Continúan las oleadas de inmigrantes indocumentados hacia costas españolas, que este jueves recibieron cinco cadáveres tras el naufragio de una frágil embarcación en la cual viajaban 35 personas provenientes de Africa.
Fuentes gubernamentales informaron que los muertos llegaron a las costas de la meridional ciudad española de Tarifa, en la orilla del mar Mediterráneo y cercana al estrecho de Gibraltar.
En los últimos cinco años, más de 4.000 personas que intentaban ingresar al país perdieron la vida en el mar antes de lograrlo, según la Asociación de Trabajadores de Inmigrantes Marroquíes (ATIME).
El Ministerio del Interior de España registra un centenar de muertos menos, pues no incluye en sus estadísticas a los fallecidos en las vecinas aguas marroquíes ni a los desaparecidos tras naufragar las barcas.
Los cinco muertos aparecidos este jueves carecían de documentos de identidad y sus acompañantes no aportaron informaciones sobre ellos.
La mayoría de las muertes de quienes intentan entrar al país se producen debido a naufragios, aunque también hay otros tipos de accidentes, entre los cuales se recuerda en especial el que le costó la vida el 19 de agosto a cuatro jóvenes marroquíes que viajaban ocultos en el interior de un camión frigorífico.
Los cuatro partieron en ese vehículo desde la ciudad marroquí de Casablanca, ubicada sobre la costa del océano Atlántico, desembarcaron en el sur de España, cruzaron el país y fueron hallados muertos por el conductor del camión en las cercanías de la nororiental ciudad española de San Sebastián.
Este jueves también falleció el cuarto de un grupo de 14 inmigrantes que estaban detenidos en una comisaría en la sudoccidental ciudad de Málaga, incendiada el viernes.
Según fuentes policiales, el incendio fue provocado por uno de los detenidos, Patrick Arhaban, contra quien había una orden de captura bajo la acusación de tráfico ilegal de inmigrantes.
El abogado José Luis Rodríguez, de la organización no gubernamental Málaga Acoge, se ofreció para asistir a los detenidos, y en especial para aclarar por qué fueron recluidos en una celda junto con Arhaban y el patrón de la barca, Abdel Abderramán, contra quien también había una orden de captura.
El episodio de Málaga desató protestas y exigencias de investigación, en primer lugar porque los inmigrantes estaban en una comisaría y según la ley se les debió llevar a un centro de acogida, como a todas las personas que son descubiertas tras entrar al país sin los documentos exigidos para ello.
”A los marroquíes detenidos se los trata peor que a los cerdos que se manda a un matadero”, dijo a IPS Mustafá El'Merabet, portavoz de la ATIME.
En términos similares se pronunció José Chamizo, defensor del pueblo (ombudsman) de Andalucía, la región donde está Málaga, quien señaló que lo ocurrido con los recluidos en la comisaría hace pensar que ”como esas personas eran inmigrantes, no importaba lo que pudieran hacer con ellos”.
De acuerdo con la legislación vigente, los inmigrantes irregulares interceptados antes de pisar España o de traspasar sus puestos fronterizos pueden ser devueltos a su lugar de origen antes de 72 horas, y en ese plazo pueden ser retenidos en locales de la policía, pero vencido el mismo deben quedar en libertad.
En cambio, las personas que logran ingresar y carecen de la visa correspondiente deben ser internadas en un centro de acogida, previa intervención de un juez, y pueden permanecer allí hasta 40 días, luego de los cuales deben ser expulsadas del país.
Pero es difícil que esa norma se aplique en casos de personas provenientes de Africa subsahariana, que en su mayoría se niegan a identificarse y declarar su nacionalidad cuando son arrestados. Además, los vínculos de España con la mayoría de los países de esa región no incluyen tratados que permitan la expulsión.
Durante la última semana fueron detenidos más de 200 inmigrantes llegados de manera irregular a las costas españolas, y en los últimos dos años, los arrestados fueron más de 30.000.
Sólo el martes, 102 inmigrantes irregulares y tres patrones de las cinco embarcaciones en que viajaban fueron detenidos en las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, del español archipiélago de las Canarias, frente a la costa noroccidental de Africa.
La mayoría de esas personas provenían de Malí y Gambia, aunque también había otras de Ghana, Guinea Bissau, Mauritania y Guinea- Conakry.
Las embarcaciones, de bajo calado, eran de las llamadas ”pateras” porque se suelen utilizar en lagos para cazar patos. (
