Diez millones de personas que han vivido por generaciones en regiones boscosas de India se enfrentan a una orden del Ministerio de Ambiente y Bosques a los gobiernos estaduales para que expulsen a todos los ”usurpadores”.
La orden ministerial obedeció a la recomendación de una comisión formada por la Corte Suprema para sugerir soluciones a la invasión de tierras forestales en 10 de los 26 estados de India y nueve territorios federales.
Más de 66 millones de hectáreas de India, o 19,3 por ciento de su territorio nacional, están cubiertas por bosques, 11 por ciento de ellos densos. Algunos expertos sostienen que en realidad la superficie es menor.
Según el ministerio, 1,25 millones de hectáreas de esos bosques han sido registradas oficialmente como ”invadidas”, pero el área podría ser mucho mayor.
La comisión ad hoc formada por la Corte Suprema determinó que ”personas influyentes con filiaciones políticas no sólo promueven las invasiones de tierras boscosas, sino que ayudan en todo el proceso” y perjudican a los funcionarios forestales que tratan de impedirlo.
La recomendación de expulsión de la comisión convirtió a las comunidades ancestrales que residen en los bosques en un blanco fácil de los funcionarios forestales, que son pasibles de sanciones si no ejecutan los desalojos.
La propia existencia de las tribus de los bosques se ha vuelto ”ilegal” por el hecho de haber vivido en tierras boscosas por generaciones sin títulos de propiedad o ”pattas”, que les prometieron pero no les dieron.
La asociación tribal Budakatthu Krishi Kara Sangha (BKS), del meridional estado de Karnataka, señaló que las comunidades que viven junto a un asentamiento de refugiados tibetanos establecido en 1961 residen allí desde antes de la llegada de esos exiliados, y sin embargo recibieron órdenes de desalojo.
”Ya vivimos en condiciones miserables, siempre nos mandan de acá para allá. ¿Adónde iremos ahora?”, preguntó B.S. Vittalananchi, de BKS.
Además, ”los únicos bosques que han sobrevivido desde la independencia son aquellos donde viven aborígenes”, arguyó J.T. Rajappa, de la misma asociación.
En el estado central de Madhya Pradesh, una federación de asociaciones tribales protestaron en una ”marcha de la selva”. ”No abandonaremos nuestras tierras, queremos una alternativa”, manifestaron.
Organizaciones no gubernamentales de todo el país respaldaron esas protestas y solicitaron a la Corte Suprema que se atenga a una serie de circulares emitidas por el Ministerio de Ambiente en 1990.
Esas decisiones ministeriales preveían la regularización de las ocupaciones de tierras previas a la Ley de Conservación Forestal de 1980, otorgando a las comunidades nativas derechos legales sobre sus tierras, que no estaban previstos en la anterior Ley Forestal de 1927.
Ninguno de los gobiernos estaduales aplicó todavía lo dispuesto en las circulares ministeriales.
La Comisión Nacional para las Castas y Tribus (NCSCST) se quejó al primer ministro Atal Bihari Vajpayee de que el Ministerio de Ambiente no haya incluido a representantes tribales en la comisión ad hoc, una exclusión considerada inconstitucional por algunos críticos.
”Es lamentable que el Ministerio de Ambiente no haya considerado este caso lo suficientemente importante para siquiera mantener informada a la comisión”, expresó Bizay Shastri, presidente de la NCSCST, en una carta al primer ministro.
En respuesta a las protestas generalizadas, el ministerio moderó su postura el pasado octubre y ordenó a los estados que regularizaran las ocupaciones de tierras previas a 1980.
Sin embargo, como la mayor parte de las tribus no poseen documentos escritos, las decisiones sobre la regularización quedaron en manos de comisiones que cada estado formó para manejar el asunto, y el problema sigue como antes.
”La policía también fue llamada a integrar esas comisiones estaduales, por tanto, ¿a quién acudirán las comunidades para presentar una queja de persecución?”, preguntó B.D. Sharma, del grupo Bharat Jan Andolan y ex comisionado de NCSCST.
Varios activistas criticaron también la selección de organizaciones ecologistas para integrar la comisión ad hoc, las cuales respaldan las expulsiones.
Según los críticos, se trata de un ”ambientalismo de elite” que no tiene en cuenta a los más desfavorecidos.
”Esto no es más que ambientalismo neocolonial, que deja de lado la historia cultural de India”, se quejaron Pradeep Prabhu y Sanjay Hiremath, de la Comisión Nacional para la Protección de los Recursos Naturales.
En esta confusa situación, proliferan los invasores de tierras poderosos y acaudalados, pero hasta ahora sólo uno de ellos fue llevado ante la justicia.
Se trata de B.L. Shankar, miembro de la asamblea legislativa de Karnataka, quien tiene plazo hasta el 31 de este mes para entregar las tierras que invadió.
