La ley de medicamentos genéricos aprobada por Argentina en 2002 determinó una sustancial rebaja de precios, luego que los fármacos de este país llegaran a estar en los años 90 entre los más costosos de América Latina.
Esa ley obliga a los médicos a recetar medicamentos por su nombre genérico, o sea el del agente farmacológico que determina su efecto, y permite al usuario elegir entre productos comerciales que contienen dicho agente, en función de su precio y calidad, con asesoramiento de los farmacéuticos.
Sin ninguna duda, la ley de genéricos aprobada en mayo cambió significativamente el mercado en muchos aspectos, y también en el de los precios, explicó a IPS Marcelo Pereta, presidente de la sección Farmacias del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la capital.
En el último año, las primeras 50 marcas tuvieron un retroceso en los precios, hubo laboratorios chicos que ganaron mercado, multinacionales que se fueron del país, y también hubo algunos aumentos en precios de drogas nuevas o sin competencia, por eso es difícil establecer un promedio de rebajas, señaló.
Las nuevas condiciones de competencia determinaron que una droga contra la hipertensión, que dos laboratorios vendían con sus respectivas marcas comerciales, bajara en promedio 40 por ciento, y lo mismo ocurrió en el caso de los antibióticos con base en la amoxicilina.
La rebaja en términos reales es aun mayor, porque la inflación en 2002 fue 41 por ciento.
La nueva legislación permitió quebrar algunos monopolios de medicamentos en poder de trasnacionales, que ahora compiten con productos más baratos del país. Por ejemplo, una vacuna contra la hepatitis de tipo B que un laboratorio multinacional vendía a 40 pesos, ahora tiene una competidora nacional a nueve pesos.
En 1991 se había liberado el precio de los medicamentos, que desde entonces aumentaron en forma continua. Los médicos recetaban los fármacos por su marca, y esas recetas sólo permitían adquirir el producto comercial correspondiente, aunque hubiera un equivalente más barato con otra marca.
Eso permitió que algunas firmas establecieran monopolios de la oferta de ciertos fármacos y pudieran imponer sustanciales incrementos de sus precios, según un estudio realizado a fines de los años 90 por la fundación privada Isalud, que imparte cursos de posgrado en salud pública.
De 1991 a 1999, el aumento de precios fue en promedio 106 por ciento, pese a la baja inflación del periodo, y desde la mitad de la década eso ubicó a los fármacos vendidos en Argentina entre los más caros de América Latina, y en algunos casos los hizo más caros que en España, Francia, Gran Bretaña e Italia.
El Ventolín, nombre comercial del laboratorio Glaxo para una suspensión de sulfato de salbutamol usada contra el asma, costaba en Argentina el equivalente a 14 dólares en 2001, cuando el precio del mismo producto de Glaxo en España equivalía a dos dólares.
En 1999, la Secretaría de Industria y Comercio comparó en una investigación propia precios de medicamentos de Argentina con los de los mismos productos en Brasil, Paraguay y Uruguay, los demás integrantes del Mercado Común del Sur, y Chile, y halló que los valores argentinos eran en promedio 270 por ciento mayores.
Durante una década, la política monetaria determinó una paridad forzosa del peso y el dólar, pero a partir de enero de 2002 la moneda local comenzó a depreciarse, y en la actualidad un dólar cuesta 3,20 pesos.
Eso llevó a algunos laboratorios multinacionales a la decisión de abandonar Argentina en el último año, explicó Pereta.
La fundación Isalud fue presidida por el médico Ginés González García, quien bregó en forma insistente por una ley de genéricos y es desde enero de 2002 ministro de Salud.
González García logró que el parlamento aprobara esa norma pocos meses de después de convertirse en ministro.
Lo que estamos intentando es mejorar el acceso a los medicamentos a través de esta política de prescripción por nombre genérico, aún cuando sabemos que estamos desatando con ello el infierno del mercado y de la competencia, destacó el ministro en un seminario en el cual se evaluó la nueva política.
El farmacéutico no puede aceptar una receta con marca comercial, recibe sólo la prescripción de la droga y aconseja al paciente cuál marca comprar, subrayó Pereta, coordinador de una red de más de 1.700 farmacias de Buenos Aires.
Eso cambió la relación del consumidor con la farmacia. Antes, el farmacéutico era un simple comerciante, pero ahora debe estar presente en su negocio, y brindar asesoramiento sobre las características de cada producto, incluyendo sus eventuales efectos secundarios, indicó.
La ley de genéricos fue un paso importantísimo en un país que durante muchos años vio incrementarse la brecha entre la oferta de medicamentos y la capacidad de acceso a ellos por parte de quienes los necesitaban, dijo a IPS el economista Carlos Vasallo, presidente de la Asociación de Economía de la Salud.
La población dejó de ser cautiva de un laboratorio, puede buscar alternativas más baratas y así aumenta el número de personas que tienen acceso a los medicamentos, sostuvo Vasallo, quien es además director del Centro de Estudios Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad.
Pero queda un largo camino por recorrer, sobre todo en materia de precios sino de control de la calidad, destacó.
En un seminario internacional al que asistí hace poco tiempo, un estadounidense me decía que si él está en su país compra un medicamento genérico con toda confianza, pero si está en el extranjero prefiere una marca conocida, aunque la pague más cara, porque desconoce si los controles de calidad son buenos, apuntó.
Universidades y hospitales públicos han pedido al Estado que impulse la producción en ellos de medicamentos genéricos, sólo identificados por su principio activo y más baratos que sus equivalentes con marca comercial, y que mejore el control de calidad, para ofrecer fármacos de alto nivel y bajo precio, o aun gratuitos.
Este mes, un hospital del distrito de Hurlingham, en los alrededores de Buenos Aires, inauguró un laboratorio capaz de producir 70 medicamentos a un costo 20 veces menor que el de sus equivalentes disponibles en la actualidad en el mercado, y su inversión inicial para instalarlo fue menos de 100.000 dólares.
Esos medicamentos se entregarán en forma gratuita a los pacientes internados en el hospital.
Un remedio que en la farmacia cuesta 40 pesos, a nosotros nos costará dos pesos producirlo aquí, explicó el alcalde de Hurlingham, Luis Acuña. (
