Grupos de la sociedad civil urgieron a las empresas que fabrican medidores de agua prepaga a dejar de hacerlo, con el argumento de que esos aparatos impiden el acceso de millones de pobres de todo el mundo al agua potable.
El reclamo fue planteado en una carta de protesta firmada por cientos de organizaciones e individuos de todo el mundo que rechazan la venta de agua potable y sostienen que esos medidores contribuyen a la propagación de enfermedades.
El agua es un derecho humano y no un bien comerciable cuyo acceso está determinado por la capacidad adquisitiva de cada uno, arguyeron los grupos de la sociedad civil.
La carta forma parte de una campaña mundial para detener la venta de agua y fue enviada el martes a la empresa sudafricana Conlog, con sede en Durban, y a otras dos grandes fábricas de medidores de agua.
Los firmantes defendieron el agua como un derecho humano e instaron a Conlog a ser socialmente responsable.
Los medidores prepagos están diseñados estratégicamente para negar el agua y la electricidad a aquellos que no pueden pagárselas, afirmó Wenonah Hauter, del grupo de defensa del consumidor Public Citizen, que impulsó la idea de la carta.
Cualquier política que promueva la propagación de enfermedades y el sufrimiento es irresponsable y debe ser condenada, agregó.
El sistema de los medidores de agua se asemeja al de las tarjetas de llamadas telefónicas. El consumidor inserta la tarjeta prepaga en el medidor encima de una canilla y, a medida que el agua fluye, se ajusta el saldo y el aparato exhibe el crédito restante.
El creciente uso de medidores prepagos de agua y electricidad por compañías privadas y gobiernos, en particular en países pobres de Africa, preocupa a organizaciones no gubernamentales (ONG) como Public Citizen y Sweetwater Alliance.
Los gobiernos y las empresas privadas promueven los medidores de agua prepaga para cumplir con la recomendación del Banco Mundial de asegurar la plena recuperación de costos y recortar subsidios a los servicios básicos, agregaron.
El Banco negó que estimule tales políticas sobre el agua, pero admitió que promueve medidas de recuperación de costos.
Los municipios y las compañías privadas de agua apoyan el uso de los medidores porque, según ellos, permiten a los consumidores controlar el uso del agua y mantenerse al día con sus pagos. Además, las empresas pueden descontar sumas atrasadas del monto prepago.
Los medidores resultan eficaces y rentables para las compañías, porque el usuario se queda sin el servicio una vez que consume el agua que pagó.
Pero el impacto en la salud pública de esos aparatos, con frecuencia instalados en comunidades pobres en sustitución de los grifos comunes, puede ser devastador, advirtieron los grupos.
Una investigación realizada por la Red de Servicios Rurales y Desarrollo en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal reveló que las causas de un brote de cólera este año estuvieron vinculadas con el aumento de las tarifas de los usuarios y la instalación de medidores de agua prepaga.
Las ONG sostienen que los medidores obligan a las familias a suspender su consumo de agua potable.
Las empresas que buscan lucrar a partir de un recurso natural nunca crearán un producto o sistema que beneficie a los desfavorecidos, sostuvo Trevor Ngwane, del Foro contra la Privatización de Sudáfrica.
La eficiencia de un lado sólo provoca una carga de gastos por otro, dado que las personas que no pueden pagar agua potable y se enferman por beber agua contaminada causan gastos a la salud pública, arguyó Ngwane.
Sudáfrica se ha convertido en sinónimo de lucha por el agua potable y contra los medidores, en especial en municipios de los alrededores de Johannesburgo, Durban y otras grandes ciudades. Los medidores son comunes en Thabanchu, Mossel Bay, Ladismith y Ciudad del Cabo.
Activistas de los grupos Public Citizen, Consejo de Canadienses, Instituto Polaris, Cierra Club, Foro contra la Privatización y el Centro Integrado de Desarrollo Social (Isodec) visitaron municipios donde a muchas personas les cortaron el servicio de agua y electricidad.
El corte de servicios provoca frecuentes protestas de usuarios indignados que queman neumáticos o arman barricadas, y la policía responde con balas de goma y gases lacrimógenos.
Los medidores de agua prepaga fueron declarados ilegales en Gran Bretaña en 1998, luego del descubrimiento de la relación entre cortes de agua y el aumento de casos de disentería y otras enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada.
Sin embargo, la firma británica Atlantic Meters fabrica y vende esos medidores a gobiernos y empresas privadas de países en desarrollo. Otras compañías que comercializan medidores son Conlog y Meinecke.
En los últimos meses, esas empresas firmaron nuevos contratos en Brasil, Namibia, Tanzania, Nigeria, Swazilandia y Curaçao. (FIN/IPS/tra-en/em/ml/mlm/he-dv/02
