Un clima de alivio se vivió este viernes en Argentina a raíz del acuerdo en la víspera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzado tras un año de negociaciones y que posterga por ocho meses los pagos a organismos multilaterales.
El convenio logrado por el gobierno con una misión técnica del FMI, que permite reprogramar vencimientos por más de 11.000 millones de dólares, debe ser avalado el 23 de este mes en Washington por el directorio del Fondo.
El documento trata de mantener los progresos realizados en el último año, pues hubo claramente una estabilización en la economía argentina, señaló el portavoz del FMI Thomas Dawson. Argentina arrastra más de cuatro años de crisis económican y la depresión alcanzó una profundidad sin precedentes en 2002.
Dawson negó que el acuerdo alcanzado fuera resultado de la amenaza del cese de pagos de Argentina al FMI.
En la noche del jueves, tras el pacto que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y no prevé desembolsos argentinos, el Banco Central ordenó pagar al FMI con reservas internacionales casi 1.000 millones de dólares, que se recuperarían antes de fin de mes, cuando sea aprobado el acuerdo.
El presidente Eduardo Duhalde opinó este viernes que el acuerdo debería tener mayor vigencia, pero justificó su corto plazo por la coyuntura política en que se produjo.
Está previsto realizar elecciones presidenciales el 27 de abril, y la exigencia de un acuerdo político (entre los precandidatos) era incumplible en medio de una campaña electoral, sostuvo Duhalde.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, explicó este viernes que su idea era alcanzar un acuerdo de postergación de vencimientos que abarcara también los de 2004, pero dijo que eso no fue posible porque faltó voluntad política de los precandidatos.
El entendimiento dejará las manos libres al próximo presidente, destacó Lavagna.
En medios gubernamentales, empresariales y académicos predominó este viernes un sentimiento de alivio por el acuerdo, que pese a su corto alcance evitó un cese de pagos con probables repercusiones negativas para la incipiente recuperación económica.
Lo más importante es que se logró refinanciar los vencimientos de los próximos meses sin comprometer reservas, como había ocurrido en el último año, opinó el economista Benjamín Hopenhayn, miembro del Grupo Fénix junto con otros intelectuales que plantean una solución alternativa de la crisis.
Casi todos los economistas, empresarios y políticos, incluyendo a los opositores, expresaron que el acuerdo es un paso adelante, aunque algunos destacaron que sólo aplaza los problemas de fondo.
El más crítico fue el economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos, quien comentó que se trata de un acuerdo limitado y provisorio que no resuelve nada, por la ausencia de avances hacia redistribución más equitativa del ingreso, que cree indispensable para profundizar la reactivación.
La refinanciación acordada abarca una deuda de 6.600 millones de dólares con el FMI, y otros 4.400 millones que el país debe al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los dos organismos con los que se avecinaba una declaración formal de cese de pagos.
La información oficial habla de la reprogramación de pagos por valor de unos 16.000 millones de dólares, porque Lavagna añadió más de 5.000 millones de dólares que el FMI había aceptado refinanciar en los últimos meses de 2002, cuando aún no se avizoraba un acuerdo.
El pacto con el FMI era el primer paso ineludible para una renegociación mas general de la deuda externa pública, de casi 150.000 millones de dólares, que deberá afrontar el gobierno que asuma el 25 de mayo. También está pendiente renegociar la deuda pública con tenedores privados de bonos estatales.
Otro efecto del acuerdo fue asegurar que continuará el desembolso de créditos ya acordados con el Banco Mundial y el BID, que estaba en peligro desde que el gobierno decidió incumplir en los últimos meses pagos prometidos a esos organismos, a la espera del acuerdo con el FMI.
En diciembre de 2001, tras casi cuatro años de recesión, Argentina entró en un periodo de colapso político, social y económico cuando renunció el entonces presidente Fernando de la Rúa, en medio de protestas populares, y se declaró el cese de pagos de la deuda externa con acreedores privados.
Duhalde, designado presidente por el parlamento el 31 de diciembre de 2001, intentó sin éxito durante meses obtener un préstamo del FMI, mientras se profundizaba la crisis.
Tras la asunción de Lavagna a mediados de 2002, cesó la depreciación del peso, que había llegado a más de 75 por ciento en seis meses, se estabilizaron los precios internos, y algunos sectores productivos agropecuarios e industriales comenzaron a emitir señales de recuperación.
En ese contexto, Lavagna decidió dejar de usar las disminuidas reservas para pagar deudas a organismos internacionales, hasta que se lograra un acuerdo con el FMI.
Esa decisión fue criticada por el Fondo, pero finalmente la presión del Grupo de los Siete (G-7), que reúne a los países más industrializados, logró quebrar esa resistencia.
Los integrantes del G-7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, contribuyeron en distinta medida a convencer al directorio del FMI para que llegara a un acuerdo transitorio con Argentina, que apuntale la incipiente reanimación económica y permita iniciar la renegociación con acreedores privados.
Lavagna explicó que el acuerdo no incluye las tradicionales exigencias del FMI de recortar gasto público y realizar reformas estructurales, sino que Argentina sólo se compromete a lograr en 2003 un crecimiento de tres por ciento del producto interno bruto, 2,5 por ciento de superávit fiscal y una inflación que no supere 22 por ciento. (
