Acreedores privados del mundo en desarrollo procuran que el Fondo Monetario Internacional (FMI) archive su propuesta de racionalización de la deuda pública de los países con problemas financieros.
El mecanismo de restructura de deuda soberana (SDRM, por sus siglas en inglés) propuesto por el FMI tiene fallas inherentes que podrían desestabilizar la economía mundial, debilitar el flujo de capital a los países en desarrollo y afectar los intereses de los acreedores, advirtieron.
Siete organizaciones de acreedores —entre ellos el Instituto de Finanzas Internacionales, que reúne a cientos de firmas de 60 países, y las asociaciones de Créditos a los Mercados Emergentes, de Accionistas Industriales y de Mercados de Valores— rechazaron el SDRM en una declaración emitida esta semana.
El SDRM, que de aprobarse permitirá a los deudores restructurar sus obligaciones en términos más fáciles de cumplir, impedirá a los acreedores la recuperación de los créditos que otorgaron y alcanzar los beneficios esperados, según la declaración.
La propuesta del FMI, presentada a fines del año pasado luego del colapso de la economía de Argentina, permitiría a los países con problemas de liquidez la restructura de su deuda soberana y declarar, mientras tanto, la suspensión de sus pagos.
El SDRM es la respuesta del FMI a las últimas crisis en los mercados emergentes, que redujeron en todo el mundo la confianza de los inversores y originaron gran volatilidad financiera y una grave caída de la producción.
Las crisis tuvieron como factor agravante la recurrente apelación a la emisión de bonos públicos, medio de obtención de capital preferida en la última década por los países en desarrollo frente a los créditos bancarios. Eso diversificó el mercado de créditos, pero aumentó el riesgo de los prestamistas.
La subdirectora gerente del FMI, Ann Krueger, autora de la iniciativa del SDRM, utilizó como base para su fórmula los procedimientos legales de quiebra vigentes en Estados Unidos, que tienden a reducir la cantidad de crisis y los problemas económicos asociados con la suspensión de pagos de las deudas.
El plan aliviaría la presión tanto sobre los deudores como sobre los acreedores y el FMI, que tradicionalmente ha ayudado a los gobiernos en sus pagos a los tenedores privados de títulos de deuda pública.
Las últimas tendencias de financiación del Estado llevó a que una parte sustancial de la deuda de los mercados emergentes esté hoy en manos de tenedores de bonos.
El plan del FMI implicaría que una mayoría de los tenedores de bonos de deuda pública podrían decidir la restructura de los créditos e imponer esa voluntad a los restantes que, en las circunstancias actuales, podrían reclamar el pago total ante tribunales del Norte industrializado.
Según el sistema propuesto, un país podría, incluso, declarar una suspensión de pagos, lo cual abriría un periodo durante el cual el FMI ayudaría al gobierno a diseñar un plan económico para recuperar la solvencia.
El Grupo de los Siete países más industrializados del mundo dio en septiembre su apoyo al FMI para que afinara los detalles del SDRM. Se prevé que el Banco Mundial y el FMI consolidarán la propuesta en su reunión semestral, en abril, pero que pasarán dos o tres años antes de que el mecanismo se aplique.
Pero las organizaciones de deudores privados advirtieron el martes que ningún cambio en ningún aspecto específico del SDRM alterará las serias preocupaciones que les origina la propuesta.
Los inversores privados aceptan la responsabilidad por sus decisiones de inversión y de crédito y no procuran que ninguna organización oficial cubra las posibles pérdidas, sostuvieron, en alusión al FMI.
La declaración no deja claro si eso significa que los inversores rechazarán eventuales mecanismos de asistencia financiera a los tenedores de bonos o si, simplemente, quieren que continúen operando los mecanismos habituales.
Las organizaciones de deudores ya notificaron de su rechazo al SDRM a los ministros de Finanzas del Grupo de los 10 países más poderosos del mundo, que controlan el FMI y que apoyan la propuesta de Krueger.
Asimismo, indicaron que la iniciativa tuvo un efecto negativo en el flujo de capital privado al mundo en desarrollo, que pasa por uno de sus peores momentos en 10 años.
Por otra parte, afirmaron que sus críticas son compartidas por funcionarios de los países emergentes, y advirtieron que, de implementarse, el mecanismo elevará el costo del crédito y debilitará el flujo de capital a los países pobres.
Por eso, afirmaron, la propuesta sería contraproducente, pues la analogía entre el SDRM y la legislación estadounidense sobre quiebras de empresas es fundamentalmente errónea.
Mientras las compañías privadas están sometidas a la jurisdicción de un tribunal de quiebras, los tenedores de deuda soberana no estarán, bajo el SDRM, sometidos a los pesos y contrapesos apropiados que legitiman ese sistema y lo hacen justo y efectivo, afirmaron.
Sin embargo, afirmaron no oponerse necesariamente a las cláusulas de acción colectiva, y propusieron un nuevo código mundial de conducta para el manejo de crisis.
Ese código alentaría la colaboración entre todos los actores financieros de los mercados emergentes, incluidos el FMI, los deudores y los acrededores, y tendría entre sus finalidades la temprana resolución de los problemas financieros, antes de se vuelvan inmanejables y determinen la suspensión de pagos. (FIN/IPS/tra-eng/em/ml/mj/if dv/02
