Trabajadores de fincas bananeras de América Central se movilizan para exigir indemnizaciones por las secuelas sanitarias del uso del plaguicida nemagón, introducido en la región hace casi 40 años.
Esto es un crimen de lesa humanidad, dijo a Tierramérica Victorino Espinales, campesino nicaragüense de 48 años, quien es el portavoz de 7.000 compatriotas con presuntas secuelas del nemagón, un temible plaguicida que se usó ampliamente en las fincas bananeras de América Central en los años 60 y 70.
El nemagón, cuyo principio activo es el dibromocloropropano (DBCP), se utilizó para combatir plagas que atacan al banano, uno de los principales rubros de exportación de la región.
Pero, según los campesinos, el plaguicida no sólo terminó con los insectos, sino con la salud de hombres, mujeres y niños que trabajaban o vivían cerca de las plantaciones de banano en todo el istmo.
Diversas secuelas, entre ellas esterilidad y cáncer, se atribuyen al contaminante, según Espinales, presidente de la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el nemagón y fumazone, otro nombre comercial del DBCP.
Campesinos de fincas bananeras de Costa Rica y Nicaragua se lanzaron a las calles en las últimas semanas reclamando indemnizaciones a compañías de Estados Unidos. Varias decenas de litigios están en marcha en tribunales centroamericanos y estadounidenses.
En el banquillo están Dow Chemical, Occidental Chemical Company y Shell Oil Company, fabricantes del nemagón, y Del Monte Corporation International, Standard Fruit Company, Dole Limited Company y Chiquita Brands, las transnacionales bananeras que aplicaron el producto en las plantaciones.
Según Espinales, durante años las empresas litigadas vendieron o utilizaron el plaguicida a sabiendas de que era dañino. En efecto, los primeros estudios confidenciales sobre los efectos del DBCP fueron efectuados en 1958, por encargo de Dow Chemical y Shell.
Debido a su volatilidad y persistencia, la sustancia provocó lesiones en los trabajadores de las fincas y en las familias que vivían en comunidades aledañas, alegan los demandantes. Sólo en Nicaragua, habría 110.000 afectados directos e indirectos.
Este es un ejemplo de cómo los plaguicidas pueden dañar la salud pública, dijo a Tierramérica la microbióloga Ana Ramírez, de Costa Rica.
A comienzos de los años 80, Ramírez llevó a cabo un estudio que logró vincular el aumento de problemas de esterilidad ante mayor tiempo de exposición al nemagón.
El DBCP es una sustancia altamente reactiva que choca contra las moléculas de ADN y puede ocasionar mutaciones genéticas, según Ramírez. Cuando esas alteraciones se producen en células sexuales, se manifiestan daños reproductivos o esterilidad, cuando ocurren en otras células, pueden desatar cáncer.
En 1977 se descubrieron varios casos de esterilidad en trabajadores de una de las fábricas de DBCP en California, Estados Unidos. Una investigación estadounidense con conejos, publicada en 1980, reveló que la exposición al DBCP producía atrofia parcial o total de espermatozoides y testículos.
Estas conclusiones son muy parecidas a las que arribó Ramírez en Costa Rica, aunque ella estudió a humanos expuestos.
El nemagón fue retirado de Estados Unidos en 1979 por la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA), que argumentó los efectos tóxicos del plaguicida en los cromosomas, así como su persistencia en el ambiente y su capacidad de contaminar el aire y el agua. Costa Rica lo prohibió en 1978.
Pero, según los sindicatos de trabajadores bananeros, en muchos sitios de América Central el nemagón se siguió utilizando durante los años 80, y las compañías enterraron grandes recipientes con el veneno, cuyos efectos contaminantes continúan.
Las mujeres centroamericanas afectadas por el nemagón presentan cuadros de abortos frecuentes, cáncer de útero y mamas, dolencias en el hígado y las articulaciones.
En los hombres las secuelas son esterilidad, reducción de peso, pérdida del cabello y manchas en la piel.
Esto es una verdadera tragedia, dijo a Tierramérica el procurador general de Nicaragua, Francisco Fiallos, quien indicó que el Estado nicaragüense dará pleno apoyo a las demandas de los afectados.
En los litigios interpuestos en Nicaragua se establecieron tres categorías de reclamos: 100.000 dólares a cada hombre estéril, 50.000 dólares a quienes padecen problemas severos en sus espermatozoides y 25.000 dólares a víctimas de otras dolencias.
Los afectados que llegaron a acuerdos extrajudiciales recibieron compensaciones de apenas cien dólares.
Sin embargo, advirtió Fiallos, el Estado no puede embargar bienes de las compañías litigadas que se retiraron del país luego de 1979, cuando tomó el poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La vía judicial podría tener más éxito en los tribunales estadounidenses.
El representante local de la compañía bananera Chiquita Brands declinó hacer declaraciones a Tierramérica, señalando que la cuestión es manejada por la sede central de la firma, en Estados Unidos.
*Publicado originalmente el 30 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/Tierramérica/nms/dcl/he/en/02
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