La ciudadanía de Chile no cuenta con información transparente sobre el tratado de libre comercio acordado en diciembre por este país y Estados Unidos, advirtieron organizaciones no gubernamentales.
Esta falta de transparencia informativa es una actuación sistemática que pretende confundir a la opinión pública y evitar una discusión reflexiva de las implicaciones del acuerdo, sostuvo la no gubernamental Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, red que observa este tipo de negociaciones.
El gobierno ha difundido resúmenes de lo negociado, en los que se basan análisis y evaluaciones de sectores productivos, expertos y organizaciones no gubernamentales, pero el texto completo del acuerdo aún está en proceso de traducción y no ha sido divulgado.
En los procesos de ratificación que los parlamentos de Estados Unidos y Chile iniciarán en marzo, con un plazo de seis meses, será posible profundizar aspectos sociales, económicos y políticos, estimó la red, que coordina su acción con la estadounidense Alianza por un Comercio Responsable.
La desinformación atomiza a las organizaciones y estrecha los límites de la democracia, en vez de profundizar los niveles de participación de la sociedad civil, que era uno de los emblemas del gobierno de Ricardo Lagos, señaló a IPS el coordinador de la Alianza, Dante Donoso.
Los tratados de libre comercio han sido analizados con gran superficialidad, presentando una visión unilateral y rosada de ellos. Sólo se habla de las supuestas posibilidades que se presentarían al aumentar las exportaciones, opinó el economista Hugo Fazio, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
Chile ratificó este año un acuerdo de cooperación y comercio con la Unión Europea, mientras en la última década negoció acuerdos comerciales con todos los países de América Latina, Canadá y Corea del Sur.
Tras fracasados intentos de alcanzar un acuerdo en los años 90, el gobierno del socialdemócrata Ricardo Lagos inició en 2000 negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un tratado que abrirá el comercio de ambos países, exitosamente concluidas tras 14 rondas.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile, mientras éste, cuyo principal rubro exportador son las materias primas, ocupa el lugar 38 en el intercambio con la principal economía del mundo.
Según el gobierno chileno, el acuerdo mejora la posición comercial de los productos chilenos y establece reglas claras y permanentes para el intercambio de bienes, servicios e inversiones. De momento, 1 900 empresas chilenas venden productos a Estados Unidos.
Santiago estima que el acuerdo establece mecanismos para defender los intereses chilenos en Estados Unidos y para resolver conflictos comerciales.
Pero, apunta Donoso, este no es sólo un acuerdo de carácter económico, sino un tratado de alcance estratégico para Chile y la política internacional, pues es el primer país sudamericano que firma un tratado de esta naturaleza con Estados Unidos.
Según un estudio realizado por la economista Consuelo Silva, de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, el acuerdo sienta un precedente para futuras negociaciones con países de América del Sur y contribuye a que Estados Unidos recupere su influencia en América Latina y el Caribe.
El tratado establece principios en áreas nunca antes negociadas, como inversiones, servicios y propiedad intelectual, y que constituyeron algunas de las materias más delicadas en la negociación.
En materia de servicios financieros, una de las principales exigencias estadounidenses fue la eliminación del 'encaje', esto significa que no habrá controles para el ingreso y salida de capitales estadounidenses, particularmente del capital financiero de corto plazo, que podrá circular sin ningún tipo de restricciones, señaló Silva.
El encaje es la proporción de depósitos que los bancos deben mantener en caja o en reservas en el Banco Central, para atender retiros en efectivo.
En este sentido, advirtió Silva, si bien el TLC (tratado de liber comercio) aparece como un acuerdo comercial, es fundamentalmente un tratado de garantía para la libre circulación y protección de capitales e inversiones estadounidenses.
Según Donoso, el gobierno se comprometió en distintas instancias sociales a no negociar ciertos aspectos, entre ellos el encaje y los servicios, que hasta hace poco tiempo no eran materia de negociaciones comerciales.
Por tanto, las organizaciones continuarán insistiendo en la necesidad de crear un comité consultivo de la sociedad civil para este tratado, y reclamando el derecho a la información y a la participación real de la ciudadanía, añadió Donoso.
De no ser así, se estaría atentando contra la misma legalidad de los compromisos oficiales, según el derecho internacional y nuestra legislación interna, sostuvo.
Respecto del comercio de bienes, las cuotas y los aranceles a la importación serán progresivamente eliminados en un periodo máximo de 12 años, lo cual favorecerá las exportaciones chilenas sin excepción, incluidos los sectores agrícola y textil, los más protegidos del mundo, alega el gobierno.
El arancel cero alcanzará a 80 por ciento de los productos agrícolas. El trigo mantendrá un arancel de 25 por ciento, hasta su eliminación, dentro de 11 años.
También fueron desgravados productos elaborados como el vino orgánico y los bienes industriales, entre ellos los textiles.
Estados Unidos ganará con aumento en exportaciones agrícolas, de automóviles y de equipamiento informático.
Pero estas reducciones arancelarias, a las que habrá que sumar las acordadas con la Unión Europea y Corea del Sur, representarán al Estado chileno una reducción de ingresos de 425 millones de dólares.
Para compensar esta pérdida, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, anunció un posible aumento del impuesto al valor agregado (IVA) a las operaciones efectuadas dentro del país, medida resistida por todos los sectores productivos.
A juicio del economista Hugo Fazio, la propuesta de aumento del IVA reaparecerá y dentro de la lógica oficial se descarta cualquier otra variable impositiva, dado que no se considera impuestos directos que graven a las grandes empresas o a las trasnacionales que controlan recursos primarios.
El aumento del IVA recaería en el conjunto de la población.
Las empresas se muestran conformes con la apertura comercial negociada con Estados Unidos.
La Cámara de Comercio de Santiago divulgó un estudio de la Universidad de Michigan, según el cual el acuerdo habilitaría un aumento de la riqueza nacional cercano a 700 millones de dólares, o sea 0,92 por ciento del producto interno bruto.
Pero el trabajo de Silva, de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, advirtió que las medianas y pequeñas empresas serán fuertemente afectadas por la prohibición a cualquier política estatal que fomente el uso de bienes nacionales o privilegie el desarrollo local o sectorial. (
