El gobierno argentino busca una fuerte quita de su deuda con acreedores privados en el extranjero, a los que dejó de pagar hace 14 meses, pero aun si la obtiene, la carga será muy pesada para un país donde el único crecimiento sostenido en los últimos años fue el de la pobreza.
La deuda pública del país era de 144.000 millones de dólares en diciembre de 2001, cuando en medio de una severa crisis el gobierno declaró el cese de pagos a unos 700.000 poseedores privados de bonos argentinos en Estados Unidos, Europa y Japón, a los cuales debía unos 60.000 millones de dólares.
El resto de la deuda externa llegaría a 175.000 millones de dólares en junio. Sus acreedores son organismos multilaterales de crédito y gobiernos extranjeros, a los que se pagó en 2002, e inversores privados argentinos, a quienes se impuso el pago en pesos de lo que se les debía en dólares, pese a la fuerte depreciación del peso, y que por ello reclamaron a la justicia.
Este mes, en un marco de estabilidad de variables económicas tras un largo periodo de crisis económica y financiera, el gobierno dio el primer paso para renegociar con los acreedores a quienes dejó de pagar en diciembre de 2001, mediante la designación del banco de inversión francés Lazard Freres como asesor financiero en la materia.
Ese banco cobrará 190.000 dólares mensuales por dialogar con esos acreedores diseminados por el mundo, que poseen más de 130 variedades de bonos argentinos con distintos plazos de vencimiento y diferentes intereses. El proceso puede llevar por lo menos un año.
La reestructuración de esa deuda será compleja, incluso en comparación con los casos de otros países que afrontaron procesos similares tras interrumpir el pago a tenedores de bonos.
Rusia tardó seis meses en renegociar deuda por valor de unos 30.000 millones de dólares, relacionada con sólo tres tipos de bonos.
A Ecuador le llevó más de un año renegociar con acreedores de apenas 6.500 millones de dólares en seis tipos de bonos.
El secretario de Finanzas de Argentina, Guillermo Nielsen, inició este mes una gira por Europa para tomar el pulso a los acreedores.
Uno de los temas a negociar es la quita que propondrá Argentina sobre la deuda, con asesoría del Lazard Freres, adelantó el funcionario en Berlín.
Autoridades del Ministerio de Economía han manejado la idea de una quita de alrededor de 70 por ciento, porque los papeles de deuda argentina se cotizan en la actualidad a 30 por ciento de su valor nominal. Eso significaría pagar sólo unos 18.000 millones de dólares.
Aun con esa quita, especialistas opinan que el peso social de la deuda sería muy importante para una economía que ha sufrido cuatro años consecutivos de recesión, durante los cuales la proporción de pobres en la población pasó de 33 a 55 por ciento.
La quita que busca el gobierno sería legítima, pues el desfasaje entre el producto interno bruto (PIB) y la deuda en dólares es brutal, debido a que el peso se depreció 68 por ciento en 2002, y no hay posibilidad de pagar, dijo a IPS Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos.
Las autoridades esperan que el PIB de este año sea de unos 110.000 millones de dólares.
La deuda es enorme con relación al producto, (…) porque los acreedores prestaron mal, y entonces deben hacerse cargo de su error y asumir una quita, opinó Lozano.
El pago de la deuda que se busca renegociar requerirá un ajuste fiscal que recaerá fundamentalmente sobre el gasto público, y particularmente el de las provincias en los renglones de salud, educación y políticas sociales en general, dijo Lozano.
El PIB se redujo 11 por ciento en 2002, y la proyección de recuperación es de sólo 3,5 por ciento este año.
Una opinión parecida expresó a IPS el economista Julio Gambina, de la organización internacional Attac, cuyo principal objetivo es la creación de un impuesto mundial a los movimientos internacionales especulativos de capital.
Gambina destacó que los tenedores en el exterior de bonos realizaron una inversión de gran riesgo en papeles de un país en crisis, con la intención de lograr el improbable cobro de las altas tasas de interés que ofrecían, casi cuatro veces superiores al promedio en el mercado.
Es muy probable que el gobierno argentino procure canjear esos bonos, a diversos plazos y con altas tasas de interés, por otros con condiciones menos ventajosas para sus tenedores, pero de todos modos la renegociación es un plan de pagos, y eso significa destinar fondos del presupuesto público a compensar a los acreedores, subrayó.
Tras la eventual quita, la deuda sería menor, pero para pagarla habría que recortar gastos del Estado como la salud, la educación o los subsidios al desempleo, y para el ciudadano de a pie, nunca es bueno asumir esas deudas que a la larga siempre se encarecen, opinó Gambina.
La deuda es impagable, y los acreedores que tomaron títulos a 15,5 por ciento, cuando la tasa internacional no superaba cuatro por ciento, sabían perfectamente que estaban haciendo una inversión de riesgo. Por lo tanto, tienen que asumir el riesgo de no cobrar, aseveró.
La idea de que Argentina desconozca esas deudas desvela a los tenedores de bonos, que no siempre son poderosos.
En los últimos años, jubilados, trabajadores y otros ahorristas de clase media adquirieron diversos títulos de deuda emitidos por países emergentes o en desarrollo, con la intención de lograr una renta.
Decenas de miles de personas que realizaron esas compras, mal asesoradas por bancos o conscientes del riesgo que asumían, dudan hoy entre aceptar una quita para perder lo menos posible, o reclamar ante tribunales de justicia, como lo hacen en la actualidad algunos acreedores en Italia o Estados Unidos.
En cualquiera de los casos, los resultados serán gravosos para una gran cantidad de atribulados argentinos, quienes afrontan la perspectiva de disminuir aun más su nivel de gastos, y retrasar así el logro de condiciones necesarias para el crecimiento económico y el bienestar social. (
