La mayoría de los Estados firmantes del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) no han aprobado leyes para implementarlo, destacaron activistas en un taller del Foro Social Mundial, en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.
A eso se suma que Estados Unidos se negó a firmar el Tratado de Roma, que creó la CPI, y ejerce fuertes presiones internacionales para asegurar que sus ciudadanos no sean juzgados por ese tribunal, que tendrá a su cargo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, señalaron.
Las leyes internacionales muchas veces fueron una herramienta de los países poderosos contra los débiles, afirmó el presidente de la no gubernamental Coalición por la CPI, William Pace, en el taller sobre ese tribunal, realizado el lunes.
La característica sin precedentes del Tratado de Roma es que se aplicará en casos individuales, y por lo tanto puede permitir juicios a ciudadanos de países poderosos, destacó.
La CPI comenzará a funcionar en agosto, con sede en Holanda, y sus funcionarios serán de 80 a 100, incluyendo a jueces de varios países.
Pero sólo cinco de los 87 países que ratificaron el Tratado de Roma aprobaron también leyes nacionales para facilitar su implementación.
Otro problema jerarquizado por Pace es la fuerte oposición a la CPI de Estados Unidos, uno de los sólo seis países que se negaron a firmar el Tratado de Roma.
Desde que ese tratado entró en vigor en julio del año pasado, debido a su ratificación por 60 países, Washington ha tratado de socavar su aplicación, mediante acuerdos bilaterales para lograr que los ciudadanos estadounidenses no puedean ser juzgados por la CPI.
El movimiento social mundial debe oponerse a esa estrategia, capaz de bloquear los esfuerzos en curso para democratizar la ley penal internacional y lograr que los responsables de crímenes de guerra sean juzgados, opinó Pace.
Las cuatro convenciones de Ginebra de 1949, que regulan la actividad bélica, no habían sido implementadas para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, y la CPI llenó ese vacío, apuntó en el taller Raji Sourani, director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, con sede en Gaza.
Israel y Estados Unidos son los principales adversarios de la CPI, y es preciso preguntarse si eso significa que planean cometer graves crímenes de guerra en los próximos meses o semanas, arguyó.
La mayoría de los países árabes firmaron el Tratado de Roma, pero Jordania es el único de ellos que lo ha ratificado, admitió sin embargo el activista palestino.
Es una vergüenza, pero no nos rendimos. Hemos coordinado esfuerzos para presionar a los gobiernos árabes y lograr ratificaciones, informó.
La mayoría de los gobernantes árabes afirman que su reticencia a ratificar el Tratado se debe a que ese acto no tendría reciprocidad por parte de Israel y Estados Unidos, añadió Sourani.
La activista Jeanne Sulzer, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, dijo estar horrorizada porque 17 países que ratificaron el Tratado de Roma firmaron luego acuerdos bilaterales con Washington para eximir a estadounidenses de eventuales juicios de la CPI.
Por otra parte, el Congreso estadouniense aprobó el año pasado una ley que obliga a Washington a proteger a integrantes de sus Fuerzas Armadas de investigaciones y juicios de la CPI, e incluso autoriza de antemano operaciones militares para liberarlos, si fueren entregados a ese tribunal para ser juzgados.
Sulzer también se preguntó si eso significa que el gobierno de Estados Unidos se propone cometer crímenes de guerra.
Para garantizar la credibilidad de la CPI, debemos apoyar a los países que quieren comprometerse con ella, sostuvo.
Los países tienen el deber de revelar la verdad (cuando se producen crímenes como los que juzgará la CPI), y los pueblos tienen derecho a conocerla, aseveró el fiscal colombiano Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los Estados deben cooperar para que los familiares de las víctimas ejerzan su derecho a saber la verdad. Esa es la base del Tratado de Roma, alegó.
En Colombia, no es posible juzgar a integrantes de poderosas élites, de las Fuerzas Armadas y de la policía, quienes saben que pueden cometer crímenes con total impunidad, y en ese tipo de situaciones será necesaria la intervención de la CPI, aseguró Uribe.
El fiscal destacó la importancia de aprobar leyes nacionales que faciliten el cumplimiento del Tratado de Roma, y comentó por ejemplo que en Colombia no está prevista la condena a prisión de por vida, que es la pena más severa establecida por el Tratado de Roma.
La legislación colombiana tampoco tipifica como delitos el sometimiento a esclavitud, el desplazamiento forzado de personas, la tortura ni los abusos sexuales cometidos con intenciones bélicas, pese a que el país sufre desde hace muchos años graves consecuencias de una guerra civil, subrayó.
En países con conflictos armados y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, es preciso implementar estrategias legales que aseguren el juicio de los responsables de graves crímenes, añadió. (
