La represión política en Cuba estuvo marcadamente dirigida contra pacíficos disidentes en 2002, a diferencia de años anteriores, aseguró este miércoles un grupo local de defensa de los derechos humanos.
La situación humanitaria se deteriorará aun más este año ante el previsible aumento de las tensiones sociales, pronosticó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn), una organización sin reconocimiento legal en el país.
La Ccdhrn, en su informe sobre la cuestión humanitaria entregado a la prensa extranjera acreditada en La Habana, dio a conocer los nombres de 36 opositores detenidos en 2002, que hasta el cierre de la información, el martes, permanecían en prisión.
De ese grupo, 23 están bajo arresto sin cargos formales, entre ellos el activista Oscar Elías Biscet, según el reporte que cada seis meses confecciona la Ccdhrn con información no gubernamental.
Biscet, quien preside la también ilegal Fundación Lawton de derechos humanos, fue detenido el 6 de diciembre, unas cinco semanas después de haber cumplido tres años de prisión acusado de deshonrar los símbolos patrios e instigar al desorden público.
La Comisión informó, además, de 223 personas que cumplen sanción o se encuentran a la espera de juicio, más 25 casos sobre los cuales no existe información última. La cifra es similar a la del semestre anterior, cuando se contabilizaban 230 detenidos por razones políticas o sociales.
El número de prisioneros por los llamados delitos contra el Estado o afines ha permanecido virtualmente estacionario a pesar de las innumerables exhortaciones que ha recibido el gobierno cubano para que excarcele a los presos políticos, señaló la Ccdhrn.
Entre los detenidos se encuentran 105 personas que cumplen condenas por piratería o salida ilegal del país. La legislación penal contempla sanciones de hasta 30 años para casos agravados de piratería o tráfico clandestino de personas.
Los listados semestrales de esta organización no gubernamental incluyen detalles como fecha de detención, cargos y condena de cada persona y constituyen la única fuente asequible sobre la materia en Cuba.
Las autoridades tienen como norma no publicar estadísticas sobre la población penal.
Tomando en cuenta el previsible aumento de las tensiones sociales, alimentadas por las crecientes dificultades económicas (…), pronosticamos un deterioro aún mayor en la situación de los derechos esenciales de la persona humana en Cuba en 2003, alertó el informe.
Consideró, además, que Cuba sigue siendo una de las pocas sociedades cerradas del planeta, que no acepta misiones de cooperación u observación de la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional u otras organizaciones humanitarias.
El gobierno de Fidel Castro rechaza de plano las críticas por su historial de derechos humanos y, por el contrario, considera que Cuba es uno de los países donde más se respetan los derechos sociales, económicos y culturales.
La Ccdhrn, cuya solicitud de registro legal presentada en 1987 ante el Ministerio de Justicia aún no fue otorgada, es considerada oficialmente como una aliada de los intereses de Estados Unidos.
Este grupo recibió en 1990 el premio Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y en 1991 el Premio Internacional, que otorga la organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
El comunicado que acompaña el informe divulgado este miércoles lleva la firma del presidente de la Ccdhrn, Elizardo Sánchez, quien a fines de diciembre dijo a IPS que, en sentido general, en 2002 se mantuvo una represión política de baja intensidad.
Sánchez opinó que no se registró un aumento dramático del número de presos políticos, porque el gobierno se ha dado cuenta de que los sectores de oposición no constituyen una amenaza que justifique una represión intensa.
Pero ciertamente se ha mantenido este año (2002) esa atmósfera represiva, pero de baja intensidad y están los números que lo refrendan, señaló.
El activista también admitió que en los últimos dos años el gobierno ha tolerado actividades opositoras realizadas en recintos cerrados.
De mal grado, pero las han aceptado…Esto es un paso de avance, porque hace cinco o seis años era muy difícil realizar cualquier tipo de actividad, comentó.
Sin embargo, sentenció que esa tolerancia no cambia el hecho de que Cuba sigue presentando la peor situación de derechos civiles, políticos y económicos de todo el hemisferio occidental.
En sus declaraciones a IPS, Sánchez reconoció que, aunque en el Código Penal continúa figurando la pena de muerte como sanción máxima, ésta no se aplica desde abril de 2000, lo cual indica una evolución positiva.
El informe de la Ccdhrn incluye tres prisioneros sobre quienes pesa esa condena, entre ellos los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados por el delito de terrorismo hace unos cuatro años.
El tercer caso es el de Humberto Real Suárez, apresado en octubre de 1994 y procesado por delitos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego. (
