Las autoridades de India dieron permiso a ecologistas para tomar muestras de suelo en la fábrica de plaguicidas de la central ciudad de Bhopal, que hace 18 años fue escenario del peor desastre industrial de la historia.
El jefe del gobierno del central estado de Madhya Pradesh, Digvijay Singh, también permitirá a los activistas realizar tareas para impedir que los tóxicos lleguen a los alrededores, sostuvo el director de asuntos políticos de la organización ambientalista Greenpeace Internacional, Pryaag Joshi.
El escape de 40 toneladas de gas metil-isocianato causó hace 18 años la muerte de 6.500 personas y daños permanentes a la salud de otras 500.000.
La decisión del gobierno estadual fue tomada luego de que las fuerzas de seguridad golpearan el 25 de noviembre a ambientalistas que intentaron ingresar en la fábrica de Bhopal con la finalidad de impedir que las sustancias venenosas aún depositadas allí contaminaran predios vecinos.
Singh ordenó el levantamiento de las acusaciones contra los activistas de la Campaña Internacional por Justicia en Bhopal (ICJB) que fueron violentamente reprimidos el 25 de noviembre al intentar ingresar en la fábrica.
Las instalaciones fueron vendidas en febrero de 2001 por la transnacional estadounidense Union Carbide a la compañía del mismo origen Dow Chemicals.
Apreciamos el gesto de Singh y lo consideramos una medida que ayudará a la campaña para contener a Dow Chemicals y para obtener justicia hacia las víctimas y ciudadanos de Bhopal. Pero esperamos que haya en lo sucesivo acciones reales y puntuales, dijo Joshi este miércoles.
Greenpeace exhibió el martes en Nueva Delhi filmaciones de la represión policial del 25 de noviembre en Bhopal, donde activistas fueron golpeados con bastones y pateados por policías que luego arrestaron a 56 personas, 13 de ellas extranjeras.
La policía también se incautó de equipos utilizados para la contención de tóxicos, lo que impidió a expertos internacionales llevar a cabo sus tareas pacíficas, afirmó Joshi.
El ambientalista atribuyó la represión a la intención del gobierno de proteger los intereses de Dow Chemicals más que a los afectados por el desastre y a los ciudadanos de Bhopal.
Víctimas de la catástrofe ambiental del 3 de diciembre de 1984 y activistas realizaron una manifestación en Bhopal para exigir a Dow Chemicals que asuma la responsabilidad por el estado en que se encuentra la fábrica de pesticidas.
Si Dow Chemicals puede aceptar las instalaciones de Union Carbide, también debe aceptar sus responsabilidades, entre ellas la limpieza de la fábrica y sus alrededores, dijo el representante de ICJB en Mumbai (ex Bombay), Vinod Shetty.
Greenpeace, que ya tomó muestras de suelo, aseguró estar dispuesta a brindar colaboración tecnológica al gobierno de Madhya Pradesh para limpiar el lugar, donde, según expertos, los tóxicos llegaron a las napas de agua.
Científicos aseguraron que el desastre fue originado por la eliminación de unidades de refrigeración, dispuesta por Union Carbide para ahorrar 50 dólares diarios.
El gobierno de India se atribuyó el derecho de representar a las víctimas y presentó, en sustitución de la demanda inicial por una compensación de 15.000 millones de dólares, una querella por 3.000 millones de dólares.
Nueva Delhi y Union Carbide acordaron luego extrajudicialmente una compensación por 470 millones de dólares, nunca aceptada por las organizaciones que reúnen a las víctimas.
El presidente de Union Carbide en el momento de la tragedia, Warren Andersen, estuvo arrestado un corto periodo en Bhopal por homicidio, conspiración y otros graves delitos, junto con otros ejecutivos indios, pero se le permitió regresar a Estados Unidos, donde desapareció.
Pero Greenpeace localizó en agosto a Andersen en la nororiental ciudad estadounidense de Long Island, en el estado de Nueva York.
El hecho de que hayamos podido encontrarlo mientras varias agencias de inteligencia fracasaron demuestra la falta de seriedad del gobierno estadounidense para someterlo a juicio, dijo Joshi.
Por su parte, el gobierno de India pidió al tribunal de Bhopal a cargo del proceso que redujeran las acusaciones contra Andersen a la de mera negligencia, lo cual lo libraría de responsabilidad penal. (FIN/IPS/tra-eng/rdr/ral/mj/en/02
