El municipio indígena de San Juan Chamula, en el meridional estado mexicano de Chiapas, sumó siete muertos esta semana a su abultado expediente de asesinatos, expulsiones e impunidad.
Las instituciones sólo existen de nombre en ese municipio chiapaneco, dijo Guillermo Trejo, investigador sobre movimientos sociales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Esa realidad quedó en evidencia con la muerte el domingo de dos indígenas a manos de un grupo de hermanos de raza, debido a una disputa por el control de pozos de agua, y la de cuatro policías el martes, cuando iban tras los asesinos y uno de los agresores.
Como en otras ocasiones, las autoridades prometieron castigar a los culpables y poner fin al reino de impunidad que caracteriza al municipio, donde el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México de 1929 a 2000, creó y abonó un modelo de jefatura política local sin ley que le aseguró respaldo electoral por años.
Los crímenes del domingo y el martes se añadieron a los más de 100 registrados en los últimos 30 años en ese municipio de 60.000 habitantes mayas, de habla tzotzil, y 82 kilómetros cuadrados de extensión.
De San Juan Chamula, donde han fracasado todos los intentos de pacificar a los bandos religiosos, políticos y de comerciantes en disputa, fueron expulsadas unas 30.000 personas desde los años 70 con el argumento de que violaban leyes comunitarias y profesaban religiones ajenas al catolicismo tradicional.
Los enfrentamientos en ese lugar se deben a la disputa por el control del ayuntamiento, donde los grupos en pugna utilizan armas de alto poder, y no sólo por causas de divisiones religiosas como tradicionalmente se piensa, explicó Mariano Herrán, procurador (fiscal) de Chiapas.
Los historiadores ubican el comienzo de los peores conflictos en San Juan Chamula hace 32 años, cuando fuera detenido por autoridades tradicionales, que al mismo tiempo son las municipales, Miguel Hernández Gómez, uno de los primeros pastores protestantes que predicó en el lugar.
A Hernández lo obligaron a caminar sobre brasas, le extrajeron la lengua y los ojos y finalmente lo asesinaron. El crimen quedó en la impunidad.
En San Juan Chamula, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde comienzos del siglo XX, la religión es utilizada como pretexto para reprimir a quienes desafían el poder político, económico y religioso del lugar, señalan activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El estudio Expulsiones y Derechos Humanos en San Juan Chamula, elaborado por este grupo humanitario que trabaja en Chiapas desde 1989, indica que ese municipio indígena fue convertido por el PRI en el modelo de una estructura de cacicazgos utilizada para el control político y social de su población.
El Centro refiere que en el ayuntamiento, que se divide en 112 comunidades, el PRI penetró la organización tradicional desde los años 30, para fundirla con la política y así conseguir respaldo electoral.
Los conflictos poselectorales son continuos en la vida de esa comunidad, así como la amenaza de no participar en comicios cuando se ha presentado la posibilidad de que un grupo ajeno al PRI gane la alcaldía.
En el municipio de San Juan Chamula las cosas no han cambiado desde 2000, pese a que el PRI perdió la presidencia de México ante el entonces opositor Vicente Fox.
Las investigaciones indican que el PRI apadrinó la formación política y educativa de varios indígenas de Chamula, quienes luego se integraron al sistema de cargos religiosos de la comunidad, donde asumieron cargos de liderazgo.
Esos personajes y sus herederos se transforman con el tiempo en los jefes políticos del municipio, a quienes el gobierno entregó recursos y poder.
Son esos jefes políticos quienes hasta ahora juzgan a los que van contra las normas y costumbres de la comunidad y los que imponen sanciones como cárcel, expulsión y hasta torturas, apuntó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas.
El monstruoso sistema caciquil que creció en Chiapas y en San Juan Chamula en particular ahora no existe tanto para promover intereses locales sino para alimentarse a sí mismo, reproduciéndose a través de víctimas inocentes, puntualizó el Centro.
El municipio de Chamula ha estado en permanente estado de excepción (y) el sistema de procuración de justicia es (allí) parte del engranaje de impunidad y muerte, añade.
Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 en las selvas de Chiapas, los grupos de expulsados de Chamula y de evangélicos aprovecharon para presentar al gobierno sus demandas y exigir sanciones los jefes políticos de la zona.
Sin embargo, aunque fueron escuchados no se tomaron medidas al respecto.
Los indígenas de San Juan Chamula no fueron penetrados por las bases del EZLN y, por tanto, no participaron en el levantamiento armado, que duró apenas 12 días. Hoy, ese grupo armado izquierdista se mantiene inactivo en zonas de selva y tampoco es atacado, gracias a una ley de pacificación.
El gobierno de Fox y del estadual de Chiapas, comandado por el independiente Pablo Salazar, prometieron acabar con la impunidad y los jefes políticos del municipio tras las siete muertes ocurridas esta semana.
Pero la tarea no será fácil, pues está enraizado en esa zona indígena un sistema de impunidad y existen armas y grupos de poder dispuestos a usarlas, advirtió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Un informe del estatal Instituto Nacional Indigenista, publicado en 2000, indica que en San Juan Chamula existen conflictos religiosos, pero sobre todo económicos y políticos.
Añade que las expulsiones tienen relación directa con los intereses económicos y políticos de un grupo de jefes, que no están dispuestos a que se modifique el orden de poder que ellos detentan. (
