El BID suspendió el desembolso de préstamos a Argentina por 8.000 millones de dólares para fines sociales y productivos, luego de que el gobierno de Eduardo Duhalde no le pagara una obligación de 690 millones de dólares.
La situación de Argentina podría complicarse aún más si tampoco hace frente, como ya lo han anticipado portavoces del gobierno, a los pagos de deuda por 1.800 millones de dólares que vencen esta semana con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI exige la cancelación de ese adeudo para firmar el ansiado y tantas veces postergado acuerdo crediticio, que permita a Argentina encausar la reprogramación de su deuda externa.
En cambio, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, invirtió los términos del FMI al aclarar que el gobierno tiene la intención de pagar, pero en el marco de los acuerdos más amplios de refinanciamiento de obligaciones con los organismos multilaterales.
Argentina declaró en diciembre de 2001 el cese de pago a los acreedores privados y desde el 14 de noviembre se halla en mora con el Banco Mundial, a lo cual se le suma el incumplimiento del miércoles con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Lavagna supeditó así la cancelación de los próximos vencimientos con los organismos multilaterales a la definición del convenio con el FMI para reprogramar los vencimientos del primer semestre del año, que suman 7.300 millones de dólares.
Argentina comunica al BID que demorará brevemente sus pagos, indicó ese organismo en un comunicado distribuido el miércoles en Washington.
En la misma comunicación, el BID confirma que la suspensión de los desembolsos de préstamos a Argentina se prolongará mientras ese país permanezca en atraso con sus obligaciones.
Buenos Aires le informó al organismo que por cuestiones técnicas derivadas de las restricciones al financiamiento del sector público, que impone la carta orgánica del Banco Central, no estaba en condiciones de atender las obligaciones que vencieron el miércoles.
El ministro Lavagna también expresó la confianza de su país en que el retraso será breve y confirmó el compromiso de su país con el BID, cuyo presidente Enrique Iglesias realizó intensas gestiones para evitar que Argentina cayera en cese de pagos.
El vencimiento original de la deuda con el BID se produjo el 14 de diciembre, cuando comenzó a correr una prórroga automática e improrrogable de 30 días.
La suspensión de préstamos del BID afecta a planes previstos por el gobierno nacional, pero no la asistencia a la central provincias de Córdoba ni a la oriental Buenos Aires, así como tampoco a la Ciudad de Buenos Aires, pues las obligaciones de estos gobiernos estaduales aún tienen 90 días más de plazo.
Los créditos concedidos y en suspenso a partir del miércoles suman unos 8.000 millones de dólares y están destinados, entre otros, a programas de asistencia social, educativos, agrícolas, energéticos, de obras públicas y para contrarrestar los daños producidos por las inundaciones.
Mientras, el gobierno precisó que el anterior congelamiento de la entrega de 600 millones de dólares del Banco Mundial, a causa del incumplimiento de noviembre, no afectará el funcionamiento del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que era su destino.
Ese programa otorga un subsidio de 45 dólares mensuales a 1,9 millones de desempleados y desempleadas con hijos a cargo, quienes deben efectuar una contraprestación laboral.
Observadores entienden que la negativa a pagar de Argentina antes de llegar a un acuerdo con el FMI, pese a contar con más de 10.000 millones de dólares de reservas, se debe a que espera vencer la voluntad de los directores del organismo con el respaldo Grupo de los 7 (G-7) países más industrializados.
Ese apoyo del G-7, de central incidencia en el FMI, fue clave para la reanudación de las negociaciones, que tras 12 meses se hallaban estancadas.
De esos siete países son originarias las empresas de producción y de servicios que representan 60 por ciento de la economía argentina.
Por esa razón es fundamental para el G-7 que Argentina llegue de manera ordenada a las elecciones presidenciales del 27 de abril y que, posteriormente, pueda efectuar sin complicaciones el cambio de gobierno.
Una misión del FMI, encabezada por el vicedirector del Departamento Hemisferio Occidental, John Dodsworth, y el experto en asuntos argentinos, John Thorton, llegó el 9 de este mes a Buenos Aires para negociar aspectos técnicos del acuerdo, que algunos funcionarios creen será anunciado el día 23.
Si bien las negociaciones avanzaron en muchos aspectos, el FMI exigió que Argentina pagara los vencimientos de esta semana, antes de oficializar el entendimiento.
Por su parte, el gobierno de Duhalde condicionó esos pagos a un compromiso público por parte del FMI de que el acuerdo está sellado. Precisamente, esa diferencia provocó un nuevo estancamiento de las negociaciones.
Estamos trabajando, ésta es una negociación que todavía tiene un capítulo por delante, fue la respuesta de Lavagna cuando se le preguntó el miércoles por el estado de las tratativas con el FMI.
Una de las principales diferencias entre las partes, según Lavagna, se debe a la exigencia del FMI de reducir la base monetaria (circulante), una medida que Buenos Aires se niega a implementar porque considera que atenta contra la reactivación incipiente de la economía.
El FMI también formuló una serie de recomendaciones de carácter fiscal y financiero que significan un ajuste mayor, la reducción del presupuesto destinado al área social, el aumento de las tarifas de las empresas de servicios y la negociación con los acreedores privados.
Al respecto, el gobierno tomó en los últimos días algunas decisiones al respecto. La primera fue fijar el impuesto al valor agregado en 21 por ciento, luego que en noviembre había sido rebajado a 19 por ciento para estimular el consumo y reactivar la economía.
También el Ministerio de Economía comenzó las rondas de consultas con los seis bancos que se postularon para actuar como asesores financieros del gobierno en las futuras negociaciones con tenedores privados de bonos de deuda pública por 52.000 millones de dólares, pendientes de pago desde diciembre de 2001.
Pero el gobierno se resiste a incrementar las tarifas de los servicios de electricidad y gas, pues tendría un impacto negativo en la ya deteriorada economía de millones de hogares y, además, provocaría otros aumentos que representan, según estimaciones, entre 10 y 20 por ciento de los salarios más bajos.
Esa perspectiva se torna más dramática en el contexto de una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza. Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo indicó que en la ciudad de Buenos Aires y su zona metropolitana los ingresos de los ricos son 30 veces más altos que los de los más pobres. (
