serias sobre las presuntas redes de explotación.
Según la organización, la justicia rechazó incluso recursos de hábeas corpus presentados por abogados provinciales en los que se reclamaba saber si las detenciones fueron por orden judicial, así como disponer que la policía se abstuviera de llevar a cabo detenciones sin un pedido pertinente de un tribunal.
La organización humanitaria señaló que estas prácticas violan leyes provinciales y nacionales y tratados internacionales de derechos de la infancia, ratificados por el Congreso legislativo y con rango constitucional.
Por ejemplo, el principio según el cual ningún niño debe ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, o el que reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica, mediante medidas de cuidado que competen a las autoridades.
En ningún caso hubo detención de menores mendigos, alegó el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, Gabriel Conde, quien sin embargo admitió que la policía actuó en el marco de la ley.
Las medidas adoptadas por la policía fueron de urgencia, y luego se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales, justificó Conde.
Es función de la policía colaborar con los organismos provinciales y nacionales en la protección de menores huérfanos, abandonados o en peligro material o moral, dijo el funcionario.
Varias organizaciones humanitarias, abogados de Mendoza y medios de comunicación denunciaron que no medió orden de la justicia en las detenciones y que los niños fueron trasladados a reparticiones policiales de adultos, replicó la directora para América Latina de Amnistía, Susan Lee.
En uno de los casos señalados por Lee, la jueza de menores de Mendoza Adriana Rodríguez sostuvo que de manera arbitraria y sin orden previa del juez se detuvo a un grupo de niños en la ciudad, y ella misma debió intervenir de oficio para que éstos fueran llevados a un puesto policial de menores.
La práctica corre riesgo de convertirse en un fenómeno de judicialización indiscriminada, en lugar de ser una medida preventiva de protección eficaz de los niños, denunció la magistrada. (
