Unos 12.000 niños y niñas del norte de Colombia no podrán iniciar el año lectivo el próximo lunes debido a la violencia de los grupos armados irregulares sobre padres y maestros, a la constante destrucción de escuelas y a otras formas de hostigamiento.
La Federación de Educadores de Colombia (Fecode) dijo que la clausura a fines de diciembre de 125 escuelas en el septentrional departamento de Bolívar, a causa del combate por territorios entre guerrilleros izquierdistas y paramilitares de derecha, es una mínima muestra de la crisis humanitaria de la enseñanza en todo el país.
En Bolívar, una zona de intensos combates, la escuela ha sido asumida por los actores armados como espacio físico, donde guerrilleros, paramilitares y el ejército realizan proselitismo político, montado sobre el terror, dijo a IPS el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de Fecode, Fabio Zapata.
El año pasado debieron dejar la escuela de modo temporal o definitiva, a causa del desplazamiento forzoso de 2.900 educadores, cerca de 290.000 niños y niñas, que equivalen a 3,6 por ciento por ciento de los estudiantes del sistema primario estatal, agregó.
Zapata precisó también que en 2002 fueron asesinados 82 funcionarios del sistema educativo, el doble de las muertes registradas en ese sector el año anterior, cuando además fueron destruidas por atentados más de 100 escuelas.
Muchos maestros fueron ejecutados frente a sus alumnos o sus hijos, con los consecuentes traumas irreparables, que se agregan al hecho de que quedan sin atención educativa porque esos educadores no son reemplazados.
Las denuncias presentadas ante Fecode responsabilizan de 95 por ciento de esos asesinatos a los paramilitares y el restante cinco por ciento a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En unos casos son los guerrilleros los que llegan a la escuela, hacen proselitismo, amenazan a maestros y escolares para que no colaboren con los paramilitares y envía el mismo mensaje a los padres, apuntó Zapata.
Más tarde, llegan los paramilitares, hacen lo mismo o acusan directamente a la comunidad educativa de colaborar con la guerrilla que acaba de retirarse, un pretexto para ejecutar a maestros u obligarlos a abandonar el área, añadió.
El sindicalista también señaló como partícipe de este hostigamiento al ejército, que a veces monta sus instalaciones militares en zonas cercanas a las escuelas, particularmente en departamentos como el sudoriental Caquetá.
Las escuelas de varias regiones del país son utilizadas como escudos humanos por parte de la fuerza pública, advirtió.
Por esa razón, Fecode levanta este año como punto central de su accionar la consigna La escuela territorio neutral en el conflicto armado.
Analistas políticos entienden que la crisis humanitaria que afronta la educación pública colombiana al comienzo de los cursos anuales es la más grave de los últimos dos años, pues a los problemas de seguridad se le suma el déficit de cobertura que deja fuera del sistema a cerca de tres millones de niños.
La crisis educativa ya había sido incluida en el cuadro de violaciones a los derechos básicos en Colombia en el informe presentado el año pasado ante el 57 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el informe presentado por la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, se aseguró que el derecho a la educación en Colombia se vulnera en la medida en que el magisterio es sometido a la violencia contra los profesores.
Los educadores se encuentran entre los trabajadores más frecuentemente afectados por muertes, amenazas y desplazamiento en Colombia, se indicó.
El último estudio del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de septiembre, afirmó que la guerrilla, los paramilitares y otras organizaciones armadas asesinaron 121 dirigentes políticos y funcionarios públicos en los primeros ocho meses de 2002.
Sin embargo, el Observatorio consideró que, pese a la gravedad y complejidad de la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país, son significativos los avances en múltiples áreas del Estado.
Se ha logrado investigar y penalizar a quienes incurren en violaciones de los derechos humanos, se ha luchado militarmente contra los grupos armados al margen de la ley, así como se ha podido llevar a cabo su sometimiento a la justicia, añade.
El informe puntualizó que entre enero y agosto de 2002 las Fuerzas Armadas apresaron a 1.863 guerrilleros y 658 paramilitares, 44 por ciento capturas más que en el mismo lapso del año anterior. (
