ARGENTINA: Inmigrantes expuestos al abuso

La Ley Nacional de Migraciones de Argentina, aprobada durante la última dictadura militar (1976- 1983) permite detener a extranjeros y expulsarlos del país sin alegar motivos y sin intervención del Poder Judicial.

”La política de expulsiones llevada a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es una realidad cotidiana para muchos migrantes pobres”, según un informe del Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley de Migraciones de 1981 y los procedimientos basados en ella dan lugar a situaciones arbitrarias y discriminatorias, en un contexto social marcado por la presencia de millones de inmigrantes y el discurso xenófobo de algunos políticos y funcionarios, en especial contra inmigrantes pobres.

Durante los años 90, ingresaron al país cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos, atraídos por las posibilidades de obtener empleo e ingresos que les permitieran enviar remesas a sus países de origen, en un marco de estabilidad económica determinado por la paridad forzosa del peso y el dólar.

No hay datos oficiales sobre la cantidad de esos inmigrantes, pero expertos calculan que son de 4,5 a cinco millones, la mayor parte de ellos concentrados en Buenos Aires.

Esas personas se sumaron a grandes comunidades de sus compatriotas establecidas en años previos, en especial de bolivianos, chilenos, paraguayos y uruguayos.

También hubo inmigración proveniente de Europa Oriental y Asia, en especial de coreanos y chinos, debido a la política migratoria impulsada a partir de 1994 por el ex presidente Carlos Menem (1989- 1999).

Los procedimientos de la DNM son cuestionados en forma permanente por la Defensoría del Pueblo, el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras instituciones defensoras de los derechos humanos.

En los últimos años se multiplicaron las denuncias ante la Defensoría por expulsiones, y el CELS incorporó desde 1995 un capítulo sobre la cuestión de los inmigrantes a su ”Informe Anual sobre los Derechos Humanos”.

En el centro del problema está una política nacional que permite e incluso estimula la inmigración, pero al mismo tiempo obstaculiza o impide que los inmigrantes regularicen su situación en el país.

Por ejemplo, las gestiones ante la DNM para regularizar la residencia demandan el pago de unos 60 dólares, y eso está fuera del alcance de la mayoría de los inmigrantes pobres.

”En numerosos casos, el análisis de los trámites de radicación migratoria ante la DNM demuestra la comisión de graves irregularidades” por parte de las autoridades, afirmó el CELS.

”Estas anomalías concluyen, en algunas oportunidades, en una decisión de expulsión”, que ”expone a la persona expulsada a quedar detenida por orden de la DNM, sin control judicial alguno”, destacó.

Los residentes irregulares no pueden obtener el documento nacional de identidad (DNI) especial para extranjeros, y todos los funcionarios públicos, incluso los de hospitales y escuelas, deben exigir a los extranjeros que acrediten su identidad y su residencia legal en el país cuando requieren servicios.

Los funcionarios están obligados a informar a las autoridades migratorias sobre los datos personales y el domicilio de los extranjeros que no cumplan ese requisito.

La carencia del DNI ”se transforma en una fuente de negación de la identidad civil”, comentó el CELS.

Los inmigrantes se exponen a la expulsión cuando son atendidos en hospitales, al inscribir el nacimiento de sus hijos o realizar el trámite para que asistan a la escuela, ”o por el constante hostigamiento policial cuando trabajan en actividades informales o caminan por la calle”, según la Defensoría del Pueblo.

El CELS y la Defensoría alegan que impedir el acceso de inmigrantes irregulares a educación y salud vulnera la norma constitucional según la cual ”los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de los ciudadanos”.

La DNM ha expulsado a padres extranjeros de niños argentinos, y ha negado el ingreso al país u ordenado la expulsión de inmigrantes discapacitados.

La Ley de Migraciones fue modificada en 1994 para permitir la radicación en el país de personas con discapacidad, pero ”en muchos casos la DNM continúa aplicando el régimen legal anterior”, según el CELS.

El informe de esa institución mencionó el caso de dos jóvenes inmigrantes enfermas de sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) a quienes el Ministerio de Salud negó acceso a estudios y medicamentos, aunque tenían hijos argentinos y por ello estaban habilitadas para radicarse en el país.

Tras recursos de amaparo presentados por esas dos mujeres, el el Ministerio les brindó medicamentos contra el sida ”por razones humanitarias”. Una de ellas, de 23 años, falleció en febrero de 2002 y dejó huérfana a su hija de un año y medio, cuyo padre había muerto antes de la misma enfermedad.

En 2001, durante una sesión de la Cámara de Diputados, el actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, afirmó que los actuales inmigrantes no son como los italianos y españoles que llegaron al país en la primera mitad del siglo XX.

Scioli dijo que Buenos Aires era azotada ”con tours de delincuentes, con tours sanitarios que vienen a ocupar nuestros hospitales, con delincuentes que vienen a usurpar casas y ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la jueza Silvia Ramond sostuvo en una entrevista que ”en las villas (barrios marginales), el peruano maneja el tráfico de cocaína (y), el paraguayo, en cambio, maneja la marihuana”. También afirmó que ”el paraguayo es un poco violento, dado a los hechos de sangre con armas blancas”.

Cuando Ramond hizo esas declaraciones, presidía la comisión del Mercosur de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, destacó el CELS.

El caso más grave registrado de agresión contra inmigrantes fue el de una joven boliviana y su hijo de 10 años que murieron en 2001 tras ser arrojados de un tren en movimiento.

La justicia aún investiga la responsabilidad de los pasajeros que viajaban con ellos, uno de los cuales había insultado a la mujer por su origen y se había quejado de la presencia de extranjeros en el país, sólo porque la joven lo rozó con un bolso.

La política migratoria y el accionar de la DNM contribuyen a precarizar la situación social y económica de los inmigrantes, en especial en el marco de la actual crisis del país, y aumentan las probabilidades de abuso y maltrato contra ellos por parte de instituciones y empleadores.

Según datos de la Policía Federal, en los barrios de la ciudad de Buenos Aires en que residen grandes comunidades de peruanos y bolivianos son detenidas hasta 600 personas por mes, que en algunos casos permanecen horas y hasta 15 días sin asistencia legal ni intervención consular.

”Los centros de detención para expulsados, las comisarías donde son retenidos, los vejámenes a los que son sometidos, desgajan violentamente a estas personas de su condición de ciudadanos, sin otorgar soluciones a las situaciones de ilegalidad que se dice combatir”, según la Defensoría del Pueblo. (